La NEGRA EDITH, hoy físicamente ya no esta.. pero muchos compartimos momentos charlas, dolores, tristezas, y charlas de contención por la discriminacion que hay hacia las personas que viven con VIH y USUARIAS de DROGAS.
No vamos de hablar de lo que sufrió hasta lo ultimo, como amenazas, apremios, degradación por su enfermedad en Salta, ETC.
Queremos decir... que ELLA AMO LA VIDA, AMO SU LUCHA, PELEO POR LA DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS, LUCHO POR LA DISCRIMINACIÓN DE LOS USUARIOS DE DROGAS COMO EMPÍRICA,LUCHO POR LA MARIHUANA MEDICINAL, LUCHO POR LAS MUJERES QUE VIVEN CON VIH...
Y QUE MEJOR CERRAR LOS OJOS EN SU DIA DE LUCHA POR EL VIH-SIDA, AYER...
Personalmente me ayudo a comenzar una carrera derecho. me insentivo a que hagamos un espacio que dejo JAVIER - RARUSy que convoco a varios
activistas de argentina para que podamos hacer un espacio transversal de lucha sobre los usarios de droga y no de poder individual.
Por eso mas alla que la esperamos en buenos aires del 30 al 3 de diciembre, y sabiendo cada dia que esperamos una luz de mejoramiento ya que no se queria operar, prefirio las medicinas alternativas... Vamos a seguir con las enseñanzas que nos dejo, y su forma de ver la vida...
GRACIAS!!! porque nos enseñastes mucho, hasta ver diferente la vida
A
principios de los 90, Edith Moreno ya sabía lo que hoy enseña cualquier
folleto: el HIV no se trasmite por practicar deportes. Además, volver
al Hockey a los 28 era la oportunidad de recuperar, en parte, el estado
físico de antaño. Por eso aceptó unirse al equipo de veteranas, se puso
a entrenar y salió a la cancha como cuando era adolescente.
En
uno de los partidos le tocó cambiar de posición. Por lo general, la
jugadora de adelante se cubría de los bochazos con el palo y después
venía ella, ágil y segura, pero a resguardo de posibles golpes. El
cambio la confundió y no llegó a levantar el palo para protegerse: la
bocha le surcó el pómulo como una daga. Antes del dolor sintió brotar
la sangre. Se sentó en el piso. Estaba mareada y casi no podía hablar.
El remolino a su alrededor la desconcertó, pero le quedaron fuerzas
para rechazar a quienes intentaban ayudarla, como si fueran el diablo
en persona. En el Hockey lo que más se lastiman son las manos. Edith
sabía eso, y le daba pánico. Una compañera decodificó el mensaje de su
miedo. La miró a los ojos y le dijo:
-Loca, tengo las manos sanas. Dejá que te ayude.
Mientras
la subían a la ambulancia, vino la parte difícil: explicar porqué era
importante, casi de vida o muerte, llevarse la mochila que había dejado
en el vestuario. No fuera cosa, pensaba Edith, que se perdieran los 150
gramos de faso que habían comprado entre varios amigos y que ella
estaba encargada de repartir.
Pasaron más de diez años de
aquella anécdota. Edith se convirtió una militante de la reducción de
daños para usuarios de drogas, fundó una ONG contra el SIDA y da
charlas ante cientos de personas. A mediados de abril estuvo en Buenos
Aires para participar de un congreso sobre HIV. Fue la excusa perfecta
para conocerla. Quedamos en encontrarnos en el bar Rara, en San Telmo.
Llegué a las seis, como habíamos acordado, pero Edith confundió el
horario y ya se había ido. El mozo, acostumbrado a que mis encuentros
honren el nombre del bar, me anunció: -Hace un rato te buscaba una piba chorra. Parece que se enojó porque no llegabas y se fue.
Córdoba era una fiesta
Vestida
con una camiseta de la selección, morena y fornida aunque de baja
estatura, la Negra Edith llamó la atención de los parroquianos. El
atuendo futbolero suele convertir a su portador en sospechoso. Lo sé
por experiencia propia, y la Negra lo aprendió enseguida: antes de
llegar la paró la policía en Plaza Dorrego. La acusaban de robarle a un
artesano al que le había preguntado un precio. Cuando por fin nos
encontramos, ella estaba más indignada con el falso hippie que con los
hombres de la ley:
-Por culpa del paranoico ese me revisaron de
arriba abajo. Decí que un rato antes había quemado la última tuca, sino
capaz que hasta me llevaban por tenencia y todo.
Le conté mi
teoría sobre la ropa de fútbol, y se rió con ganas. Para ella la ropa
deportiva no es más que eso: ropa para hacer deporte. Edith pertenece a
otra generación: la que estuvo en la calle a la salida de la dictadura,
cuando los códigos del asfalto eran otros. Para ubicarla en el tiempo,
hay un dato clave: empezó a consumir drogas en la época que algunos
llamaron “destape” o “primavera democrática”. Un tiempo en el que
Córdoba, su ciudad natal, era una fiesta, con un nuevo baile cada
semana: el de disfraces, el de los sombreros, el de los cocineros. A
Edith todavía le brillan los ojos al recordar: “Éramos tres amigas y
toda una banda de chabones. Te hablo del 85 hasta el 88. Fueron pocos
años, pero nos divertimos mucho. Y así quedamos”.
A fines de los
80’ alguien prendió la luz. Era brillante, mucho más dura que las que
se encienden en cualquier final de fiesta. El galpón donde bailaban se
había convertido en gallinero, y quienes no agacharon la cabeza para
comer y poner huevos, fueron marcados a fuego. Edith lo resume bien:
-Yo
era usuaria de drogas inyectables. Fui muy adicta a la cocaína. Tengo
la certeza de que mi HIV lo adquirí así, por vía intravenosa. Una
vuelta me agarré una sobredosis de cocaína y estuve tres días en coma.
Yo zafé, pero a muchos se les apagó el televisor. De la mayoría que nos
infectamos, todos del mismo círculo, quedamos vivos cuatro o cinco.
Salir del placard
Ella
lo descubrió en 1990, a los 24 años. En la clínica donde trabajaba
ofrecieron análisis gratis, y el suyo dio positivo. Por entonces, HIV
era sinónimo de muerte. De esos días recuerda la bronca del padre, que
no quería creer, que pensaba que todo era una excusa para conseguir
dinero y comprar drogas. Más tarde, cuando Edith narre la actitud de su
madre ―que al recibir la noticia se llevó la mano a la boca y
retrocedió espantada― se descubrirá otra faceta suya. Si durante toda
la charla la Negra parece un marinero que muestra sus cicatrices con
cierto orgullo resignado, al hablar de ella se le quebrará la voz y
brotarán algunas lágrimas. Su madre es la boya a la que se aferra para
mantenerse a flote.
En el viaje de la Negra también hay amores.
“Quién esté conmigo”, se dijo a sí misma al descubrir que tenía el
virus, “se va a tener que bancar lo que soy ”. En 1998 conoció a esa
persona, hoy su ex pareja. Con él aprendió a aceptar su enfermedad.
Juntos dieron charlas y recorrieron el interior de Córdoba. Iban a las
escuelas, proyectaban un video, debatían y al final explicaban ―como
remate de su intervención― que eran portadores de HIV.
En ese
trajín fundaron una ONG: la UCONSI, Unidos contra el SIDA. Allí, Edith
decidió investigar la interacción entre las drogas y el HIV. En
especial, la relación entre la marihuana y el cóctel de pastillas
diario que ingieren los portadores, un terreno inexplorado para la
medicina cordobesa:
- El tema me llevó tres años, y recién en el
último congreso del que participé hubo un taller sobre drogas, donde la
conclusión fue que la marihuana es la única que ayuda a los chicos a
tomar la medicación, porque te abre el apetito y te pone de buen humor.
Pero los médicos no saben nada de eso.
Ella misma fumaba a
escondidas en los pasillos del hospital donde trabajaba. Al principio
le daba miedo que la descubrieran, pero con el tiempo se soltó y empezó
a importarle menos. Nunca imaginó que algún día le iba a tocar hacerlo
desde el otro lado del mostrador.
Las guerras del alma
Para
la medicina es el recuerdo del dolor de nuestros antepasados: lo llaman
memoria genética. Es un mecanismo que traemos desde la cuna y nadie
sabe cómo se detona. Un día parte de nuestras células reciben la orden
de reproducirse sin control, y esa hiperactividad termina por
destrozarnos. A Edith le dijeron eso, pero le parece una definición
sospechosa. Ni siquiera que su padre y abuelos hayan muerto de cáncer,
y que su madre le esté dando pelea, alcanza para aceptar esa
explicación. Para ella, la enfermedad nace de lo espiritual y el cuerpo
la traduce a su idioma de autodestrucción.
A los 38, hace tres
años, le detectaron un tumor maligno en el cuello del útero. Edith
pensó en eso: qué estaba mal en su mente para que su cuerpo se rebele
así. Los médicos diagnosticaron que moriría pronto, pero no se entregó.
Con
el cáncer, uno de los grandes temas es la quimioterapia. El tratamiento
bombardea al organismo con químicos que matan cualquier célula que se
reproduzca con rapidez. Eso implica efectos colaterales: caída de pelo,
fatiga, mala coagulación en la sangre, infecciones, vómitos y mareos.
La Negra lo sabía, y se preparó. Antes de ir al hospital se afeitó los
rulos y se probó una peluca. No funcionó, y entró a la internación
pelada.
A la noche, mientras los químicos entraban por las venas
del brazo, abrió la ventana de la habitación y prendió un porro. Fumó
mirando la luna, sin culpas, como cuando trabajaba en el hospital. No
se lo dijo a nadie, aunque algo la delató: fue la única en toda la sala
de oncología que comió y no se puso a vomitar. Así pasó su primera
internación.
En el último año el cáncer desapareció del útero,
pero atacó en un pulmón. La orden médica fue tajante: prohibido fumar.
Parecía el momento de agachar la cabeza y entregarse a las náuseas y el
dolor de la medicina oficial. Pero no. Veterana de tantas peleas, la
Negra consiguió un vaporizador y convenció a los enfermeros para que
mirasen para otro lado. Los médicos se volvieron a sorprender de su
apetito y buen humor. En silencio, el consumo de marihuana es algo que
muchos oncólogos aceptan como beneficioso para sus pacientes. Pero eso
no alcanzó para que la terapia de Edith saliera de la clandestinidad:
-Cuando
había gente me iba con el suero y el ‘vapo’ al baño. A una compañera de
habitación le dije que era un nebulizador con unos yuyos que habían
traído de Brasil, y a mi familia que era perejil chino. Hasta les gustó
el olor. Las guerras del cuerpo Nuestro segundo encuentro fue un
día de lluvia en el mismo lugar. Faltaban conversar algunos temas y
tomar fotografías. La Negra llegó tarde de nuevo, pero esta vez tenía
una buena excusa: cualquier resfrío le puede generar un problema grave,
y el cambio climático de Buenos Aires es un asesino serial de la salud.
Al entrar al bar, hizo notar que había cambiado el look. Alertada sobre
lo que aquí es considerado un uniforme delincuente, cambió la ropa de
fútbol por un buzo naranja y un abrigo azul. La capucha sobre sus
rasgos morenos la hacía parecer una cantante de hip hop. Pero la Edith
la usa para cubrirse la cabeza: tiene el pelo corto y pronto, cuando
vuelva a la quimioterapia, se pelará otra vez.
Todavía quedan
restos del tumor en los pulmones. Ella lo sintió al salir del hospital
y los análisis lo confirmaron: el cáncer sigue vivo, a pesar del
bombardeo tóxico con el que intentaron destruirlo. Lo mismo pasa con el
HIV: simula dormir, pero es un engaño. La Negra Edith lo sabe. “Tengo
los soldados buenos y los malos, todo adentro mío”, dice. Los
antirretrovirales hicieron que se volviera casi indetectable en la
sangre. Parece que no está, aunque, advierte que “se refugió en los
ganglios, en el sistema linfático, hasta que haga un bajón de defensas
y vuelva a la carga”.
Es una guerra larga, y la Negra Edith está
preparada. Cambió sus hábitos de sueño, suspendió las salidas nocturnas
y se alimenta sano. También convenció a parte de su familia de las
bondades del THC, y gracias a ello se puede dar el lujo de vaporizar
sólo marihuana casera, ahorrando la exposición a los tóxicos que trae
el faso prensado. En ese viaje, revolucionó la relación con su madre:
-Ella
entendió la diferencia entre drogas duras y drogas blandas, y que la
marihuana me hacía bien. A veces, cuando no tengo mucho faso para el
vapo, tengo que armar un porro, y ella se queda en la habitación
charlando conmigo. Yo le digo que se vaya, que le va a hacer mal, pero
insiste en que no pasa nada. Después anda por toda la casa buscando
cosas dulces para comer. Y se caga de risa.
Mientras se
escriben estas líneas, Edith está en una cama de hospital. Le esperan
varios días quimioterapia. El cronista no deja de imaginarla: pelada,
tan linda y morena contra el blanco de la sala de oncología. Allí, uno
puede ver sus ojos negros, sus labios gruesos sobre el tubo
transparente del vaporizador, exhalando un humo suave, casi ritual. De
seguro esgrime su sonrisa franca, serena. Una risa guerrera, que
desafía a los que quieren tomar el control de su cuerpo y de su alma.
(artículo y fotos aparecidos en el último número de la revista THC)
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA - FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA
INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE PRISIONES
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE PRISIONES
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--- El mié 2-dic-09, Federico Parodi <federicoparodi03@ yahoo.com. ar> escribió:
De: Federico Parodi <federicoparodi03@ yahoo.com. ar> Asunto: [tresunos_arg] UNA TRISTE NOTICIA... Para: tresunos_arg@ gruposyahoo. com.ar Fecha: miércoles, 2 de diciembre de
2009, 12:00 pm
Desde la Red Argentina de Personas con vih compartimos esta triste noticia, muchos de ustedes como nosotros tuvimos la gran suerte de tenerla como amiga y compañera.
La extrañaremos. ...
Federico
--- El mié 2-dic-09, Francisco Mattos <corsihcordoba04@ yahoo.com. ar> escribió:
Estimados compañeros y compañeras, con mucho dolor cumplo en comunicarles que el día 01 de Diciembre "Día Internacional de Lucha Contra el SIDA" a dejado de existir
nuestra compañera, de muchas luchas, EDITH MORENO (La Negra)...
Córdoba llora la irreparable pérdida... y eleva una oración para que sea calma su nueva morada junto a todos aquellos que, como ella, ya no están, y no dudaron un instante en alzar su vos y su espíritu guerrero en defenza de los derechos básicos e inalienables de las personas y supieron dejarnos valores y herramientas para que continuemos la batalla, aún en sus ausencias y llorando nuestros urbanos dolores...
Francisco A. Mattos
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Grupo de Mujeres de la Argentina, Observatorio de encierro han participado desde sus millas de vuelo a la audiencia ante
la CIDH - en washinton, lamentablemente Victor A Garros, Miriam Rojas, Dr Casolti, no han podido viajar por problemas de
tramites para el viaje. Pero desde el gobierno viajaron 6 personas de Cansilleria, de la Secratia de Derechos Humanos de la Nacion.
GMA en los 20 minutos de exposicion, ha expuesto la situacion de menores en encierro, perpetuas, mala praxis, malversacion de fondos, muertes dudosas, tortura caso Torres denunciado por el Observatorio de Rio negro, violencia denunciado por CTC de rosario,
entre otros casos que han sido reflejados en 600 paginas de informe entregado en esa audiencia.
Solo los 20 minutos de exposicion de gobierno, informaron de la poca informacion que tenian para poder decir lo que
hace el Estado en Argentina, mas alla que han dado datos sobre los programas que hoy se estan implementando
solo desde el Sistema Federal.
Fue lamentable la respuesta pero hasta el mismo peticionando entendio que las personas que habian ido a la audiencia
no sabian nada sobre la situacion que hoy esta en los medios publicos y en la sociedad, sobre la situacion de hospital borda
hospital moyano, malversacion de fondos, mala praxis, y la muerte de Yoel. Implementacion del Protocolo facultativo contra la tortura
lo que hasta ahora la camara de diputados esta analisando.
Aqui adjuntamos el audio de la audiencia para tener mas informacion sobre la misma
la CIDH espera mas datos y respuesta del gobierno, a esta situacion critica que se ha expuesto desde Argentina.
SALUDOS
Martha Miravete Cicero Stella Maris Ortega Victor Garros
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA - FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE PRISIONES OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE PRISIONES OBSERVATORIO LATINOAMERICANO AIDS AND AID - PF ARG WEB: www.grupodemujeres.org.ar WEB: www.proyintrapostmuros.com.ar TEL/FAX: 54-11-4362-6881 nextel radio: 54*586*2113 E.mail:grupomujeresdelargentina@... salsavidaysalud@...
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El Grupo de Mujeres de la Argentina, les invita a participar con el Apoyo de la Comision de Derechos Humanos y Garantias del Senado de la Nacion, a la Jornada que realizara el dia 23 de Octubre donde organizaciones invitadas daran a esta Comision sus informes sobre la realidad de encierro en Argentina.
GMA presentara estos informes tambien en la audiencia que tendra el dia 27 de Octubre ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos, como tambien presentara OPCAT y Buenas Practicas Penitenciarias.
En este encuentro tambin se entregar
reconocimientos a personajes del mbito artstico que colaboran con sus
acciones y compromiso en la concientizacin en la poblacin de estas temticas
que nos ataen a todos.
Cronograma de actividades:
14:30 hs Acreditaciones
15:00 hs Palabras de apertura a cargo de
la Sra. Martha
I. Miravete Cicero
MESA 1
15:10 hs Monitore en las fuerzas de
seguridad. Expone Dr. Gustavo Bogun (Abogado/Psiclogo)
15:20 hs Democratizacin en las
Fuerzas. Expone Roberto Yasi (Bioqumico)
15:30 hs Hospitales Mentales y el
encierro. Expone Lic. Stella Maris Ortega
15:40 hs VIH/SIDA en encierro de
Hospitales Mentales Expone Vctor A. Garras (Promotor deSalud)
MESA 2
16:00 hs VIH/SIDA y el activismo
mundial. Expone Oscar Duque Fudein Venezuela
16:10 hs Mujeres madres en el encierro
y
M Rojas
16:20 hsRealidad en encierro Dr Juan Manuel
Casolatti
16:30 hsCalidad de Vida en el encierro una deuda
pendiente del medio ambiente.
17:00 hsInforme Coordinadora en Trabajos en Crceles CTC. Exponente Dr.
Carmen Maidagan
17:10 hsInformes- Centro de Estudios en Poltica Criminal y Derechos Humanos
CEPOC- Expone Dr. Claudia Cesorani
17:20 hsInformes- Asoc. Por los Derechos de la Infancia. Expone
Norma Pulido
17:30 hsInformes Comisin de la
Memoria . Expone Dr. Roberto Flix Cipriano
Garca
18:00 hs Entrega de diplomas, menciones
especiales y coctel
Martha Miravete Cicero
Stella Maris Ortega
Victor Garros
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GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA – FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA -ONGintegrante del Comité ONUSIDA sobre Cárceles y VIH Cono Sur, PF de Argentina del Observatorio Latinoamericano de AidforAids, ONGs adviser de Argentina en la elaboración de los informes UNGASS VIH – ONU – Junio 2008, participante del foro de ONGs de la Cumbre de la Américas OEA y grupo de familiares- mediante dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de las/los DEFENSORAS/ES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS, Resolución AG/RES. Nº 1818, aprobada en el trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, siente preocupación porque que se encuentran viviendo jóvenes adultos en unidades penitenciarias, lugares de encierro de Argentina.
Les estamos remitiendo un pedido de Acción Urgente sobre los últimos hechos ocurridos en el Complejo Penitenciario Federal nº 1, sito en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; en dependencias del modulo nº 4 destinado al alojamiento de jóvenes adultos, debido a la violenta requisa realizada por personal de turno del Servicio Penitenciario Federal cuyo resultado fue eldesalojo del pabellón A de conducta y la sectorización de los detenidos.
DENUNCIA
A la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos, con el apoyo de ONGs de Derechos Humanos de la Región:
ACCION URGENTE: POR ACTOS DE MALTRATO Y TORTURA HACIA JOVENES ADULTOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL Nº 1, SITO EN LA LOCALIDAD DE EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE SECTORIZACIÓN DE LOS MISMOS Y SANCIONES COLECTIVAS LESIVAS DEL ORDENAMIENTO VIGENTE (ART. 75 INC 22 DE LA CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA.)
Cristina FernándezIng. Julio Cobo
Presidente de la Nación Vicepresidente de la Nación
Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal-Dr. Alejandro E. MARAMBIO
Santiago Cantón LouiseArbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA – FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA solicita su intervención urgente ante los ACTOS DE MALTRATO Y TORTURA HACIA JOVENES ADULTOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL Nº 1, SITO EN LA LOCALIDAD DE EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HECHOS
En el Complejo Penitenciario Federal nº 1, sito en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires; en dependencias del modulo nº 4 se produjo recientemente una violenta requisa por parte de miembros del Servicio Penitenciario Federal (responsable de la guarda judicial de todos los detenidos procesados o condenados por tribunales federales y por otros tribunales provinciales), quienes haciendo gala de un notable desprecio por la integridad psicofísica de los jóvenes adultos (18 a 21 años) alojados en el pabellón "A", fueron trasladados mediante el uso de golpizas generalizadas e innecesarias, al pabellón D de "sancionados".
Este cuestionable accionar dejó un saldo de 14 jóvenes menores adultos que han sido salvajemente golpeados y torturados, algunos con lesiones considerables como narices rotas; oídos contracturados y sin audición; manos, torsos, cinturas y tobillos golpeados salvajemente; todo ello de lo cual da fe el informe elaborado por el médico forense actuante.
Algunos de estos jóvenes (lesionados) fueron alojados en el HPC(unidad hospitalaria) de ese Complejo Penitenciario, sin que las autoridades penitenciarias hayan proveído de información alguna sobre su estado de salud, como ya es común en la historia penitenciaria argentina que ostenta un alto índice de desapariciones y muertes en situación dudosa que esta ONG denuncia en forma permanente ante Organismos nacionales e internacionales.
Como consecuencia de esta delicada situación, la Institución GMA integrante del Observatorio de Encierro y Prisiones y del OLAP, con el concurso de algunas madres y familiares que en una muestra de humanidad y coraje están dispuestos a enfrentar al sistema de violencia intramuros institucionalizado en el modelo penitenciario argentino; y haciendo uso del derecho constitucional del Habeas Corpus el día 16 de Junio pmo. pasado se ha presentado un reclamo por esa vía ante el Juzgado de turno de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Alberto Patricio Santa Marina, correspondiéndole el nº 6189 del inventario de ese estadio judicial.
Estos hechos que se vienen produciendo en un estado de derecho como el nuestro, son de una llamativa constancia y frecuencia, y las autoridades con injerencia en el tema, (las administrativas, judiciales y legislativas) permanecen indiferentes a los mismos sin tomar medidas (aún habiendo sido puestos en conocimiento de estas irregularidades), que eviten los tratos degradantes y las situaciones de tortura producidos a la fecha en todos aquellos contextos de encierro.
En este caso particular no sólo denunciamos la golpiza, los vejámenes y apremios a los menores adultos en cuestión; sino también el agravante que representan las amenazas de las que han sido objeto estos jóvenes por parte de los agentes penitenciarios para evitar que los denuncien por las citadas atrocidades, sino que también cuestionamos las medidas internas adoptadas como por ejemplo la sectorización, el aislamiento, la provista de comida incomible, la falta de medicación y asistencia médica, el recreo de una hora diaria por veintitrés de "engome", la restricción de cinco minutos diarios para comunicarse telefónicamente con los familiares, la quita de visitas de familiares, la incentivación de las peleas internas por la introducción de elementos altamente disociantes, la cooptación del derecho a trabajar y a estudiar, la tortura y persecución psicológica, la pérdida de afectos, la destrucción de la autoestima; en definitiva reprochamos todas estas situaciones propias de un genocidio encubierto producto de una política de estado simétricamente opuesta a las resoluciones y recomendaciones de los Organismos Internacionales, a los cuales está sujeta la República Argentina como estado miembro.
También reprochamos la actitud de los juzgados intervinientes en las causas de estos jóvenes adultos, pues los mismos no han actuado con la celeridad que el caso requiere, ignorando en su mayoría las causas y consecuencias actuales de estos reiterados y lamentables hechos, incluso para ellos es irrelevante si aquellos han sido sancionados y sectorizados, o peor aún, si han sufrido lesiones y la gravedad de las mismas.
La organización civil GMA se encuentra realizando un seguimiento internacional de algunos de los casos de estos menores adultos, tales como los emblemáticos casos de condenas a "cadena perpetua" a los mismos, por los cuales el estado argentino está siendo cuestionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – reiterado esto el 14 de marzo del corriente año INFORME Nº 26/08; razón por la que intentamos que los mismos tengan la debida protección internacional de sus derechos, pues a la fecha, las autoridades y estadios nacionales involucrados no han logrado que el Comité y la Mesa de Diálogo sobre Tortura, hayan resuelto algún dictamen favorable para estas personas privadas de libertad.
Ad referéndum de lo expuesto, y a pesar de los abusos cometidos y los que se investigan actualmente, no tenemos evidencia de que algún funcionario involucrado en estos deplorables hechos contrarios a derecho, haya sido investigado y procesado aún en vigencia de las instituciones y de los Pactos y Tratados Internacionales a los cuales está sujeta la República Argentina.
ANTECEDENTES
Hay 270 internos cuyas edades oscilan entre los 18 y 21 años, alojados en el Módulo IV, y extrañamente el 80 % aproximadamente de dicha población no tiene condena. Viven en un estado cercano a la indefensión por la falta de contacto presencial con los defensores sean estos oficiales o particulares, lo que aleja a los mismos de los derechos que les corresponden como personas humanas, con el agravante de que esta situación los impulsa a un desconocimiento apreciable de su situación procesal.
Debido a la situación económica actual en Argentina, no reciben muchas visitas familiares, como tampoco existen programas de ayuda para que no se pierda la vinculación familiar. Esto se refleja en la ausencia de medios de transporte público con tarifas accesibles para el grupo familiar u otras alternativas favorables. Sus familiares viven lejos del penal, algunos son padres de familia, mas allá de la edad que tienen, deben realizar extensos trámites administrativos para ver a sus hijos y esposas/ novias.
En el módulo IV, hay varios ejemplos de irregularidades por parte de la Justicia, entre ellos las condenas a cadena perpetua a menores adultos, "que ni al más torturador de la época del proceso le han dado esa condena"; pero a ellos no les cabe pues son jóvenes adultos de la Pobreza…
No es la primera vez que sucede esta situación de violencia en este Módulo, a raíz de ello, varias quejas de familiares han llegado a nuestra institución
No sorprende que se reiteren dichos hechos como el que sucedió el domingo 26 de Agosto del 2007, se había vivido un mal momento en el Modulo 4 de menores del Complejo nº 1 de Ezeiza. Como siempre la requisa y la guardia de ese día, realizó actos de violencia contra la población de jóvenes adultos del modulo 4 pabellón D esa unidad, por haber reclamado la mala atención y trato a sus familiares en el día de visita, 27 menores fueron sancionados y lesionados sin recibir atención médica, ya que el médico del módulo solo atiende la huelga de hambre de "los referentes de la agrupación política QUEBRACHO". La justificación del sistema era que estas personas (presos políticos) eran mejor que estén allí que en otro módulo de adultos.
Actualmente estos jóvenes se encuentran sancionados colectivamente cuando nuestro ordenamiento penal prohíbe expresamente tales medidas, además es notoria la situación de agravamiento de las condiciones de detención de estos menores adultos debido a que dentro de la infraestructura de encierro Nacional no existen instalaciones diferenciadas que permitan recuperar estos menores adultos para su vuelta a la sociedad.
Se incumple entonces con lo dispuesto por la resolución 1/08 de la CIDH.La que dice:
RESOLUCIÓN 1/08 - Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; dice:…"TENIENDO DEBIDAMENTE EN CUENTA los principios y las disposiciones contenidos en los siguientes instrumentos internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Opcional; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos Adicionales de 1977; Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder;
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el mejoramiento de la atención de la Salud Mental; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio); y en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables en las Américas.
PRINCIPIOS GENERALES- Principio I- Trato humano
Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.
No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad.
Petición y respuesta- Principio VII
Las personas privadas de libertad tendrán el derecho de petición individual o colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades judiciales, administrativas y de otra índole. Este derecho podrá ser ejercido por terceras personas u organizaciones, de conformidad con la ley.
Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, denuncias o quejas ante las autoridades competentes, y recibir una pronta respuesta dentro de un plazo razonable. También comprende el derecho de solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación procesal y sobre el cómputo de la pena, en su caso.
Las personas privadas de libertad también tendrán derecho a presentar denuncias, peticiones o quejas ante las instituciones nacionales de derechos humanos; ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y ante las demás instancias internacionales competentes, conforme a los requisitos establecidos en el derecho interno y el derecho internacional.
ADOPTA los siguientes PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26) - Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ciudad de Washington D.C., a los 13 días del mes de marzo de 2008. (Firmado): Paolo Carozza, Presidente; Luz Patricia Mejía1, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Comisionados: Florentín Meléndez, Clare K. Roberts y Víctor Abramovich…"
PETICIÓN
Adjunto mas informacion
Martha Miravete Cicero
Stella Maris Ortega
Victor Garros
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA - FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA
INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE PRISIONES
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE PRISIONES
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO AIDS AND AID - PF ARG
WEB: www.grupodemujeres.org.ar
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RED INTRA-POSTMUROS Derechos Humanos:
Para visitar el sitio web del grupo, es:
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Este mensaje se envía con la complacencia de la nueva legislación
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Bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. Aprobado por el 105 congreso base
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Declaracin del Caucus de Mujeres para Latinoamrica y el Caribe
27 de Febrero de 2008
Presentado por: Action Aid, Consejo Consultativo Anglicano, Comunidade Bah do Brasil,Confederacin General de Trabajadores CGT. Colombia, Confederacao Nacional Trabalhadores Educacao CNTE. Brasil,El Clset de Sor Juana. Mxico, Equidad de Gnero, Ciudadana, Trabajo y Familia. Mxico, Federacin Internacional de Productores Agrcolas (FIPA). Comit Regional de FIPA para Amrica Latina, Foro de Mujeres y Polticas de Poblacin DF. Mxico, Fundacin Arcoiris. Mxico, Internacional Educacao para Amrica Latina IEAL.,
Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y de El Caribe RSMLAC, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Mxico (ddeser),Comite de escritoras del PEN Internacional, World Federation of Methodist and Church Uniting Women, Taller de Mujeres de las Americas-Capitulo Panama, Respuesta Afro Panamea, Fundacion para el Estudio e Investigacion de la Mujer (FEIM), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Las mujeres de Amrica latina y el Caribe que hemos llegado a participar en la 52. Sesin de la Comisin para el Estado de la Mujer que trabajamos cerca de mujeres y niasrurales y urbanas con mltiples identidades, raza, etnia, edad, localizacin geogrfica, capacidades diferentes, orientacin sexual,jefas de familia, trabajadoras, empresarias, agricultoras, reclusas,
migrantes, victimas de trfico y explotacin sexual, mujeres de fe y diversas creencias religiosas:
Vemos con agrado que el documento a ser negociado aqu reconoce la importancia y refuerza la necesidad de un mayor compromiso con los principios de la Declaracin de Beijing y su Plataforma de Accin buscando una coherencia con los compromisos de la Conferencia Internacional sobre Financiacin para el Desarrollo de Monterrey en 2002.
Creemos que debe ser tambien una oportunidad para afirmar e implementar los compromisos anteriormente adquiridos por los gobiernos en Viena, Cairo, Copenhange, Rio y otras conferencias internacionales y cumbres enfocadas en asuntos especificos y que establecen prioridades y
dan recomendaciones de cmo cuando y qu financiar en trminos de una mayor seguridad alimentaria, salud, educacin, pandemia VIH-SIDA, violencia y discriminacin econmica y social, migracin, empleo decente, derechos sexuales y reproductivos, que hoy nos preocupa estn invisibles en el documento.
Consideramos de suma importancia la recomendacin del Grupo de Expertas sobre financiamiento para equidad y empoderamiento de las mujeres que reafirma la necesidad de un compromiso poltico fuerte de los gobiernos y de las instituciones internacionales y financieras para asignar ms recursos financieros y humanos de forma permanente para el empoderamiento de las mujeres. Adems, consideramos
prioritaria la recomendacin de analizar el impacto que tienen las polticas macroeconmicas en la vida de las nias y las mujeres de todas las edades que limitan el acceso de bienes y servicios bsicos y de calidad para ellas y sus familias.
En particular, aplaudimos la recomendacin de instar a los gobiernos a colectar estadisticas desagregadas por sexo a todos los niveles de gobierno incluyendo a nivel local, estatal y federal.A su vez, recomendamos que se aumenten las categorias y que incluyan edad, raza/etnia, orientacion sexual y otras.
Llamamos
a los gobiernos de nuestra regin a que tomen el liderazgo y distribuyan los recursos domsticos equitativamente desde una perspectiva de gnero. Ningn anlisis del financiamiento para la equidad de gnero y el empoderamiento seria completo sin un reconocimiento de la contribucin econmica de las mujeres desde la economa informal, economa del cuidado y la reproduccin social.
En visto de lo anterior dicho demandamos:
Que es fundamental que los gobiernos de la regin asuman liderazgo y apoyen los esfuerzos hacia el fortalecimiento de una arquitectura de equidad de gnero en las Naciones Unidas, incluyendo el nombramiento de mujeres a niveles altos de la organizacin.
La democratizacin de las estructuras de gobernabilidad financieras a travs de una representacin equilibrada y equitativa en trminos de la votacin de los pases miembros y asegurar la representacin equitativa desde una perspectiva de gnero. Asimismo, apoyamos
la iniciativa de rendicin de cuentas tanto de paises donates y como de paises recipientes de ayuda al desarrollo.
Fortalecer la representacin y participacin de todas las mujeres y de grupos marginalizados e independientes en el diseo, toma de decisiones,implementacin y monitoreo de las instituciones financieras, comerciales y gubernamentales nacionales, regionales, internacionales asi como de tratados de libre comercio.
Fortalecer el marco regulatorio, la transparencia y la rendicin de cuentas permanente para asegurar que nuestros gobiernos, las instituciones internacionales y las corporaciones cumplan con los compromisos adquiridos bajo la Carta de los Derechos Humanos, las regulaciones laborales y los acuerdos ambientales nacionales e internacionales.
Establecer unidades de enfoque de gnero y presupuesto dentro de los ministerios de finanzas y demas entidades ministeriales como medida prioritaria y necesaria. El presupuesto gubernamentales el mecanismo fundamental donde se implementan las polticas gubernamentales a travs de la asignacin de recursos y todos los niveles de gobierno deben de incluir la perspectiva de gnero para lograr la asignacin equitativa de recursos financieros. Adems solicitamos que la informacin presupuestaria sea accesible al pblico para su revisin.
Incorporar a grupos autonomos de mujeres en el diseo, instrumentacin y monitoreo de los programas de desarrollo econmico, incluyendo programas de seguridad alimentaria, acceso y control sobre la tierra, recursos naturales y productivos, capacitacin tecnolgica, becas educativas, acceso a crditos para micro y empresas medianas de mujeres empresarias a tasas bajas de inters y a contratos gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Asi mismo solicitamos el incremento de cobertura de servicios pblicos de calidad para las mujeres de todas las edades.
Asignar recursos financieros suficientes a grupos autnomos de mujeres que permitan monitorear las polticas pblicas desde una perspectiva de gnero y asi garantizar el cumplimento de la meta del milenio nmero tres de empoderamiento y promocin de las mujeres. Recordamos a los paises donantes que el control nacional de los gobiernos sobrela ayuda internacional no garantiza que la ayuda llegue a los sectores ms necesitados.
Finalmente, demandamos que se establezcan
mecanismos que obliguen a los gobiernos nacionales a implementar estos y otros compromisos relevantes incluyendo los gobiernos a nivel estatal y local, tomando en cuenta la situacin especial de las nias y mujeres indigenas y otros grupos minoritarios.
Martha Miravete Cicero Miriam Medina Avila
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA - FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO ARGENTINO DE PRISIONES OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE PRISIONES OBSERVATORIO LATINOAMERICANO AIDS AND AID - PF ARG WEB: www.grupodemujeres.org.ar WEB: www.proyintrapostmuros.com.ar TEL/FAX: 54-11-4362-6881 nextel radio: 54*586*2113 E.mail:grupomujeresdelargentina@... salsavidaysalud@...
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GRUPO DE MUJERES DE
LA ARGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA, integrante de la RED INTRAPOSTMUROS NACIONAL E INTERNACIONAL.
Comunicamos que MIGUEL ANGEL RUIZ ROJAS de 35 aos, nacido el 1/06/71 con dos hijos. Detenido, procesado desde Mayo 2002, tuvo juicio en Mayo 2004 que arroj una sentencia de 15 aos. Apel la misma su abogado defensor oficial el Dr. Miguel
Bermejo y dicho recurso pas a Cmara de Casacin en el mes de Junio del 2004, correspondindole la defensa oficial en esta instancia a cargo del Dr. Mario Coriolano; luego transcurrieron casi dos aos y cuatro meses de apelacin sin sentencia definitiva Cuatro aos de procesado.
Persona en estado terminal, en su juicio pidi Tratamiento medico y pidi piedad porque estaba enfermo.
Reiteradas veces la familia y el mismo solicitaron arresto domicili, pulsera, excarcelacin, casi 5 a 6 veces de
peticiones.
Lamentablemente la Secretaria de DDHH de la Provincia saban desde el mes de Octubre de 2005, lo que sufra Dr. Pablo Riveli, al hablar con la familia, en la semana de lo ocurrido en Magdalena les dijo: No poda ocuparse porque estaba con los casos de Magdalena.
Cuando llamo la familia la Dra. Carolina Brandada, los llamo el dade 22 de Septiembre diciendo que iba a gestionar el traslado, para que la madre valla a verlo unidad 23, pero nunca llamo a la hora que se haba comprometido. La familia llamo al celular de ella, dos o tres veces y sin respuesta.
Se acercaron a la Institucin y el da 28 de Octubre tomamos el caso por estado terminal. Comenzamos a realizar las gestiones, hablar con la pro-secretaria, con el Ministerio de Salud de la Nacin, para que sea derivado al Hospital Posadas, pero Miguel ngel, muri a las 20:15 hs. el da 2 de Octubre, en la Unidad Hospitalaria N 22, su familia se entero de su decesoal otro da, 3 de Octubre a las 10:00 hs AM, porque le comunicaron que al no tener telfono no pudieron informarles.
Hoy a la tarde enterr su cuerpo, el gobierno de la provincia sabia de su situacin, pues hablamos y nos comunicamos con ellos.Su familia no deja de decirnos que cuando se encontraba en la Unidad Varela, el hacia una Huelga de Hambre para su atencin digna.
Este no es el nico caso de estado terminal, que el Estado no realiza el seguimiento de salud, puede ser que maana nadie se acuerde pero MIGUEL ANGEL esperaba un fallo de la Justicia que nunca llego y ahora quieren prescribir la causa porque esta ya muerto. Pero los que estuvimos en su situacin buscaremos justicia.
MARTHA MIRAVETE CICERO
54-11-43626881
pd: QUE LA SECRETARIA DE CAROLINA QUE NO DIGA EN LA UNIDAD 32 QUE NO MURIO MIGUEL... PUES LOS CHICOS YA SABIAN DEL CASO... QUE NO MIENTAN!!! POR RESPETO A EL Y A SU FAMILIA Y A LOS COMPAEROS/AS QUE TAMBIEN ALGUNOS ESTAN EN LA MISMA SITUACION...
Solicitamos que pueda ser difundido a sus contactos,
ya que LA MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD POR CAUSA JUDICIAL ... solicitan que se haga presente alguien del Gobierno, ya que el Ministro de Justicia Dr Iribarne y el Dr Fedrico Ramos desde el dia de ayer se encuentran de viaje en Espaa, y no se podran presentar fisicamente en la Unidad Federal....
Esperamos que Dr Duhalde de Derechos Humanos y el Dr Slokar pueda hacerse presente.
Este es un esbozo del Petitorio, el que nos comunicaron, las Mujeres de la Unidad 3 de Ezeiza, las cuales desde el da lunes se encuentran en huelga de hambre, reclamando sus derechos, los que hoy se ven cercenados desde el sistema judicial del Estado Argentino.
INTERNAS DE LA UNIDAD PENAL FEDERAL SE DECLARAN EN HUELGA DE HAMBRE
MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACION
DR. IRIBARNE
SU DESPACHO
1.Este petitorio es solidario a las personas detenidas de la provincia de Bs. As. y espontneo para manifestar la misma situacin, sobre el abuso de los jueces y para preservar y defender nuestros derechos plasmados Art. 18 de la Constitucin. A si mismo somos miles de mujeres y madres desprotegidas, desvinculadas de nuestros hijos.
2.El mismo es para solicitar la aceleracin de las causa Penales.
3.La derogacin de la ley 12465 la cual lo jueces fundamentanpara dictar presin preventiva automticamente.
4.La Creacin de una ley procesal de excarcelacin Art. 316, Art. 317, Art. 319 de la ley de CPP acorde a las pautas de Derechos Humanos de la Ley 24.660, Secretaria de Control judicial a cargo de la verificacin excautiva en aquellos juzgados de Tribunales de juicio de lo que existe demoras de fecha de audiencia de debate oral y publico
5.Que se declare una ley de emergencia nacional sobre las mujeres en prisin madres y todas en general.
6.Que se anule la reincidencia obviando el Art. 14 que condiciona a personas reincidentes, quitando el beneficio a obtener la misma
7.Que se aplique la ley 24.390 la cual expresa que
una personas en proceso no podr superar los 2 aos sin tener juicio sobre el imputado.
8.Hacemos saber no se que estas medidas no se aplican en las personas VIH, Diabetes, hipertensin, como as tambin manifestamos que no es una medida en contra del SPF, sino en contra del Sistema Judicial que hoy representan a nuestro pas.
9.Sin mas y por todo lo expuesto elevamos este petitorio a criterio quedando a la pronta respuesta
Para la informacion de todos tambien se nos ha informado que se han sumado algunas Unidades Federales, como la Unidad 3 y Complejo N 1, todavia no tenemos la cantidad de personas que estan haciendo la huelga en estas Unidades.
Pero quieren dejar claro que no es una medida encontra de el SPF o SPB sino del atraso judicial y la falta de implementacion de los Pactos y Tratados Internacionales.
Morigeracion, rapides en sus causas, beneficios, etc.
Para no ser mediaticos, nos mantendremos en los pedidos, llamadas, documentacion, que nos hagan llegar las/os privados/as de libertad por causa judicial & detenidos pobres....
En el transcurso del da de hoy o primeras horas de maana enviaremos el comunicado de prensa que hicieron los compaeros de la Unidad 9,
ya que ellos son los que estan negociando con el Gobierno y con la Cmara de Casacin, despus de que aperecieran algunos reclamos de personas fuera de los pedidos de ellos/as, ( DR Casolati.. Defensor Oficial de San Martin).
Las reuniones se estn realizando en La Plata y por pedido de otros compaeros ... que a la Unidad 24 les llegue el petitorio que hicieron los compaeros/as y no otros comunicados que estn apareciendo, diferentes a estos... Por respeto, a estas personas privadas de libertad por causa judicial y/o presos pobres en las unidades de, La
Plata, Los Hornos, Magdalena, Mercedes, Sierra Chica, Varela, y otras.
Midamos los comunicados desde lo que ellos/as quieren decir y los informes de la radio LA CANTORA.
En el dia de hoy (en este momento) nos han llamado de la Unidad n 3 de mujeres, detenidas en Unidades Federales, tambien se han sumado a la medida para reclamar otros puntos, y ademas apoyar a los compaeros/as de la Provincia.
Aumentan las Huelgas de Hambre en las crceles bonaerenses
A doce das de iniciada la protesta, 20 Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires mantienen la medida de fuerza.
Cada vez son ms los internos de diferentes unidades penales bonaerenses que se adhieren suman a la Huelga de Hambre General iniciada el pasado jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal N 9 de La Plata, en reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son vctimas.
Al momento de iniciar las huelgas, los internos de la Unidad 9 denunciaron ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que la medida obedeca a la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos que se encuentran en esta unidad. Cabe mencionar, que a doce das de iniciadas las huelgas, el nmero de unidades penales, que en forma total o parcial se han sumado a la medida, asciende a 20.
La medida de fuerza nace a partir de continuos reclamos de parte de los internos por la agilizacin de los procesos judiciales, ya que el 70% de ellos se encuentran en condicin de procesados sin condena firme-. La mayor parte de ellos se encuentran en esta situacin desde hace ms de ocho aos, llegando a haber casos de internos con 30 aos privados de la libertad sin condena firme.
Las Unidades que se han sumado a la medida en
forma total o parcial son: la Unidad N 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7de Azul; U 4 de Baha Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batn.
En la
declaracin de Huelga de Hambre, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
En cuanto al Poder Judicial Bonaerense, los internos reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la declaracin de inconstitucionalidad del Art. 24 del Cdigo Penal; y la plena y preferencial aplicacin de la Ley
Nacional 24.660 por sobre la Ley provincial 12.256.
El Art. 24 del C.P., cuya derogacin tambin se reclama al Poder Legislativo Nacional, establece que: la prisin preventiva se computar as: por dos das de prisin preventiva, uno de reclusin; por un da de prisin preventiva, uno de prisin, o dos de inhabilitacin o la cantidad de multa que el tribunal fijase....
La correcta implementacin de la Ley de Ejecucin Penal Nacional N 24.660, en el correspondiente encuadre sobre la equiparacin de reclusin a prisin, se hace imperiosa principalmente en el caso de los internos que se encuentran procesados desde antes de lareforma de 1998. Adems esta Ley establece las condiciones de ejecucin de las salidas transitorias de las Unidades Penales; de los regmenes de
semilibertad que posibilita a los internos salir a trabajar con supervisin continua; y de la ejecucin de los perodos de libertad condicional y asistida. La plena y preferencial aplicacin de esta ley, se exige por sobre la Ley de Ejecucin Penal Bonaerense N 12.256.
A la Cmara de Casacin Penal de la Provincia, lo internos solicitan la realizacin de una serie de plenarios, sobre la Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 12.405 Ley Ruckauf-; la fijacin del plazo expreso para el cese de la Prisin Preventiva; y sobre los Informes tcnico-Criminolgicos de carcter arbitrario que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Recordemos que laderogacin de la Ley Provincial 12.405, se peticiona a partir de que esta aplicaba prisin preventiva automtica a
cualquier posible sospechoso de comisin de delito. Existe una reforma a esta ley, que establece los nuevos criterios vigentes para la aplicacin de la prisin preventiva, pero slo est siendo implementada por los jueces bonaerenses -quienes en su mayora adhieren ideolgicamente a las polticas de mano dura-, a los acusados de genocidio, y a los policas y oficiales penitenciarios que, acusados de asesinato, torturas, y apremios ilegales, son beneficiados con dicha reforma.
Tal situacin acrecienta el profundo cuello de botella que dentro de la estructura judicial traban a perpetuidad los procesos
judiciales, y que se traducen en superpoblacin y condiciones degradantes de detencin en la provincia de Buenos Aires a raz de la implementacin de la 12.405. Los privados de la libertad en huelga de hambre destacan que los muertos de los ltimos aos dentro de las crceles bonaerenses eran procesados; y de haber gozado de una excarcelacin estaran con vida. Cabe aclarar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Desde el Colectivo La Cantora, adherimos a la solicitada publicada en el diario Pgina/12 del sbado
3 de junio de 2006. All, varios organismos de Derechos Humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociacin Ex Detenidos-Desaparecidos, el CeproDH, CORREPI, FIDELA, HIJOS La Plata, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata -entre otros; denunciaban que a partir de estas reformas se beneficiaba a los genocidasexcarcelndolos con el argumento de que no pueden estar presos ms all del tiempo razonable, invocando para ello a los Pactos Internacionales de DD.HH. de rango constitucional a travs
del Art. 75 inc. 22 de la Constitucin Nacional-, mientras no se aplica el mismo criterio a los miles de procesados comunes, que no han cometido delitos de lesa humanidad, pero permanecen sin condena hacinados en condiciones infrahumanas en crceles que no son otra cosa que instrumentos de tortura y muerte.
Sin embargo, entre los beneficiados por la reforma a la Ley 12.405, podemos encontrar a los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense de
la Unidad N 9 de La Plata acusados de privacin ilegtima de la libertad, tortura y homicidio durante la ltima dictadura cvico militar. Estos oficiales son: Abel Dupuy, Isabelino Vega, Vctor Ros, Carlos Alarcn, Segundo Basualdo, Jorge Peralta, y Valentn Romero. A estos se suman Catalino Morel y Ramn Fernndez que gozan del beneficio de prisin domiciliaria.
Tambin resultaron recientemente beneficiados con esta reforma, tres oficiales de la polica bonaerense, que das atrs asesinaron a un albail en la localidad de Ingeniero White. Los oficiales de apellido Sosa padre y dos hijos-, gozan de
libertad bajo proceso. El padre haba sido exonerado de la fuerza en una de las tantas purgas de la Bonaerense para proteger a los gatillos fciles; los hijos son oficiales activos de lapolica provincial.
Hemos denunciado ya, que los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, Diego Dmola, Martn Marcos y el oficial Rojas, responsables de las torturas y vejaciones sufridas por nuestro compaero Fabin Sampietro en la Unidad penal N 45de Melchor Romero, tambin han sido beneficiados por esta reforma a la ley, y
no se ha efectivizado para ellos la prisin preventiva.
En cuanto a las peticiones realizadas al Poder Ejecutivo Provincial, los internos en Huelga de Hambre, reclaman un proyecto de reforma del artculo 171 de la Ley Provincial 13.449; cmo as tambin que se revise la forma en que se llevan a cabo los informes
Tcnico-Criminolgicos antes citados.
El Art. 171 de la mencionada Ley, establece que: En ningn caso se conceder la excarcelacin cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratar de eludir la accin de la justicia o entorpecer la investigacin. La eventual existencia de estos peligros procesales podr inferirse de las circunstancias previstas en el artculo 148.. Es decir, el artculo que supone de antemano los peligros de fuga y entorpecimiento de las investigaciones judiciales, que el imputado pudiera instrumentar si se le concediera el beneficio de excarcelacin.
Ante el Poder Legislativo Provincial se peticiona la derogacin de la mencionada Ley 12.405; la modificacin y reglamentacin de la Ley 12.256 acorde a la Ley
Nacional 24.660 y su decreto de reglamentacin. A esto se agregan, la citada reforma del Art. 171 de la ley Provincial 13.449; y la creacin de una Comisin Interjurisdiccional de Problemtica Carcelaria.
El nmero de detenidos en las crceles bonaerenses se acerca a 35.000 personas, cuyo promedio de edad no supera los 21 aos. El 70 % de ellos se encuentra en situacin de rehn del sistema judicial.
La Industria de la Pobreza no escatima en gastos para lograr sus propsitos. Miles de jvenes argentinos son encarcelados por el delito de ser pobres. Cada pibe detenido le cuesta al Estado provincial una partida superior a los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan slo migajas.
Las grandes masas de dinero que se movilizan a partir de la continua socializacin de la pobreza, son las mismas que financian a ciertos sectores de la justicia adictos a las consignas de mano dura y militarizacin de las calles.
Estas misivas, sumadas a la desaparicin de Julio Lpez, son
demostraciones de fuerza de la derecha integrista, catlica y militarista, que aora y reivindica continuamente, la ltima dictadura cvico militar
As, desde el Colectivo de Comunicacin Popular Radio La Cantora:
-CONVOCAMOS a todas las organizaciones y pblico en general, a solidarizarse en las calles, con el reclamo de los compaeros privados de la libertad.
-CONDENAMOS y COMBATIMOS la Criminalizacin de la Pobreza.
-EXIGIMOS la aparicin con vida del compaero Jorge Julio Lpez.
-EXIGIMOS la continuacin de los juicios a los genocidas
Ya se sumaron a la medida unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses. La protesta se inici en el Unidad 9 de La Plata. Emitieron un comunicado
Unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses mantienen la huelga de hambre, que lleva ms de una semana, en reclamo de la agilizacin de sus respectivas causas judiciales. La medida de protesta, iniciada el jueves 21 de septiembre por presos de la Unidad 9 de la Plata, abarca entre otros a los penales 1 de Olmos, 24 de Florencio Varela, 8 de Los Hornos, 28 de Magdalena, 5 de Mercedes y 45 de Melchor Romero. Adems se sumaron las crceles de mujeres de Los Hornos y Magdalena y los detenidos de la comisara 14 de Melchor Romero. En el fin de semana, el Comit contra la Tortura de la Comisin Provincial por la Memoria
present un hbeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los presos. Al mismo tiempo, dijeron que los involucrados en la medida de fuerza son 8.000 y no 6.000, como se informaba. Mientras tanto, los internos alojados en la Unidad penal N 9, de La Plata emitieron un comunicado para dejar aclarado el espritu que motiva la medida. Segn lo afirmado por los presos, la misma obedece sistemtica y puntualmente a reclamos de neto carcter jurdico, en justo reclamo del cumplimiento de las leyes ya creadas y la celeridad del sistema judicial en pleno. Por eso, los internos salieron a desacreditar las declaraciones de. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecucin Penal de la Defensora General de San Martn. El funcionario le haba dicho a Trama Urbana el sbado pasado que la huelga no slo apunta a lo jurdico sino que tambin buscaba que se mejoren las condiciones de detencin. A los efectos de que esta medida extrema, la cual mantenemos, no se
desvirte, les pedimos a todos los funcionarios del Poder Judicial, que no emitan opinin sobre algo que nosotros mismos hemos dejado en claro, dice el documento. Y agrega: No permitiremos que esto se convierta en un cabaret poltico y cada uno se acomode a su preferencia. Finalmente, aclararon que el Servicio Penitenciario no es objeto de reclamo y que los puntos que motivaron la huelga son claros y contundentes.
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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Para la informacion de todos tambien se nos ha informado que se han sumado algunas Unidades Federales, como la Unidad 3 y Complejo N 1, todavia no tenemos la cantidad de personas que estan haciendo la huelga en estas Unidades.
Pero quieren dejar claro que no es una medida encontra de el SPF o SPB sino del atraso judicial y la falta de implementacion de los Pactos y Tratados Internacionales.
Morigeracion, rapides en sus causas, beneficios, etc.
Para no ser mediaticos, nos mantendremos en los pedidos, llamadas, documentacion, que nos hagan llegar las/os privados/as de libertad por causa judicial & detenidos pobres....
En el transcurso del da de hoy o primeras horas de maana enviaremos el comunicado de prensa que hicieron los compaeros de la Unidad 9,
ya que ellos son los que estan negociando con el Gobierno y con la Cmara de Casacin, despus de que aperecieran algunos reclamos de personas fuera de los pedidos de ellos/as, ( DR Casolati.. Defensor Oficial de San Martin).
Las reuniones se estn realizando en La Plata y por pedido de otros compaeros ... que a la Unidad 24 les llegue el petitorio que hicieron los compaeros/as y no otros comunicados que estn apareciendo, diferentes a estos... Por respeto, a estas personas privadas de libertad por causa judicial y/o presos pobres en las unidades de, La Plata, Los Hornos, Magdalena, Mercedes, Sierra Chica, Varela, y otras.
Midamos los
comunicados desde lo que ellos/as quieren decir y los informes de la radio LA CANTORA.
En el dia de hoy (en este momento) nos han llamado de la Unidad n 3 de mujeres, detenidas en Unidades Federales, tambien se han sumado a la medida para reclamar otros puntos, y ademas apoyar a los compaeros/as de la Provincia.
Aumentan las Huelgas de Hambre en las crceles bonaerenses
A doce das de iniciada la protesta, 20 Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires mantienen la medida de fuerza.
Cada vez son ms los internos de diferentes unidades penales bonaerenses que se adhieren suman a la Huelga de Hambre General iniciada el pasado jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal N 9 de La Plata, en reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son vctimas.
Al momento de iniciar las huelgas, los internos de la Unidad 9 denunciaron ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que la medida obedeca a la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos que se encuentran en esta unidad. Cabe mencionar, que a doce das de iniciadas las huelgas, el nmero de unidades penales, que en forma total o parcial se han sumado a la medida, asciende a 20.
La medida de fuerza nace a partir de continuos reclamos de parte de los internos por la agilizacin de los procesos judiciales, ya que el 70% de ellos se encuentran en condicin de procesados sin condena firme-. La mayor parte de ellos se encuentran en esta situacin desde hace ms de ocho aos, llegando a haber casos de internos con 30 aos privados de la libertad sin condena firme.
Las Unidades que se han sumado a la medida en forma total o parcial son: la Unidad N 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7de Azul; U 4 de Baha Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batn.
En la declaracin de Huelga de Hambre, los internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
En cuanto al Poder Judicial Bonaerense, los internos reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la declaracin de inconstitucionalidad del Art. 24 del Cdigo Penal; y la plena y preferencial aplicacin de
la Ley Nacional 24.660 por sobre la Ley provincial 12.256.
El Art. 24 del C.P., cuya derogacin tambin se reclama al Poder Legislativo Nacional, establece que: la prisin preventiva se computar as: por dos das de prisin preventiva, uno de reclusin; por un da de prisin preventiva, uno de prisin, o dos de inhabilitacin o la cantidad de multa
que el tribunal fijase....
La correcta implementacin de la Ley de Ejecucin Penal Nacional N 24.660, en el correspondiente encuadre sobre la equiparacin de reclusin a prisin, se hace imperiosa principalmente en el caso de los internos que se encuentran procesados desde antes de lareforma de 1998. Adems esta Ley establece las condiciones de ejecucin de las salidas transitorias de
las Unidades Penales; de los regmenes de semilibertad que posibilita a los internos salir a trabajar con supervisin continua; y de la ejecucin de los perodos de libertad condicional y asistida. La plena y preferencial aplicacin de esta ley, se exige por sobre la Ley de Ejecucin Penal Bonaerense N 12.256.
A la Cmara de Casacin Penal de la Provincia, lo internos solicitan la realizacin de una serie de plenarios, sobre la Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 12.405 Ley Ruckauf-; la fijacin del plazo expreso para el cese de la Prisin Preventiva; y sobre los Informes tcnico-Criminolgicos de carcter arbitrario que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Recordemos que laderogacin de la Ley Provincial 12.405, se peticiona a partir de que esta
aplicaba prisin preventiva automtica a cualquier posible sospechoso de comisin de delito. Existe una reforma a esta ley, que establece los nuevos criterios vigentes para la aplicacin de la prisin preventiva, pero slo est siendo implementada por los jueces bonaerenses -quienes en su mayora adhieren ideolgicamente a las polticas de mano dura-, a los acusados de genocidio, y a los policas y oficiales penitenciarios que, acusados de asesinato, torturas, y apremios ilegales, son beneficiados con dicha reforma.
Tal situacin acrecienta el profundo cuello de botella que dentro de la estructura
judicial traban a perpetuidad los procesos judiciales, y que se traducen en superpoblacin y condiciones degradantes de detencin en la provincia de Buenos Aires a raz de la implementacin de la 12.405. Los privados de la libertad en huelga de hambre destacan que los muertos de los ltimos aos dentro de las crceles bonaerenses eran procesados; y de haber gozado de una excarcelacin estaran con vida. Cabe aclarar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Desde el Colectivo La Cantora, adherimos a la solicitada
publicada en el diario Pgina/12 del sbado 3 de junio de 2006. All, varios organismos de Derechos Humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociacin Ex Detenidos-Desaparecidos, el CeproDH, CORREPI, FIDELA, HIJOS La Plata, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata -entre otros; denunciaban que a partir de estas reformas se beneficiaba a los genocidasexcarcelndolos con el argumento de que no pueden estar presos ms all del tiempo razonable, invocando para ello a los Pactos Internacionales
de DD.HH. de rango constitucional a travs del Art. 75 inc. 22 de la Constitucin Nacional-, mientras no se aplica el mismo criterio a los miles de procesados comunes, que no han cometido delitos de lesa humanidad, pero permanecen sin condena hacinados en condiciones infrahumanas en crceles que no son otra cosa que instrumentos de tortura y muerte.
Sin embargo, entre los beneficiados por la reforma a la Ley 12.405, podemos encontrar a los oficiales del
Servicio Penitenciario Bonaerense de la Unidad N 9 de La Plata acusados de privacin ilegtima de la libertad, tortura y homicidio durante la ltima dictadura cvico militar. Estos oficiales son: Abel Dupuy, Isabelino Vega, Vctor Ros, Carlos Alarcn, Segundo Basualdo, Jorge Peralta, y Valentn Romero. A estos se suman Catalino Morel y Ramn Fernndez que gozan del beneficio de prisin domiciliaria.
Tambin resultaron recientemente beneficiados con esta reforma, tres oficiales de la polica bonaerense, que das atrs asesinaron a un albail en la localidad de Ingeniero White. Los oficiales de
apellido Sosa padre y dos hijos-, gozan de libertad bajo proceso. El padre haba sido exonerado de la fuerza en una de las tantas purgas de la Bonaerense para proteger a los gatillos fciles; los hijos son oficiales activos de lapolica provincial.
Hemos denunciado ya, que los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, Diego Dmola, Martn Marcos y el oficial Rojas, responsables de las torturas y vejaciones sufridas por nuestro compaero Fabin Sampietro en la Unidad penal N 45de Melchor Romero, tambin han
sido beneficiados por esta reforma a la ley, y no se ha efectivizado para ellos la prisin preventiva.
En cuanto a las peticiones realizadas al Poder Ejecutivo Provincial, los internos en Huelga de Hambre, reclaman un proyecto de reforma del artculo 171 de la Ley Provincial 13.449; cmo as tambin que se revise la
forma en que se llevan a cabo los informes Tcnico-Criminolgicos antes citados.
El Art. 171 de la mencionada Ley, establece que: En ningn caso se conceder la excarcelacin cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratar de eludir la accin de la justicia o entorpecer la investigacin. La eventual existencia de estos peligros procesales podr inferirse de las circunstancias previstas en el artculo 148.. Es decir, el artculo que supone de antemano los peligros de fuga y entorpecimiento de las investigaciones judiciales, que el imputado pudiera instrumentar si se le concediera el beneficio de excarcelacin.
Ante el Poder Legislativo Provincial se peticiona la derogacin de la mencionada Ley 12.405; la modificacin y reglamentacin de la Ley 12.256 acorde a la Ley Nacional 24.660 y su decreto de reglamentacin. A esto se agregan, la citada reforma del Art. 171 de la ley Provincial 13.449; y la creacin de una Comisin Interjurisdiccional de Problemtica Carcelaria.
El nmero de detenidos en las crceles bonaerenses se acerca a 35.000 personas, cuyo promedio de edad no supera los 21 aos. El 70 % de ellos se encuentra en situacin de rehn del sistema judicial.
La Industria de la Pobreza no escatima en gastos para lograr sus propsitos. Miles de jvenes argentinos son encarcelados por el delito de ser pobres. Cada pibe detenido le cuesta al Estado provincial una partida superior a los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan slo migajas.
Las grandes masas de dinero que se movilizan a partir de la continua socializacin de la pobreza, son las mismas que financian a ciertos sectores de la justicia adictos a las consignas de mano dura y militarizacin de las calles.
Estas misivas, sumadas a la desaparicin de Julio Lpez, son
demostraciones de fuerza de la derecha integrista, catlica y militarista, que aora y reivindica continuamente, la ltima dictadura cvico militar
As, desde el Colectivo de Comunicacin Popular Radio La Cantora:
-CONVOCAMOS a todas las organizaciones y pblico en general, a solidarizarse en las calles, con el reclamo de los compaeros privados de la libertad.
-CONDENAMOS y COMBATIMOS la Criminalizacin de la Pobreza.
-EXIGIMOS la aparicin con vida del compaero Jorge Julio Lpez.
-EXIGIMOS la continuacin de los juicios a los genocidas
Ya se sumaron a la medida unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses. La protesta se inici en el Unidad 9 de La Plata. Emitieron un comunicado
Unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses mantienen la huelga de hambre, que lleva ms de una semana, en reclamo de la agilizacin de sus respectivas causas judiciales. La medida de protesta, iniciada el jueves 21 de septiembre por presos de la Unidad 9 de la Plata, abarca entre otros a los penales 1 de Olmos, 24 de Florencio Varela, 8 de Los Hornos, 28 de Magdalena, 5 de Mercedes y 45 de Melchor Romero. Adems se sumaron las crceles de mujeres de Los Hornos y Magdalena y los detenidos de la comisara 14 de Melchor Romero. En el fin de semana, el Comit contra la Tortura de la Comisin Provincial por la Memoria
present un hbeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los presos. Al mismo tiempo, dijeron que los involucrados en la medida de fuerza son 8.000 y no 6.000, como se informaba. Mientras tanto, los internos alojados en la Unidad penal N 9, de La Plata emitieron un comunicado para dejar aclarado el espritu que motiva la medida. Segn lo afirmado por los presos, la misma obedece sistemtica y puntualmente a reclamos de neto carcter jurdico, en justo reclamo del cumplimiento de las leyes ya creadas y la celeridad del sistema judicial en pleno. Por eso, los internos salieron a desacreditar las declaraciones de. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecucin Penal de la Defensora General de San Martn. El funcionario le haba dicho a Trama Urbana el sbado pasado que la huelga no slo apunta a lo jurdico sino que tambin buscaba que se mejoren las condiciones de detencin. A los efectos de que esta medida extrema, la cual mantenemos, no se
desvirte, les pedimos a todos los funcionarios del Poder Judicial, que no emitan opinin sobre algo que nosotros mismos hemos dejado en claro, dice el documento. Y agrega: No permitiremos que esto se convierta en un cabaret poltico y cada uno se acomode a su preferencia. Finalmente, aclararon que el Servicio Penitenciario no es objeto de reclamo y que los puntos que motivaron la huelga son claros y contundentes.
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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ya que ellos son los que estan negociando con el Gobierno y con la Cmara de Casacin, despus de que aperecieran algunos reclamos de personas fuera de los pedidos de ellos/as, ( DR Casolati.. Defensor Oficial de San Martin).
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En el dia de hoy (en este momento) nos han llamado de la Unidad n 3 de mujeres, detenidas en Unidades Federales, tambien se han sumado a la medida para reclamar otros puntos, y ademas apoyar a los compaeros/as de la Provincia.
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A doce das de iniciada la protesta, 20 Unidades Penales de la Provincia de Buenos Aires mantienen la medida de fuerza.
Cada vez son ms los internos de diferentes unidades penales bonaerenses que se adhieren suman a la Huelga de Hambre General iniciada el pasado jueves 21 de septiembre por los internos de la Unidad Penal N 9 de La Plata, en reclamo por las masivas irregularidades de sus situaciones judiciales de las que son vctimas.
Al momento de iniciar las huelgas, los internos de la Unidad 9 denunciaron ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo que la medida obedeca a la demora innecesaria y denotada en el agravamiento de las situaciones legales de los internos que se encuentran en esta unidad. Cabe mencionar, que a doce das de iniciadas las huelgas, el nmero de unidades penales, que en forma total o parcial se han sumado a la medida, asciende a 20.
La medida de fuerza nace a partir de continuos reclamos de parte de los internos por la agilizacin de los procesos judiciales, ya que el 70% de ellos se encuentran en condicin de procesados sin condena firme-. La mayor parte de ellos se encuentran en esta situacin desde hace ms de ocho aos, llegando a haber casos de internos con 30 aos privados de la libertad sin condena firme.
Las Unidades que se han sumado a la medida en forma total o parcial son:
la Unidad N 1 de Lisandro Olmos; la U 6 de Dolores; U 7de Azul; U 4 de Baha Blanca; U 8 y 33 de mujeres; U 30 de Gral. Alvear; U 24 de Florencio Varela; 38 de Sierra Chica; 37 de Barker; U 28, U 35 y 36 de Magdalena; U 17; U 18 de Gorina; U 42 y 43; U 45 de Melchor Romero; y U 15 de Batn.
En la declaracin de Huelga de Hambre, los
internos diversifican el reclamo hacia los tres poderes provinciales y el Poder Legislativo Nacional.
En cuanto al Poder Judicial Bonaerense, los internos reclaman a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la declaracin de inconstitucionalidad del Art. 24 del Cdigo Penal; y la plena y preferencial aplicacin de la Ley Nacional 24.660 por
sobre la Ley provincial 12.256.
El Art. 24 del C.P., cuya derogacin tambin se reclama al Poder Legislativo Nacional, establece que: la prisin preventiva se computar as: por dos das de prisin preventiva, uno de reclusin; por un da de prisin preventiva, uno de prisin, o dos de inhabilitacin o la cantidad de multa que el tribunal fijase....
La correcta implementacin de la Ley de Ejecucin Penal Nacional N 24.660, en el correspondiente encuadre sobre la equiparacin de reclusin a prisin, se hace imperiosa principalmente en el caso de los internos que se encuentran procesados desde antes de lareforma de 1998. Adems esta Ley establece las condiciones de ejecucin de las salidas transitorias de las Unidades Penales; de los regmenes de semilibertad que posibilita a los
internos salir a trabajar con supervisin continua; y de la ejecucin de los perodos de libertad condicional y asistida. La plena y preferencial aplicacin de esta ley, se exige por sobre la Ley de Ejecucin Penal Bonaerense N 12.256.
A la Cmara de Casacin Penal de la Provincia, lo internos solicitan la realizacin de una serie de plenarios, sobre la
Inconstitucionalidad de la Ley Provincial 12.405 Ley Ruckauf-; la fijacin del plazo expreso para el cese de la Prisin Preventiva; y sobre los Informes tcnico-Criminolgicos de carcter arbitrario que realiza el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Recordemos que laderogacin de la Ley Provincial 12.405, se peticiona a partir de que esta aplicaba prisin preventiva automtica a cualquier
posible sospechoso de comisin de delito. Existe una reforma a esta ley, que establece los nuevos criterios vigentes para la aplicacin de la prisin preventiva, pero slo est siendo implementada por los jueces bonaerenses -quienes en su mayora adhieren ideolgicamente a las polticas de mano dura-, a los acusados de genocidio, y a los policas y oficiales penitenciarios que, acusados de asesinato, torturas, y apremios ilegales, son beneficiados con dicha reforma.
Tal situacin acrecienta el profundo cuello de botella que dentro de la estructura judicial traban a perpetuidad los procesos judiciales,
y que se traducen en superpoblacin y condiciones degradantes de detencin en la provincia de Buenos Aires a raz de la implementacin de la 12.405. Los privados de la libertad en huelga de hambre destacan que los muertos de los ltimos aos dentro de las crceles bonaerenses eran procesados; y de haber gozado de una excarcelacin estaran con vida. Cabe aclarar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Desde el Colectivo La Cantora, adherimos a la solicitada publicada en el diario Pgina/12 del sbado 3 de junio
de 2006. All, varios organismos de Derechos Humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociacin Ex Detenidos-Desaparecidos, el CeproDH, CORREPI, FIDELA, HIJOS La Plata, la Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata -entre otros; denunciaban que a partir de estas reformas se beneficiaba a los genocidasexcarcelndolos con el argumento de que no pueden estar presos ms all del tiempo razonable, invocando para ello a los Pactos Internacionales de DD.HH. de rango constitucional a travs del Art.
75 inc. 22 de la Constitucin Nacional-, mientras no se aplica el mismo criterio a los miles de procesados comunes, que no han cometido delitos de lesa humanidad, pero permanecen sin condena hacinados en condiciones infrahumanas en crceles que no son otra cosa que instrumentos de tortura y muerte.
Sin embargo, entre los beneficiados por la reforma a la Ley 12.405, podemos encontrar a los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense de la Unidad N 9 de La Plata acusados de privacin ilegtima de la libertad, tortura y homicidio durante la ltima dictadura cvico militar. Estos oficiales son: Abel Dupuy, Isabelino Vega, Vctor Ros, Carlos Alarcn, Segundo Basualdo, Jorge Peralta, y Valentn Romero. A estos se suman Catalino Morel y Ramn Fernndez que gozan del beneficio de prisin domiciliaria.
Tambin resultaron recientemente beneficiados con esta reforma, tres oficiales de la polica bonaerense, que das atrs asesinaron a un albail en la localidad de Ingeniero White. Los oficiales de apellido Sosa padre y dos hijos-, gozan de libertad bajo
proceso. El padre haba sido exonerado de la fuerza en una de las tantas purgas de la Bonaerense para proteger a los gatillos fciles; los hijos son oficiales activos de lapolica provincial.
Hemos denunciado ya, que los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, Diego Dmola, Martn Marcos y el oficial Rojas, responsables de las torturas y vejaciones sufridas por nuestro compaero Fabin Sampietro en la Unidad penal N 45de Melchor Romero, tambin han sido beneficiados por esta reforma a la ley, y no se ha
efectivizado para ellos la prisin preventiva.
En cuanto a las peticiones realizadas al Poder Ejecutivo Provincial, los internos en Huelga de Hambre, reclaman un proyecto de reforma del artculo 171 de la Ley Provincial 13.449; cmo as tambin que se revise la forma en que se llevan a cabo los informes
Tcnico-Criminolgicos antes citados.
El Art. 171 de la mencionada Ley, establece que: En ningn caso se conceder la excarcelacin cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratar de eludir la accin de la justicia o entorpecer la investigacin. La eventual existencia de estos peligros procesales podr inferirse de las circunstancias previstas en el artculo 148.. Es decir, el artculo que supone de antemano los peligros de fuga y entorpecimiento de las investigaciones judiciales, que el imputado pudiera instrumentar si se le concediera el beneficio de excarcelacin.
Ante el Poder Legislativo Provincial se peticiona la derogacin de la mencionada Ley 12.405; la modificacin y reglamentacin de la Ley 12.256 acorde a la Ley Nacional
24.660 y su decreto de reglamentacin. A esto se agregan, la citada reforma del Art. 171 de la ley Provincial 13.449; y la creacin de una Comisin Interjurisdiccional de Problemtica Carcelaria.
El nmero de detenidos en las crceles bonaerenses se acerca a 35.000 personas, cuyo promedio de edad no supera los 21 aos. El 70 % de ellos se encuentra en situacin de rehn del sistema judicial.
La Industria de la Pobreza no escatima en gastos para lograr sus propsitos. Miles de jvenes argentinos son encarcelados por el delito de ser pobres. Cada pibe detenido le cuesta al Estado provincial una partida superior a los mil pesos, de los cuales a los detenidos llegan slo migajas.
Las grandes masas de dinero que se movilizan a partir de la continua socializacin de la pobreza, son las mismas que financian a ciertos sectores de la justicia adictos a las consignas de mano dura y militarizacin de las calles.
Estas misivas, sumadas a la desaparicin de Julio Lpez, son demostraciones de fuerza de la derecha integrista,
catlica y militarista, que aora y reivindica continuamente, la ltima dictadura cvico militar
As, desde el Colectivo de Comunicacin Popular Radio La Cantora:
-CONVOCAMOS a todas las organizaciones y pblico en general, a solidarizarse en las calles, con el reclamo de los compaeros privados de la libertad.
-CONDENAMOS y COMBATIMOS la
Criminalizacin de la Pobreza.
-EXIGIMOS la aparicin con vida del compaero Jorge Julio Lpez.
-EXIGIMOS la continuacin de los juicios a los genocidas
Ya se sumaron a la medida unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses. La protesta se inici en el Unidad 9 de La Plata. Emitieron un comunicado
Unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses mantienen la huelga de hambre, que lleva ms de una semana, en reclamo de la agilizacin de sus respectivas causas judiciales. La medida de protesta, iniciada el jueves 21 de septiembre por presos de la Unidad 9 de la Plata, abarca entre otros a los penales 1 de Olmos, 24 de Florencio Varela, 8 de Los Hornos, 28 de Magdalena, 5 de Mercedes y 45 de Melchor Romero. Adems se sumaron las crceles de mujeres de Los Hornos y Magdalena y los detenidos de la comisara 14 de Melchor Romero. En el fin de semana, el Comit contra la Tortura de la Comisin Provincial por la Memoria present un hbeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los presos. Al mismo tiempo,
dijeron que los involucrados en la medida de fuerza son 8.000 y no 6.000, como se informaba. Mientras tanto, los internos alojados en la Unidad penal N 9, de La Plata emitieron un comunicado para dejar aclarado el espritu que motiva la medida. Segn lo afirmado por los presos, la misma obedece sistemtica y puntualmente a reclamos de neto carcter jurdico, en justo reclamo del cumplimiento de las leyes ya creadas y la celeridad del sistema judicial en pleno. Por eso, los internos salieron a desacreditar las declaraciones de. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecucin Penal de la Defensora General de San Martn. El funcionario le haba dicho a Trama Urbana el sbado pasado que la huelga no slo apunta a lo jurdico sino que tambin buscaba que se mejoren las condiciones de detencin. A los efectos de que esta medida extrema, la cual mantenemos, no se desvirte, les pedimos a todos los funcionarios del Poder Judicial, que no emitan opinin sobre algo
que nosotros mismos hemos dejado en claro, dice el documento. Y agrega: No permitiremos que esto se convierta en un cabaret poltico y cada uno se acomode a su preferencia. Finalmente, aclararon que el Servicio Penitenciario no es objeto de reclamo y que los puntos que motivaron la huelga son claros y contundentes.
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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Ya se sumaron a la medida unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses. La protesta se inici en el Unidad 9 de La Plata. Emitieron un comunicado
Unos 6.000 internos de trece penales bonaerenses mantienen la huelga de hambre,
que lleva ms de una semana, en reclamo de la agilizacin de sus respectivas causas judiciales. La medida de protesta, iniciada el jueves 21 de septiembre por presos de la Unidad 9 de la Plata, abarca entre otros a los penales 1 de Olmos, 24 de Florencio Varela, 8 de Los Hornos, 28 de Magdalena, 5 de Mercedes y 45 de Melchor Romero. Adems se sumaron las crceles de mujeres de Los Hornos y Magdalena y los detenidos de la comisara 14 de Melchor Romero. En el fin de semana, el Comit contra la Tortura de la Comisin Provincial por la Memoria present un hbeas corpus colectivo para que se resguarde la salud de los presos. Al mismo tiempo, dijeron que los involucrados en la medida de fuerza son 8.000 y no 6.000, como se informaba. Mientras tanto, los internos alojados en la Unidad penal N 9, de La Plata emitieron un comunicado para dejar aclarado el espritu que motiva la medida. Segn lo afirmado por los presos, la misma obedece sistemtica y puntualmente a
reclamos de neto carcter jurdico, en justo reclamo del cumplimiento de las leyes ya creadas y la celeridad del sistema judicial en pleno. Por eso, los internos salieron a desacreditar las declaraciones de. Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecucin Penal de la Defensora General de San Martn. El funcionario le haba dicho a Trama Urbana el sbado pasado que la huelga no slo apunta a lo jurdico sino que tambin buscaba que se mejoren las condiciones de detencin. A los efectos de que esta medida extrema, la cual mantenemos, no se desvirte, les pedimos a todos los funcionarios del Poder Judicial, que no emitan opinin sobre algo que nosotros mismos hemos dejado en claro, dice el documento. Y agrega: No permitiremos que esto se convierta en un cabaret poltico y cada uno se acomode a su preferencia. Finalmente, aclararon que el Servicio Penitenciario no es objeto de reclamo y que los puntos que motivaron la huelga son claros y
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Hemos tomado conocimiento que algunas autoridades del Ministerio de Justicia de la Nacin, realizan actuaciones ajenas a lo que el Ministro Iribarne promueve a traves de su gestion politica. Estas acciones son discriminadoras, prejuiciosas, marginadoras y atentan desde el mismo Estado contra los considerandos de nuestra Constitucion Nacional entre ellas el de la igualdad ante la ley, el del legitimo derecho a defensa, y fundamentalmente el derecho a la libertad y a la no discriminacion.
Ello se basa en informacion fidedigna que fuera suministrada en funcion de nuestra trayectoria Institucional por la defensa de los derechos humanos de las personas en situacion de encierro.
En si, la propuesta de creacion de unREGLAMENTODE PROGRAMA INFORMATICO PARA INTERNOS CON ANTECEDENTES DE RIESGO, es una barbaridad Jurdica que excede todos los limites de la jurisprudencia universal toda vez que promueve la focalizacion de nodulos de violencia y resentimiento contrarios al axioma Constitucional de que las carceles no deben ser un
lugar de castigo sino de recuperacion social, para aquellas personas que se encuentran privadas de libertad en situacion de encierro por una causa judicial.
Denunciamos entonces este hecho no menor que se suma a nuestras anteriores intervenciones para transparentar funcionalmente, el actual sistema judicial, de Justicia y por ende penitenciario, a fin de que nuestro pais de cumplimiento a los Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Civiles y Politicos a los que se encuentra comprometido en su caracter de Estado Miembro.
Rechazamos la existencia de esta "COMISIN DE PREVENCIN Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS GENERADOS POR INTERNOS DE ALTA AGRESIVIDAD", por considerar que la misma recurre a prcticas de tratamiento propias del Proceso Militar tan humillantes y atentatorias contra el Derecho a la Vida, y por consiguiente la Dignidad Humana.
Promovemos y reclamamos al Seor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion, la disolucion inmediata de la citada Comisin por considerarla absolutamente ajena a la vigencia de un Estado de Derecho, y representativa de una cultura deshumanizada y altamente represiva, la cual esta siendo llevada a cabo desde la actual conduccion de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS.
La
referida RESOLUCION del PROGRAMA INFORMATICO para INTERNOS RIESGOSOS, CONFLICTIVOS o PELIGROS tuvo lugar con la presencia permanente del titular de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS, Dr. RAMOS y su ppal. asesor Dr. MARAMBIO, quienes en tres REUNIONES que estan referenciadas en sus respectivas ACTAS, quienes sostienen que la medida propuesta es para CONDENARLAS a TODAS aquellas personas en situacin de encierro que han sido incorporadas en el cuestionado Registro Informtico, por su supuesta peligrosidad o por conveniencia politica?, en una prctica deleznable contra tal vez mas vulnerable de nuestra sociedad.
Esto nos hace recurrir a nuestra memoria y nos ubica lamentablemente en las pocas del NAZISMO, donde la estructura del Estado dentro del Estado provoco el cuestionado HOLOCAUSTO y LAS PURGAS ETNICAS y SOCIALES programadas y ejecutadas en forma sistematica e impiadosa por
quienes creemos que han sido ejemplo de quienes pretenden llevar a cabo tales practicas en nuestro sistema de derecho.
Es una verguenza, un despropsito, vulnera los derechos humanos y es contraria al artculo 18 de la CONSTITUCION NACIONAL y al artculo 75 de la misma.
"Por una verdadera Justicia, sin violacion a los Derechos Humanos Universales,
y en la bsqueda de ilustrar objetivamente la opinin pblica
sobre las acciones del Estado
luchamos para garantizar la vigencia y ejercicio de los Deberes del Estado
a travs de una Politica de Atencion, Seguimiento y Tratamiento
de las personas privadas de su libertad por una causa judicial."
GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA - FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA DERECHOS HUMANOS EN ENCIERRO VIH-SIDA/ GLTTB/ SITUACION DE ENCIERRO WEB: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 fax: 54-11-4307-7448 E.mail:grupomujeresdelargentina@...
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Casacin haba aplicado esa condena; el alto tribunal entendi que no hubo suficientes fundamentos; se dictar un nuevo fallo
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La Corte Suprema de Justicia decida anoche que los menores de edad no podrn ser condenados a la pena de prisin perpetua y, por eso, se aprestaba a reducir la que haba impuesto la Cmara de Casacin a un joven que haba cometido un homicidio.
El fallo no declara la inconstitucionalidad de las normas en juego y dice que la sentencia de la Cmara de Casacin estuvo mal fundada, por lo que debe dictarla nuevamente y establecer el monto de la pena. Pero la sentencia pone tantos requisitos interpretativos que incluso con un mejor fundamento sera virtualmente imposible aplicar una prisin perpetua a menores.
En la Argentina hay
actualmente once menores a los que se les dict esa condena y otros cientos condenados a penas muy graves. La Corte, sin embargo, busc dictar un fallo de una interpretacin muy cuidadosa y restringida y, consciente de la violencia e inseguridad que hay en las calles, procur no abrir las puertas de las crceles.
Anteayer, LA NACION anticip que la Corte dictara este fallo, y anoche, al cierre de esta edicin, algunos jueces del tribunal se aprestaban a firmar la sentencia.
El caso
El beneficiado por el fallo es Daniel Enrique Maldonado, que hoy tiene 23 aos. En 1998, cuando contaba con 16 aos, rob un comercio y, durante la huida, dispar y mat a uno de los comerciantes, que lo estaba persiguiendo.
En mayo de 2000, cuando haba cumplido 19 aos, un tribunal de menores lo conden a 14 aos de prisin, condena que comenz a aplicarse luego de que cumpli 21 aos.
Desde el momento del crimen, Maldonado fue internado en el instituto de
menores Luis Agote, y durante una licencia de salida volvi a cometer otro crimen: durante un robo, le dispar a un polica que intentaba detenerlo y, adems, tom de rehn a una mujer embarazada. Para escapar, la oblig a conducir su automvil a alta velocidad.
Teniendo en cuenta estos ltimos hechos, la Cmara de Casacin Penal le elev la condena a prisin perpetua.
Ayer, el mximo tribunal resolva reducir esta condena y ordenar dictar una sentencia mejor fundada, en la que estimar el monto de la nueva condena. De todas formas, Maldonado no quedar libre.
Una decisin trascendente
La sentencia de la Corte, quiz la ms importante en materia penal que vaya a dictar el tribunal hasta fin de ao, llevaba la firma de Enrique Petracchi (presidente del tribunal), Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Ral Zaffaroni, que coincidieron en un mismo voto acordado; en tanto que Carmen Argibay y Carlos Fayt redactaron dos
concurrentes, es decir, con idntica decisin pero con otros fundamentos.
Por lo pronto, hay que recordar que la Convencin sobre los Derechos del Nio permite que se aplique a los menores la pena de prisin perpetua, pero la legislacin argentina, segn la Corte, establece plazos demasiado prolongados para que puedan acceder a la libertad condicional (20 aos).
Por eso, la Corte no declara inconstitucionales las normas argentinas, que son ms favorables al menor que las de la convencin, sino que fija pautas interpretativas para que los tribunales penales no endurezcan las penas:
Un tribunal, como lo hizo la Casacin, no puede dejar de tener en cuenta que el delito haba sido cometido por quien era, entonces, menor de edad. La edad es un factor determinante.
El hecho de que el menor haya obtenido una salida transitoria y haya cometido otro delito no puede
agravar su condena, porque ese nuevo delito no fue juzgado.
Adems, no puede hacerse referencia a la "peligrosidad" del menor como pauta para la condena, porque el derecho penal liberal condena hechos delictivos, no sujetos supuestamente peligrosos. Hablar de peligrosidad es abrir la puerta a valoraciones autoritarias.
La situacin emocional
Cuando el delito es cometido por un menor, no cabe que la Justicia lo condene a una pena absoluta, que no admita matices -como la prisin perpetua-, sino que debe aplicrsele la escala de la tentativa, que reduce el monto de la pena.
El juez tambin debe valorar la situacin emocional al cometer el hecho, las condiciones de su comisin y la necesidad de aplicar la pena.
El fallo, adems, cita cuatro
tratados internacionales que reconocen el derecho de los menores de tener un tratamiento ms beneficioso que los mayores.
Por Adrin Ventura De la Redaccin de LA NACION
Consideraciones
Derechos especiales
"La Convencin del Nio establece los principios fundamentales para el sistema penal de menores."
"Los nios poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen, adems, derechos especiales derivados de su condicin, a los que corresponden deberes especficos de la familia, la sociedad y el Estado."
"Al momento de determinar la pena, el tribunal no puede omitir la consideracin relativa a la concreta necesidad de la pena."
"En
cambio, el tribunal no puede tener en cuenta la peligrosidad del autor del hecho, porque el derecho penal sirve para juzgar hechos, no a sujetos supuestamente peligrosos. Esto abrira las puertas al autoritarismo."
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- Este domingo los relojes vuelven una hora atrs en Brasil; Lula aumenta el ajuste de gastos y el Senado est por aprobar una ley que descriminaliza el uso de drogas.
Droga legal
Siguiendo con el tema legal, esta semana recibi la aprobacin de la Cmara de Diputados un proyecto de ley que descriminaliza el consumo de drogas y aumenta las penas para los traficantes. De acuerdo a la iniciativa, verdadera vanguardia jurdica y sanitaria en la regin, el usuario de drogas ya no ser preso y tampoco obligado a someterse a tratamiento alguno de rehabilitacin.
Slidamente argumentado, el proyecto propone que un joven al que se le haya encontrado una pequea cantidad de droga asista inicialmente a una disertacin sobre los riesgos de la dependencia y no que sea directamente encerrado en una prisin, donde podr, sin dudas, iniciar una verdadera carrera criminal.
El otro avance es el fin
de tratamientos compulsorios para los dependientes. Es casi unnime entre profesionales de la salud mental la opinin de que todo y cualquier tratamiento es intil --y, por tanto, una prdida de tiempo y de recursos-- si no cuenta con la aprobacin del paciente.
Se aguarda ahora que el Senado revise el texto y lo apruebe para que comience a regir en todo el territorio nacional, una aprobacin que, como editorializa el diario Folha de So Paulo en su edicin de este viernes, puede encontrarse con una realidad mucho ms prosaica. "Una ley antitxicos aprobada en 2001 tambin traera avances, pero estaba tan mal redactada y contena tantos errores que el Ejecutivo tuvo que vetar 35 de los 59 artculos", recuerda el influyente diario. Y finaliza: "se espera que esta vez la historia sea diferente". (APF)
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
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Los presos homosexuales pueden tener visitas ntimas El Tribunal Oral Federal N 2 de Crdoba le orden al Servicio Penitenciario de la provincia que arbitre las medidas necesarias para que los internos homosexuales puedan tener visitas ntimas al igual que los presos heterosexuales. La resolucin surgi a partir de la sancin aplicada a dos presos que fueron encontrados manteniendo relaciones sexuales en una celda. FALLO COMPLETO http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=27937 arriba
Agradesecemos la informacion del DIARIO JUDICIAL
Crdoba, 17 de Noviembre de 2005.-
Y VISTOS:
Las sanciones impuestas en estos autos caratulados: NN D. A. y Otrosp.ss.aa.Infraccin Ley 23.737(EXPTE C-17/03 y C-13/01) a los internos D. A. NN y G. G. NN por mantener relaciones sexuales no autorizadas.-
Y CONSIDERANDO:
1) Que a fs. 17/29 el Servicio Penitenciario informa sobre la sancin impuesta a los internos D. A. NN y G. G. NN, en momentos que el Subadjutor Javier Barrera, que cumple
funcin de Ayudante de inspector de la 1ra Compaa Divisin Seguridad Interna informa que siendo las 16:30 horas del da 31 de agosto y en momentos que se encontraba realizando el control por el permetro externo del ncleo D A1, observo a travs de la ventana de la celda n 12 que los internos NN y NN se encontraban en situacin y circunstancias que se describe en el informe de imposicin de sancin , por lo que se procedi a llamarles la atencin a los internos y a retirarlos del pabelln y conducirlos a celadura central.-
2) Que a fs. 32/55 el Servicio Penitenciario informa sobre
la sancin impuesta a los internos D. A. NN y G. G. NN, en momentos que el Subayudante Miguel Heredia, Adscrito a la 3ra Compaa Divisin Seguridad informa que siendo las 00:30 horas del da 9 de septiembrey en momentos que se encontraba realizando el control externo del pabelln A1, observo a travs de la ventana de la celda n 15 que los internos NN y NN se encontraban en situacin y circunstancias que se describe en el informe de imposicin de sancin, por lo que se procedi a retirarlos del pabelln y conducirlos a celadura central.-
3) Que por la aplicacin de la primera sancin impuesta por la falta disciplinaria tipificada en el art. 4 inc b, Decreto Reglamentario 1293, anexo I de la Ley 8812 de la provincia de Crdoba de adhesin a la Ley Penitenciaria Nacional 24.660, consistente en mantener relaciones sexuales no autorizadas,se le impuso a los internos la sancin disciplinaria de (5) cinco das en celda individual en el pabelln de aislamiento, y que al notificarse de la misma a los causantes ninguno formulo descargo y solo el interno NN apel la sancin impuesta, manifestando el interno NN que no formulaba apelacin de la misma.-
4) Que por la aplicacin de la segunda sancin impuesta por la falta disciplinaria tipificada en el art. 4 inc b, Decreto Reglamentario 1293, anexo I de la Ley 8812 de la provincia de Crdoba de adhesin a la Ley Penitenciaria Nacional 24.660, consistente en mantener relaciones sexuales no autorizadas, se le impuso a los internos la sancin disciplinaria de (7) siete das en celda individual en el pabelln de aislamiento, y que al notificarse de la misma a los causantes ninguno formulo descargo y solo el interno NN apel la sancin impuesta, manifestando el interno NN que no formulaba apelacin de la misma.-
5) Que con fecha 14 de Septiembre y habiendose trado ante el Seor Juez de ejecucion a ambos internos, el interno G. G. NN quien apelo la sancin impuesta por la falta disciplinaria de fecha 31 de Agosto, manifest que el hecho que se les endilga no existi, sealando que en dicha oportunidad se encontraba recostado con el interno D. A. NN en la nica cama existente en la celda 16 del pabelln D2, oportunidad en que el Of. Barrera se hace presente en la celda y les pide que salgan de la misma adjudicandoles el hecho que genero la sancin.
6) Que llegado el momento de efectuar el correspondiente descargo por el que fuera trado ante el Seor Juez de ejecucin, el interno D. A. NNquien apelo la sancin impuesta por la falta disciplinaria de fecha 9 de Septiembre, manifestque el hecho que se les endilga no existi, sealando que en dicha oportunidad se encontraba recostado con el interno Gerardo Gabriel NN en la nica cama existente en la celda, quien es su pareja desde hace (6) seis aos, negando que se encontraran teniendo relaciones sexuales, manifestando que en el tiempo que llevan juntos de detencin nunca han sido sancionados por el motivo indicado en esta oportunidad
7) Que atento al descargo efectuado por los internos ante este Juez de ejecucin se procedi a dejar en suspenso las sanciones apeladas hasta tanto se resuelva la apelacin planteada y que la misma medida fue oficiada en forma urgente al Servicio Penitenciario de Crdoba.-
8) Que corrida la vista, al Seor Defensor Oficial Dr. MarceloArrieta, manifiesta que ante la contradiccin que se plantea entre los dichos delOficial Barrera y el interno G. G. NN, y entre el interno D. A. NN y el Oficial Heredia , resulta imposible determinar conprecisin que el interno NN y NN hayan cometido loshecho, por insuficiencia de elementos probatorios de cargo en la comisin de la infraccin que se le atribuye y que aun surgiendo verosimilitud de los hechos tal como los OficialesBarrera los expusiera, el seor Defensor Oficial entiende que corresponde tener en cuenta que tratandose de la expresin de sexualidad de dos personas llevadas a cabo en un mbito reservado como es la celda
cerrada, haciendo alusin que el hecho se observo a travs de una ventana, la misma debe encontrar amparo en el articulo 19 de la Constitucin Nacional, toda ves que no hay afectacin alguna que al estado interese. Tambin manifiesta el Seor Defensor Oficial que a la falta de pruebas de que el hecho haya existido debe sumarse la no existencia de certificado medico que acredite la verosimilitud de lo constatado, esto seria un certificado medico que acredite que la relacin sexual existi.-
9) Que corrida la vista al Seor Fiscal General, previo a opinar, solicit se oficie al Servicio
Penitenciario a Efectos de que se informe sobre el Rgimen de visitas intimas, horario, modalidad, lugar o pabelln, y de que manera se instrumenta en el caso de personas homosexuales, todo ello conforme lo establece el art. 167 de la Ley 24.660.
10) Que el Servicio Penitenciario informa a fs. de este Para Agregar, que la Ley Penitenciaria Nacional 24660 y el Reglamento Interno del Complejo Carcelario N 1 Rvdo Padre Luchesseno estipulan visitas intimas para internos Homosexuales y acompaa una copia de los artculos 12, 13 y 14 del
reglamento Interno que versa sobre las visitas.
11) Que corrida la vista al Seor Fiscal General Dr. Miguel Angel Rizzotti, este opina que se debe hacer lugar al descargo y dejar si efecto la sancin impuesta, coincidiendo con la defensa en que el hecho llevado a cabo en un mbito cerrado debe encontrar amparo en el Art. 19 de la C.N.: Las acciones privadas de los hombres que de ningn modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero, estn solo reservados a Dios y exentas de las autoridades de los Magistrados. Que el privar al interno de sus visitas intimas y de
sus libres relaciones sexuales, es ir mas all de la pena impuesta en la sentencia y afecta las relaciones personales y la libre eleccin sexual, que hacen al desarrollo integral de la personalidad. Asimismo opina el seor Fiscal General que debe entenderse que jamas puede sancionarse a los internos por mantener relaciones sexuales no autorizadas ya que no se encuentran estipuladas conforme lo informa el Servicio Penitenciario y que jamas podran ser autorizadas. Que las relaciones sexuales entre los internos sancionados no se mantenan en un mbito abierto sino en un mbito cerrado , tanto as que fue necesario que los Empleados de Servicio Penitenciario observaran por la ventana la conducta de los encartadosy no surge que el hecho cometido se haya realizado en horario no permitido , destacando tambin el Seor Fiscal General que el art. 167 de la Ley 24.660 garantiza mantener relaciones intimas de los internos con su cnyuge o con la
persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma que determinen los reglamentos, entendiendo que la enumeracin que expresa la norma no es limitativa y por tanto extensible a personas con una eleccin de sexo diferente u orientacin homosexual, destacando que el nico limite para el ejercicio de un derecho en el mbito penitenciario, esta basado en la seguridad del establecimiento, cuestin que no se vincula con la actividad sexual de los internos ni con su eleccinsexual. Asimismo opina el seor Fiscal General, y a entender de este Tribunal hecha un haz de luz en la cuestin, que estando acreditado en autos que NN y NN son pareja de larga data, y por lo tanto el negarles un rgimen de vistas intimas a una pareja a esta u otra pareja homosexual, implica un trato desigual, contrario a lo dispuesto en el articulo 16 de la Constitucin Nacional.
El Seor Fiscal General sita jurisprudencia comprada sobre el reconocimientoque hace la Corte Constitucional de la Repblica de Colombia al derecho a visitas intimas de homosexuales encarcelados en aquel pas. Ese Alto Tribunalconfirmo sentencias judiciales que autorizaban las llamadas visitas conyugales a una lesbiana detenida en la crcel de Manizales, solicitandole a la Defensora del pueblo iniciar antes de cuatro meses los tramites necesarios para que el Ministerio del interior y justicia de ese pas reglamente las visitas intimas en los centros de reclusin de ese pas. El fallo reconoce las falencias en las reglamentaciones sobre las visitas intimas de los internos con parejas homosexuales y ordena iniciar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la providencia
judicial.
12) Que en virtud del caso planteado y del vaco existente en la Ley penitenciaria Nacional y en el Reglamento Interno penitenciario de la provincia de Crdoba en virtud de que no esta expresamente establecido el derecho de los internos con eleccin sexual distinta u homosexualidad, a mantener visitas intimas con su pareja, es un problema de amplia repercusin, tanto en el mbito jurdico como en el social y familiar, debatiendose en la actualidad el derecho de adopcin por parte de parejas de homosexuales, el derecho de unin civil matrimonial y el derecho de ser beneficiario
de la pensin al cnyuge suprstite por los aportes realizados por su pareja homosexual conviviente al momento de fallecimiento.
13) Que as la cuestin planteada, es necesaria la urgente intervencin de los distintos rganos de Gobierno para readecuar la legislacin vigente a clarificar y determinar con certeza, objetividad y madurez social los mismos. Atendiendo al caso particular que llega a Despacho, este Juez de ejecucin, entiende que la sancin impuesta descripta en los considerando 1,2,3,4 , es de aplicacin por cuanto la misma queda acreditada por lo informado por el Servicio
Penitenciario, que es quien tiene la autoridad para mantener el orden interno de los establecimientos penitenciario, donde la reglamentacin y el cumplimiento de la misma es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la resocializacion del interno en todos los mbitos de la vida mientras dure su detencin para poder lograr una verdadera reinsercin social, en una sociedad que compromete su funcionamiento y el respeto de todos los derechos reconocidos, tanto de la Constitucin Nacional como de los Tratados Internacionales, al cumplimiento de normas y reglamentaciones establecidas que hacen a la convivencia de todos los seres sin distincin de sexualidad, color, nacionalidad, o situacin socioeconmica.
14) Que habiendo sido acreditados los hechos de que los internos fueron observados manteniendo relaciones sexuales no autorizadas, tanto por lo informado por el Oficial Barrera como por el Oficial Heredia y el proceso llevado a cabo para la aplicacin de las sanciones que fueronnotificadas sin recibir descargo alguno y que al ser aplicadas, recibieron apelacin de un solo interno en cada uno de los casos, motivo por el que llegan ante este Tribunal.
15) Que la el argumento que esgrime el seor Defensor Oficial solicitando la aplicacin del principio in dubio pro reo, no es aplicable al rgimen de sanciones y reglamentos internos que hacen a la seguridad de un establecimiento penitenciario, por cuanto esto seria atacar la formacin, capacitacin, idoneidad, y labor de todo el sistema penitenciario del pas por cuanto el mayor numero de faltas que se traducen en alguna sancin para un interno se producen en un solo instante, mayormente frente al empleado del servicio que llama la atencin por la falta que se esta cometiendo, haciendose imposible la constatacin de la misma por medio de testigos en un rgimen donde los internos ante hechos de este tipo y aun mas graves actan de manera corporativa respetando a rajatabla los
pactos de silencio y el no delatar a ningn compaero de celda o pabelln, y menos aun denunciar algn hecho que pueda derivar en sancin , agravar la situacin de algn otro interno o derivar en represalias a su persona. Justamente en los mismos reglamentos de aplicacin de medidas y sanciones estn los contrapesos legales para evitar las arbitrariedades y excesos que se pudieran suscitar como son los controles mdicos, que se realizan antes y despus de cada traslado o movimiento del interno derivado de sancin o medida, la posibilidad de efectuar el descargo por escrito que se eleva a cada Juez de ejecucin interviniente ya sea en el proceso como en la ejecucin de la condena, como as tambin la posibilidad de apelar ante las autoridades judiciales correspondientes la sancin impuesta por el Servicio Penitenciario.
16) Que tampoco es violatorio del articulo 19 de la C.N. la aplicacin de los reglamentos internos como as la Ley 24.660, por cuanto los mismo estn establecidos para mantener y encauzar la conducta de los internos, y las visitas intimas estn regladas en funcin de la mantencin del orden, la profilaxis, y la salud de los internos y que a opinin de este Juez de ejecucin debera ser de aplicacin mas celosa en un pabelln de homosexuales, donde justamente por seguridad de los mismo se separan del resto de la poblacin penitenciaria para evitar posibilidad alguna de abuso. Por lo tanto los internos deben adecuarse a las reglamentaciones vigentes incluso a la regulacin de las visitas intimas que si bien no estn siendo de aplicacin efectiva en
el caso de internos homosexuales, no se encuentra diferenciada la condicin de heterosexual u homosexual en el texto de la Ley o delReglamento Interno, pero esto no autoriza a los internos a mantener relaciones sexuales en mbitos distintos a los que estn establecido para todos los internos, por lo tanto el debate y la implementacin se debe producir por los carriles legales correspondientes solicitando al Servicio Penitenciario el derecho a mantener visitas intimas, y en caso de que el mismo sea negado, solicitar la intervencin, en resguardo de ese derecho, al Seor Juez de ejecucincompetente, hecho o situacinque en este caso particular no se ha dado. No existen constancias de que la visitas intimas se hayan solicitado ante el Servicio Penitenciario y tampoco ante este Juez de ejecucin.
17) Que si bien el Servicio Penitenciario interpreta e informa, que ni la Ley 24.660, ni el Reglamento Interno del Servicio Penitenciario de Crdoba estipulan visitas intimas de internos homosexuales, este Juez de ejecucin opina que es tal cual lo menciona, una cuestin de interpretacin ya que tampoco las prohbe expresamente, y que si bien al momento de aprobarse la ley, o en el espritu que llevo a la sancin de la misma el legislador no tuvo en cuenta esta situacin, tampoco fue acotada en distincin de condiciones sexuales en el texto de la misma, no encontrando en forma
expresa en el texto de la ley impedimento para la reglamentacin interna de visitas intimas para los internos homosexuales.
18) Que analizando, este Juez de ejecucin, el escrito del Seor Fiscal General Dr. Miguel ngel Rizzotti, a fs 82/83vta de autos este comparte algunos criterios con el Seor Defensor Oficial, vertidos en el mismo por cuanto que el privar al interno de sus visitas intimas, y de sus libres
relaciones sexuales, es ir mas all de la pena impuesta en la sentencia y afectar de este modo las relaciones personales y la libre eleccin sexual que hacen al desarrollo integral de la personalidad. Sin embargo este Juez de ejecucin,no comparte el criterio de que no puede fundamentarse una sancin en mantener relaciones sexuales no autorizadas por cuanto las mismas no estn estipuladas y por lo tanto no pueden ser autorizadas, ya que el reglamento interno estipula y reglamenta el rgimen de visitas intimas sin distinguir orientacin sexual, y ademsno surge de autos que las mismas hayan sido solicitadas y mucho menos hayan sido negadas por las Autoridades del Servicio Penitenciario.-
19) Que por encontrarse reglamentada la visita intima para los internos, es de aplicacin la sancin impuesta a los internos por cuanto mas all de que el hecho se haya producido en una celda o como lo manifiesta el Seor Fiscal General ...no estaban manteniendo relaciones sexuales en un mbito abierto... ...y no surge que el hecho fuera cometido en horario no permitido este Juez de ejecucin, entiende el hecho se sucedi fuera de toda autorizacin, fuera del lugar establecido para las visitas intimas, conforme se aplica para la poblacin carcelaria, debiendo cumplimentarla acreditacin de la relacin sentimental, al puntaje de conducta correspondiente mantenida por los internos, todas estas condiciones que son exigidas a la
totalidad de la poblacin carcelaria y que no justifica que la condicin de homosexuales y su alojamiento en un pabelln al efecto, les diferencie del resto y les permita mantener relaciones sexuales en las celdas, a la vista del los otros internos y en el momento que los internos determinen y sin las medidas de seguridad y profilaxis exigidas.
20) Que acierta de manera impecable el Seor Fiscal General al interpretar el articulo 167 de la Ley 24.660 destacando que el mismo garantiza mantener relaciones intimas de los internos con su cnyuge o a falta de este con la persona con quien
mantiene vida marital permanente en la forma que determinen los reglamentos, entendiendo que la enumeracin que expresa la norma no es limitativa y por lo tanto extensible a personas con una eleccin de sexo diferente u orientacin homosexual , destacando que el nico limite para el ejercicio de un derecho en el mbito penitenciario, esta basado en la seguridad del Establecimiento, cuestin que no se vincula con la actividad sexual de los internos ni con su eleccin sexual.-
21) Que expuestos as los considerandos este Juez de ejecucin
entiende que las sanciones aplicadas a los internos G. G. NN y D. A. NN, son ajustadas a la normativa vigente del reglamento interno del Servicio Penitenciario de la Provincia de Crdoba, no encontrando en la norma impedimento alguno para que se hagan efectivas, en igualdad de trato, conforme a los derechos y obligaciones de toda la poblacin carcelaria, especialmente en lo atinente a las visitas intimas que deben ser solicitadas acreditando la relacin sentimental de los internos, que cumplidas estas condiciones no hay impedimento alguno para que las visitas intimas se lleven a cabo en igualdad de situacin , condicin, lugar, seguridad y profilaxis que el resto de los internos.
22) Que advirtiendo que el comportamiento de los internos, quienes han sido encontrados en dos oportunidades manteniendo relaciones sexuales no autorizadas, podra entorpecer la conducta general del pabelln donde se encuentran alojados, este Juez de ejecucin no encuentra objecin respecto a que sean alojados en celdas separadas en pos del cumplimiento de los Reglamentos internos, pero entiende que el Servicio Penitenciario debe arbitrar las medidas necesarias para que los internos del pabelln de homosexuales tengan en igualdad de condiciones, las visitas intimas, conforme lo establece
el art. 71, 73,74, 75, 76, 77, 78,del decreto 1136/97 de ejecucin de la pena privativa de la libertad.
Por lo expuesto, el Seor Juez de ejecucion :
RESUELVE:
1) Hacer efectivas la sanciones impuestas por el Servicio Penitenciario a los internos D. A. NN y G. G. NN en resguardo de las normas contenidas en la Ley 24.660, decreto 1136/97 y del Reglamento interno del Servicio Penitenciario de Crdoba, por haber mantenido relaciones sexuales no autorizadas.
2) Ordenar al Servicio Penitenciario que arbitre las medidas necesaria a los efectos de que se implemente el modo de visitas intimas en el pabelln de homosexuales en igualdad de condiciones que los establecidos
para el resto de la poblacin carcelaria, dejando a su arbitrio el mantener a internos, que sonpareja, en celdas separadas cuando con esta medida se resguarde el orden interno del pabelln y beneficie la conducta general de los internos.
3) Notificar a los internos D. A. NN y G. G. NN que debern solicitar las visitas intimas conforme los establecen los reglamentos carcelarios en igualdad de condiciones y requisitos que el resto de la poblacin carcelaria, debiendo cumplir para ello con todas las medidas de seguridad, profilaxis y requisitos
de conducta y cumplimentar lo solicitados a esos efectos.-
De: "FUNDESO" <fundeso@...> A: <bibliotecapopsuquia@...> Asunto: Argentina Un juez autoriza visitas ntimas para dos de tenidos homosexuales Fecha: Tue, 29 Nov 2005 13:43:01 -0300
Un juez autoriza visitas ntimas para dos detenidos homosexuales
La medida, adoptada por un juez en Crdoba, es indita. Los presos haban sido castigados por mantener relaciones en forma clandestina. Uno de ellos recurri a la Justicia,
que le dio la razn. El fallo slo se aplica en este caso, pero establece un precedente.
Lo que se inici como una historia de amor que se desarrollaba en la clandestinidad termin transformndose en la lucha por un derecho. A partir de la presentacin judicial de una pareja homosexual que se encuentra privada de su libertad en una crcel de la provincia de Crdoba, la Justicia los autoriz a travs de un fallo indito a tener visitas ntimas, igual que como ocurre con los heterosexuales. A pesar de que la medida no tiene un alcance general, la decisin judicial establece un precedente para que otras parejas soliciten las visitas. Un interno homosexual del Complejo Carcelario N 1 Reverendo Padre Luchesse haba sido sorprendido por los guardias cuando mantena relaciones sexuales con su novio, con quien tiene una relacin de seis aos y haba sido detenido junto con l. Ante esa situacin, las autoridades del penal les impusieron un castigo de cinco y de
siete das en celda de aislamiento, respectivamente. La pareja consider que la determinacin era injusta y uno de ellos recurri a su juez de ejecucin de sentencia, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Crdoba, Jos Prez Villalobo, para apelar la sancin. Con esa presentacin judicial comenz a asomar la discriminacin a la que el sistema carcelario somete a los presos homosexuales. Tanto el fiscal del caso, Miguel Angel Rizzo-tti, como el defensor oficial, Marcelo Arrieta, preguntaron al Servicio Penitenciario de la provincia cmo era el rgimen de visitas ntimas que tena la pareja y que podran haber violado. La respuesta fue contundente: La ley penitenciaria nacional 24.660 y el reglamento interno del Complejo Carcelario N 1 Reverendo Padre Luchesse no estipulan visitas ntimas para internos homosexuales. De modo que no podan estar incumpliendo aquello que no existe. El fiscal consider que el privar al interno de sus visitas ntimas y de sus
libres relaciones sexuales es ir ms all de la pena impuesta en la sentencia y afecta las relaciones personales y la libre eleccin sexual, que hacen al desarrollo integral de la personalidad. A partir de la presentacin, comenzamos a analizar qu dicen los reglamentos y la ley y observamos que hay un vaco en cuanto al tratamiento de los homosexuales en los penales donde cumplen condenas, explic a Pgina/12 el juez Villalobo. Y asegur que la ley tampoco prohbe expresamente las visitas ntimas entre homosexuales, por lo que se trata de una cuestin de interpretacin, indic. Aunque el juez orden que se mantengan las sanciones porque de acuerdo con lo que est acreditado en autos, se los haba encontrado haciendo el amor en lugares no adecuados, tambin estableci que si ellos piden, como cualquier pareja, tener relaciones sexuales en lugares, formas y momentos en que el Servicio (Penitenciario) lo disponga, siempre de acuerdo con la ptica de la seguridad que
deben tener, que se lo permitan. Lo que buscamos por medio de un anlisis antidiscriminatorio fue no aplicarles otra condena, que sera no permitirles ver a sus afectos, explic el juez a este diario. Adems, afirm que el caso es un precedente que podra hacer que aparezcan otros similares, y con el tiempo hasta sera de esperar que se modifique la ley penitenciaria. Es un fallo atpico y de vanguardia, tendiente a la defensa de uno de los derechos humanos, como es el de la sexualidad, de quienes se encuentran privados de la libertad, se alegr ante este diario Daniel Barberis, de la Fundacin de Detenidos Sociales (Fundeso). No hay una poltica del SP al respecto y por eso tuvieron que recurrir a la Justicia. Demostraron valenta al enfrentar la visin retrgrada del sistema penitenciario. El tema es ahora ver cmo vamos a hacer para que se cumpla el fallo en ese contexto tan desfavorable, seal.
Informe: Lucas Livchits.
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MARTHA MIRAVETE
CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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Adjuntamos la informacion de la situacion de Cordoba, la que es grave y no debe ocurrir sabiendo que en este momento existen personas las que supuestamente son garantistas, y no ven lo que las organizaciones no gubernamentales les informan, hace meses, teniendo en cuenta que esto no
es de ahora sino de aos, de mala atencion, accion, mala praxis y ahora ademas violencia en la poblacion de menores adultas en la Unidad 3 ( menores en los tubos golpeadas y acosadas por jefas de la undiad).
Dr. Federico Ramos y Dr Dualde, Dr Mugolo, le pedimos que intervengan en la situacion que se vive en todas la Unidades.
Cambios ya!!!!!!!!!!!!! y sancion a las personas del SPF que no cumplen en sus funciones.
FUNDESO <fundeso@...> escribi:
Informe N 3
Crdoba 28 de noviembre 2005
LA SITUACIN DE LOS DETENIDOS EN HUELGA DE HAMBRE SE HA COMPLICADO. LOS OBLIGAN A LEVANTAR LA MEDIDA Y LOS SANCIONAN DESNUDOS.
En el penal del Barrio San martn han obligado a los detenidos huelguistas a abondonar la medida trasladndolos a un pabelln sin sus pertenencias , ni medicamentos y en algunos casos desnudos o semidesnudos, a la espera de ser trasladados al penal de Bower a lugares de castigo.
La actitud del Poder Ejecutivo Provincial de Crdoba, es violatoria de los DD
HH y hemos de presentar los incidentes judiciales correspondientes a esta actitud cuasi salvaje del Estado contra los particulares detenidos que estn al " cuidado" del Gobierno Provincial en las crceles .
Por su parte, la Secretara de DD HH de Nacin, por expresa indicacin del Dr. Eduardo L. Duhalde, ha tomado contacto con FUNDESO Nacional y FUNDESO Crdoba, para interiorizarse de la situacin.
Esperamos que la presencia de este rea del Gobierno Nacional, sirva para garantiar la salud y la vida de los detenidos en conflicto.
Subject: DESESPERANTE ESTADO DE SALUD DE PRESOS HUELGUISTAS DE CRDOBA . Ms de mil presos en Huelga de Hambre en tres crceles de Crdoba
Informe de prensa N 2
Crdoba 28 de noviembre 2005
ABANDONADOS A SU SUERTE LOS PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE DE TRES PENALES CORDOBESES, COMIENZAN A SUFRIR GRAVE DETERIORO FSICO.UN DETENIDO DE VILLA MARA EST EN MAL ESTADO DE SALUD.
Sin atencin mdica ni interlocucin con las autoridades polticas del gobierno cordobs, ms de 600 detenidos sociales de tres penales de la provincia ( Bower, San Martn y Villa Mara) comienzan a padecer graves deterioros fsicos, este es el caso del detenido ALBERTO OMAR RAMOS que cumple la huelga de hambre "seca" en Villa Mara y no ha recibido atencin mdica que garantice su derecho a la salud y haga cumplir al Estado su deber de garante en el cuidado y atencin de las personas a su guarda. Ramos ha perdido casi 7 kg. y comienza a sufrir trastornos en sus funciones vitales sin que las autoridades se hayan sensibilizado con esta gravsima situacin.
Los detenidos reclaman la presencia de las autoridades provinciales y tambin la del Delegado Provincial de la Secretara de DD HH de la Nacin, ENRIQUE ESBERT, quienes hasta el momento no han tomado cartas en el asunto.
Los abogados de FUNDESO Filial Crdoba, estn recorriendo los 3 penales y luego de recabar in situ el estado de situacin imperante, disearn la estrategia jurdica al respecto.
La crisis carcelaria sigue hundida en un pozo del cual el Estado no la logra sacar.
Gracias por la difusin
Fundeso Crdoba
Juan Carlos Sarmiento
0351 15 555 9877
Fundeso Nacional
Vctor lvarez
011 4951 5037
-- Mensaje Original -- Enviado por: <fundeso@...> Fecha:24/11/2005 15:57:05 Para: dani<fundesocordoba@...> Ttulo: Ms de mil presos en Huelga de Hambre en tres crceles de Crdoba
informe de
prensa n 1
Crdoba,24 de noviembre 2005
MS DE MIL PRESOS SOCIALES COMENZARON UNA HUELGA DE HAMBRE EN TRES CRCELES DE LA PROVINCIA DE CRDOBA POR MEJORAS EN LA ATENCIN MDICA
Anoche comenz un reclamo en las crceles de San Martn, Bower y Villa Mara de ms de mil Detenidos Sociales que peticionan por medio de una Huelga de Hambre sin ingesta de lquidos ni alimentos, conocida esta modalidad como
"huelga seca", para llamar la atencin de las autoridades Judiciales y Ejecutivas de la Provincia, segn informaron familiares de los huelguistas a la Filial Crdoba de la Fundacin por los Detenidos Sociales -FUNDESO -.
Muchos de los 400 detenidos en protesta del penal de Bower, fueron trasladados a la zona de mxima seguridad de la Unidad carcelaria, sin sus pertenencias y hasta semi desnudos, narraron los familiares a FUNDESO.
Solicitan por medio de un escrito presentado al Servicio Penitenciario Provincial y a la Justicia de Turno, la reglamentacin del art. 108 de la Ley de Ejecucin Penal 24.660, Conmutaciones de penas por la incapacidad del Estado en atenderlos, mejoras de fondo en la psima atencin mdica que reciben, y mejores condiciones de alimentacin en general y para los pacientes con VIH SIDA en particular.
Fundeso filial Crdoba, hace
responsable a las autoridades penitenciarias y de la Justicia , por la integridad fsica de los huelguistas.
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MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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SUBSECRETARIO DE POLTICA CRIMINALCC: Dr. Federico Ramos
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
DR. ALEJANDRO SLOCKAR
S/D
De mi mayor consideracin:
Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carcter de Organizacin no gubernamental, reconocida Nacional e internacionalmente, a los efectos de:
Habiendo hablado
personalmente en VI Seminario Internacional sobre Probation Modalidades de la Ejecucin Penal, Encuentro Federal de Patronatos de Liberados, en el que no pudimos estar los dos das de Jornada por la exposicin de un Stand en el Congreso de la SAS en La Plata en el 7 Simposio de Sida en Argentina, donde hemos presentado el diario SALSA VIDA Y SALUD,la AGENDA 2006 con poemas y dibujos de pares, mas los micro-emprendimientos de lana e hilo, remeras, cermica fra y pster de nuestro trabajo desde 1998 hasta la fecha.
Nos informe de la nueva reunin la que usted me hizo mencin con respecto a la situacin de encierro de nuestros / as pares, pues as tambin comunico a todas las personas y Organizaciones que se encuent5ran involucradas hace aos, en esta bsqueda
Garantistas de mejoras de atencin a personas en encierro.
Ya que hasta la fecha, es mas represiva la situacin de las personas en los lugares de encierro, siguen los golpes de saludos al ingresar a las Unidades provinciales, ya no existe los derechos de beneficios en la progresividad de la condena y lo lamentable es la impunidad que tienen algunas personas como Claudia Sobrero que ha sido negada la tutora desde esta ONGya sido denunciada por amenazas y por no cumplir sus salidas viniendo a nuestra institucin con otras dos personas para amenazarnos, y ella si puede ser invitadas a otras Unidadesa ver a otros detenidos, teniendo en cuenta que esta ONG hasta la fecha, no ha tenido
respuesta de su ingreso a realizar la contencin a personas que son de voluntarias multiplicadoras de salud, derechos.Otras personas esperan una audiencia con el Director de la Unidad o con su juez por problemas familiares gravesy no son escuachadas. Solicitar denuncias que se hicieron al Dr Ramos en su visita a la Unidad 3.
Es por eso que, a travs de este medio esperamos que nos de una respuestadenuestro ambicioso proyectos, el que hasta la fecha no se ha dado respuesta y seguimos
esperando el compromiso del Estado con las Organizaciones involucradas en el TRABAJO, CONTENCIN, SEGUIMIENTO, PREVENCIN DE LA SITUACIN DE PERSONAS EN ENCIERRO DETENIDOS/AS POR UNA CAUSA JUDICIAL y ademas adjuntamos Huelga de Hambre de Personas privadas de libertad en Cordoba y que se tomen medidas sobre la situacion en Rosario, el que lleva el caso los compaeros/as de FUNDESO.
MARTHA MIRAVETE CICERO
ALEJANDRO BRACONI
Colegas:
Para su informacin sobre la difcil situacin que viven los detenidos en esta provincia de Crdoba.
Biblioteca Popular Suqua
informe de prensa
Crdoba,24 de noviembre 2005
MS DE MIL PRESOS SOCIALES COMENZARON UNA HUELGA DE HAMBRE EN TRES CRCELES DE LA PROVINCIA DE CRDOBA POR MEJORAS EN LA ATENCIN MDICA
Anoche comenz un reclamo en las crceles de San Martn, Bower y Villa Mara de ms de mil Detenidos Sociales que peticionan por medio de una Huelga de Hambre sin ingesta de lquidos ni alimentos, conocida esta modalidad como "huelga seca", para llamar la atencin de las autoridades Judiciales y Ejecutivas de la Provincia, segn informaron familiares de los huelguistas a la Filial Crdoba de la Fundacin por los Detenidos Sociales -FUNDESO -.
Muchos de los
400 detenidos en protesta del penal de Bower, fueron trasladados a la zona de mxima seguridad de la Unidad carcelaria, sin sus pertenencias y hasta semi desnudos, narraron los familiares a FUNDESO.
Solicitan por medio de un escrito presentado al Servicio Penitenciario Provincial y a la Justicia de Turno, la reglamentacin del art. 108 de la Ley de Ejecucin Penal 24.660, Conmutaciones de penas por la incapacidad del Estado en atenderlos, mejoras de fondo en la psima atencin mdica que reciben, y mejores condiciones de alimentacin en general y para los pacientes con VIH SIDA en particular.
Fundeso filial Crdoba, hace responsable a las autoridades penitenciarias y de la Justicia , por la integridad fsica de los huelguistas.
Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carcter de integrantes de la Organizacin No Gubernamental, GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA-FORO DE VIH-MUJERES Y FAMILIA, reconocida nacional e internacionalmente, para manifestar nuestro repudio a ciertas acciones y gestiones de reas que estn a su cargo, que agravian en gran medida la lucha permanente por la vigencia y prctica de los derechos humanos elementales para las personas en situacin de encierro desde los sectores involucrados.
Hemos sido informados de que sectores del Ministerio de Justicia, especficamente el correspondiente a Polticas Penitenciarias, a cargo del Dr. Federico Ramos y laDirectora del Programa de Salud VIH,Dra. Celia Weistein, han convocado una reunin en el da lunes, cuyo objetivo era el tratamiento de la reforma del controvertido Art. N 33 de la Ley N 24.660, sin contemplar el importante aporte de nuestra organizacin que, como es de conocimiento de los citados funcionarios, participa como miembro activo de la Mesa Nacional de Salud en Crceles, en el mbito del Ministerio de Salud de
la Nacin.
Esta postura, que tachamos de discriminatoria, nos llena de preocupacin toda vez que no se ha tomando en cuentalaexperiencia en el tema desarrollado durante varios aos de los que no participamos en la jornada, respaldado por reuniones y trabajos realizados en forma conjunta entre la ONG y el Ministerio de Salud de la Nacin, en los cuales han participado tambin funcionarios del rea de Derechos Humanos como as tambin del rea de Justicia.
As mismo vemos que los citados
funcionarios soslayan e ignoran de exprofesoa la Comitiva de Argentina, que fue invitada al encuentro de CONCASIDAy Foro 2005 de El Salvador, realizado los das 7 al 11 de este mes, conformada entre otros por integrantes del Ministerio de Salud de la Nacin Dr. Leibovich, Dra. Hamilton y equipo, de laSecretariade Salud de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires - Dr. Sergio Maulen y equipo,el referente del Conosur de ONUSIDA Dr Zessler, y en representacin de la sociedad civil con trabajo especfico crceles las siguientes ONGs:AMAR - ATTTA CRUZ ROJA - HUSPED INTILLAS FUNDESO - GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA , (esta dos ultimas con experiencia emprica y de representantes en la temtica de
encierro).
Como antecedentes valederos de cogestin, que avalan nuestro reclamo podemos citar los siguientes eventos en los que participaron en forma conjunta integrantes del Gobierno Nacional, representantes de Onusida y las ONG, a saber;
1 Proyecto PAF (2002-2003), tratamiento del tema Crceles y VIH SIDA, avances en la prevencin y en el mejoramiento de la asistencia en Crceles Argentinas. Este proyecto fuerealizado en lugares de encierro pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal y a otras jurisdicciones provinciales como Crdoba, Santa Fe.
2 - La reunin del da 18 de
diciembre de 2003 a las 14,30 en sede de ONUSIDA, sita en Marcelo T. de Alvear 684, 8 piso, en la que participaron entre otros concurrentes, el Dr. Vzquez Acua, el Dr. Pedro Cahn, el Dr. Cueto, el Dr. Arnaldo Casiro, la Dra. Laura Astarloa, el Dr. Jorge Benetucci, el Dr Oyon del Ministerio de Salud, el Dr Godoy y la Dra. Celia Weinstein del Ministerio de Justicia de la Nacin, y los representantes de las Organizaciones no gubernamentales, Daniel Barbieres por Fundeso, la Sra Martha Miravete Cicero por el GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA. En este evento sobre la modificacin del art. N 33nos correspondi ejercer la funcin de monitoreadores, cuyo informe final est en el digesto editado por Onusida.
(adjunto acta ACTA DE LA REUNION DESTINADA A LA REFORMA DE LA: LEY DE EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD)
3 El da 10 de febrero de 2005, se rene la Comisin de Crceles, convocada por el Ministerio de Salud de la Nacin, en sede del mismo, contando con la presencia dela Dra. Gabriela Hamilton, Directora del Programa Nacional del Lucha contra los R.H., SIDA y ETS; el Dr. MartnVzquez Acua, Juez Federal de la Nacin; el Sr. Lisandro Orlov, representante de LACASO, la Sra. Marta Miravete Cicero y el Sr. Hugo Corral, representantes del Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia;el Lic. Diego Cusanoen representacin de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,la Lic. Gabriela de la Iglesia, de ONUSIDA; la Srta. Mariana Fontenla, del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacin; los Sres. Norberto Musich yFrancisco Mugnolo de la Procuracin Penitenciaria Federal; y la Sra. Irene Priegue, la Sra. Marisa Sadi, y el Dr. Carlos Oyon, del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nacin. Teniendo en cuenta que desde este espacio se pretende instrumentar el proyecto Intervenciones en materia de Asistencia y Prevencin en VIH/SIDA en Unidades Carcelarias provinciales y federales. Lamentablemente hasta la fecha ningn funcionario representa al Ministerio de Justicia de la Nacin en este importante foro.
4LA JORNADA SOBRE LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA LEY DE EJECUCIN PENAL PARA DISPONER LA DETENCIN DOMICILIARIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: A PROPSITO DEL VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES (ART. 33 LEY 24.660), que se realiz el da 2 de junio, en el Saln Azul de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin - Hiplito Yrigoyen 1849 -
con el auspicio deONUSIDA y la coordinacin del Dr. Martn Vazquez Acua. Este importante evento fueorganizado por la Comisin de Justicia y Asuntos Penales de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin y la Fundacin de Estudios para la Justicia FUNDEJUS, y como invitados especiales concurrieron: Jorge A. Agundez (Senador Nacional); Salvador D. Bergel (Profesor); Rodrigo Diego Borda (CELS); Arnaldo Casir (Mdico Infectlogo); Diana Conti (Senadora Nacional); Jorge Cueto (h) (Mdico Infectlogo); Norberto Hernn Damiani (Diputado Nacional); Francisco Maglio (Profesor); Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario); Martha Miravete Cicero (Org. Grupo de Mujeres Argentinas); Elias Neuman (Criminologo); Juan Carlos Sarmiento (FUNDESO); Alejandro Slokar
(Subsecretario de Poltica Criminal); Adriana Van Kraull (Org. Mara de las Crceles); Martn Vzquez Acua (Juez de Cmara). Contando adems con la presencia del Dr. Axel Lpez, juez interino a cargo del Juzgado de Ejecucin Penal Federal n 3, quin adopt una postura contraria al nimo garantista y humano de la convocatoria para asegurar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la aplicacin de la ley privativa de la libertad.
Adems, elevamos a su conocimiento nuestra constante preocupacin por las reiteradas transgresiones que se realizan en el contexto penitenciario federal, que lamentablemente por razones que ignoramos no llegan a Ud., situaciones tales como: traslados compulsivos, hacinamiento in creciendo, falta de infraestructura para discapacitados (NO SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIN), falta de infraestructura para la atencin sanitaria de las personas en encierro agravado ello en el caso de los estados terminales, falta de tratamientos de adherencia de VIH, TBC, TMI y HEP, la edicin de informes psiquitricos sin atencin mdica, denuncias telefnicas de venta de
beneficios a los privados de libertad, tales como alojamiento en pabellones y celdas no conflictivos, informes criminolgicos, permanencias, visitas higinicas, etc.
Por lo expuesto, que es en definitiva slo una sntesis de nuestro trabajo sobre y en el contexto de encierro nacional y provincial,solicitamos a Ud. se tomen las medidas necesarias para evitar en el futuro que desde ese importante estamento gubernamental se adopten posturas reidas con la tica y buenas costumbres, que lesionan los derechos fundamentales que emergen de nuestra Carta Magna y que sustentan la plena vigencia de un estado de derecho, tales como el derecho a la no discriminacin, el derecho a la no persecucin ideolgica y fundamentalmente para nosotros/as
el derecho inalienable a la vida, del que tambin gozan las personas privadas de libertad.
Sin mas que agregar, y a la espera de una pronta respuesta, saludan a Ud. muy atte.
MARTHA MIRAVETE CICERO PRESIDENTA
ALEJANDRO BRACONI SECRETARIO
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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SUBSECRETARIO DE POLTICA CRIMINALCC: Dr. Federico Ramos
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
DR. ALEJANDRO SLOCKAR
S/D
De mi mayor consideracin:
Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carcter de Organizacin no gubernamental, reconocida Nacional e internacionalmente, a los efectos de:
Habiendo hablado
personalmente en VI Seminario Internacional sobre Probation Modalidades de la Ejecucin Penal, Encuentro Federal de Patronatos de Liberados, en el que no pudimos estar los dos das de Jornada por la exposicin de un Stand en el Congreso de la SAS en La Plata en el 7 Simposio de Sida en Argentina, donde hemos presentado el diario SALSA VIDA Y SALUD,la AGENDA 2006 con poemas y dibujos de pares, mas los micro-emprendimientos de lana e hilo, remeras, cermica fra y pster de nuestro trabajo desde 1998 hasta la fecha.
Nos informe de la nueva reunin la que usted me hizo mencin con respecto a la situacin de encierro de nuestros / as pares, pues as tambin comunico a todas las personas y Organizaciones que se encuent5ran involucradas hace aos, en esta bsqueda
Garantistas de mejoras de atencin a personas en encierro.
Ya que hasta la fecha, es mas represiva la situacin de las personas en los lugares de encierro, siguen los golpes de saludos al ingresar a las Unidades provinciales, ya no existe los derechos de beneficios en la progresividad de la condena y lo lamentable es la impunidad que tienen algunas personas como Claudia Sobrero que ha sido negada la tutora desde esta ONGya sido denunciada por amenazas y por no cumplir sus salidas viniendo a nuestra institucin con otras dos personas para amenazarnos, y ella si puede ser invitadas a otras Unidadesa ver a otros detenidos, teniendo en cuenta que esta ONG hasta la fecha, no ha tenido
respuesta de su ingreso a realizar la contencin a personas que son de voluntarias multiplicadoras de salud, derechos.Otras personas esperan una audiencia con el Director de la Unidad o con su juez por problemas familiares gravesy no son escuachadas. Solicitar denuncias que se hicieron al Dr Ramos en su visita a la Unidad 3.
Es por eso que, a travs de este medio esperamos que nos de una respuestadenuestro ambicioso proyectos, el que hasta la fecha no se ha dado respuesta y seguimos
esperando el compromiso del Estado con las Organizaciones involucradas en el TRABAJO, CONTENCIN, SEGUIMIENTO, PREVENCIN DE LA SITUACIN DE PERSONAS EN ENCIERRO DETENIDOS/AS POR UNA CAUSA JUDICIAL y ademas adjuntamos Huelga de Hambre de Personas privadas de libertad en Cordoba y que se tomen medidas sobre la situacion en Rosario, el que lleva el caso los compaeros/as de FUNDESO.
MARTHA MIRAVETE CICERO
ALEJANDRO BRACONI
Colegas:
Para su informacin sobre la difcil situacin que viven los detenidos en esta provincia de Crdoba.
Biblioteca Popular Suqua
informe de prensa
Crdoba,24 de noviembre 2005
MS DE MIL PRESOS SOCIALES COMENZARON UNA HUELGA DE HAMBRE EN TRES CRCELES DE LA PROVINCIA DE CRDOBA POR MEJORAS EN LA ATENCIN MDICA
Anoche comenz un reclamo en las crceles de San Martn, Bower y Villa Mara de ms de mil Detenidos Sociales que peticionan por medio de una Huelga de Hambre sin ingesta de lquidos ni alimentos, conocida esta modalidad como "huelga seca", para llamar la atencin de las autoridades Judiciales y Ejecutivas de la Provincia, segn informaron familiares de los huelguistas a la Filial Crdoba de la Fundacin por los Detenidos Sociales -FUNDESO -.
Muchos de los
400 detenidos en protesta del penal de Bower, fueron trasladados a la zona de mxima seguridad de la Unidad carcelaria, sin sus pertenencias y hasta semi desnudos, narraron los familiares a FUNDESO.
Solicitan por medio de un escrito presentado al Servicio Penitenciario Provincial y a la Justicia de Turno, la reglamentacin del art. 108 de la Ley de Ejecucin Penal 24.660, Conmutaciones de penas por la incapacidad del Estado en atenderlos, mejoras de fondo en la psima atencin mdica que reciben, y mejores condiciones de alimentacin en general y para los pacientes con VIH SIDA en particular.
Fundeso filial Crdoba, hace responsable a las autoridades penitenciarias y de la Justicia , por la integridad fsica de los huelguistas.
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MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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La Fundacin por los Detenidos Sociales hace suya las preocupaciones manifestadas en el escrito dirigido al Ministro Iribarne.
El principio MIPA de involucramiento de las personas afectadas en la toma de decisiones
y los acuerdos de UNGASS, hacen clara referencia a la indispensable convocatoria de la Sociedad Civil para ampliar, junto al Estado, la Respuesta Social a la Pqandemia del SIDA.
Es inadmisible a esta altura del tremendo desarrollo de la infeccin por SIDA, que los funcionarios con poder de decisin, ignoren a los actores sociales con experiencia en el tema.
Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carcter de integrantes de la Organizacin No Gubernamental, GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA-FORO DE VIH-MUJERES Y FAMILIA, reconocida nacional e internacionalmente, para manifestar nuestro repudio a ciertas acciones y gestiones de reas que estn a su cargo, que agravian en gran medida la lucha permanente por la vigencia y prctica de los derechos humanos elementales para las personas en situacin de encierro desde los sectores involucrados.
Hemos sido informados de que sectores del Ministerio de Justicia, especficamente el correspondiente a Polticas Penitenciarias, a cargo del Dr. Federico Ramos y laDirectora del Programa de Salud VIH,Dra. Celia Weistein, han convocado una reunin en el da lunes, cuyo objetivo era el tratamiento de la reforma del controvertido Art. N 33 de la Ley N24.660, sin contemplar el importante aporte de las organizacines que, como es de conocimiento de los citados funcionarios, participan como miembro activo de la Mesa Nacional de Salud en Crceles, en el mbito del Ministerio de Salud de la Nacin.
Esta postura, que tachamos de discriminatoria, nos llena de preocupacin toda vez que no se ha tomando en cuentalaexperiencia en el tema desarrollado durante varios aos de los que no participamos en la jornada, respaldado por reuniones y
trabajos realizados en forma conjunta entre la ONGs y el Ministerio de Salud de la Nacin, en los cuales han participado tambin funcionarios del rea de Derechos Humanos como as tambin del rea de Justicia.
As mismo vemos que los citados funcionarios soslayan e ignoran de exprofesoa la Comitiva de Argentina, que fue invitada al encuentro de CONCASIDAy Foro 2005 de El Salvador, realizado los das 7 al 11 de este mes, conformada entre otros por integrantes del Ministerio de Salud de
la Nacin Dr. Leibovich, Dra. Hamilton y equipo, de laSecretariade Salud de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires - Dr. Sergio Maulen y equipo,el referente del Conosur de ONUSIDA Dr Zessler, y en representacin de la sociedad civil con trabajo especfico crceles las siguientes ONGs:AMAR - ATTTA CRUZ ROJA - HUSPED INTILLAS FUNDESO - GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA , (esta dos ultimas con experiencia emprica y de representantes en la temtica de encierro).
Como antecedentes valederos de cogestin, que avalan nuestro reclamo podemos citar los siguientes eventos en los que participaron en forma conjunta integrantes del Gobierno Nacional, representantes de Onusida y las ONG, a saber;
1 Proyecto PAF (2002-2003),
tratamiento del tema Crceles y VIH SIDA, avances en la prevencin y en el mejoramiento de la asistencia en Crceles Argentinas. Este proyecto fuerealizado en lugares de encierro pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal y a otras jurisdicciones provinciales como Crdoba, Santa Fe.
2 - La reunin del da 18 de diciembre de 2003 a las 14,30 en sede de ONUSIDA, sita en Marcelo T. de Alvear 684, 8 piso, en la que participaron entre otros concurrentes, el Dr. Vzquez Acua, el Dr. Pedro Cahn, el Dr. Cueto, el Dr. Arnaldo Casiro, la Dra. Laura Astarloa, el Dr. Jorge Benetucci, el Dr Oyon del Ministerio de Salud, el Dr Godoy y la Dra. Celia Weinstein del Ministerio de Justicia de la Nacin, y los representantes de las Organizaciones no gubernamentales, Daniel Barbieres por Fundeso, la Sra Martha Miravete Cicero por el GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA. En este evento sobre la modificacin del art. N
33nos correspondi ejercer la funcin de monitoreadores, cuyo informe final est en el digesto editado por Onusida.
(adjunto acta ACTA DE LA REUNION DESTINADA A LA REFORMA DE LA: LEY DE EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD)
3 El da 10 de febrero de 2005, se rene la Comisin de Crceles, convocada por el Ministerio de Salud de la Nacin, en sede del mismo, contando con la presencia dela Dra. Gabriela Hamilton, Directora del Programa Nacional del Lucha contra los R.H., SIDA y ETS; el Dr. MartnVzquez Acua, Juez Federal de la Nacin; el Sr. Lisandro Orlov, representante de LACASO, la Sra. Marta Miravete Cicero y el Sr. Hugo Corral, representantes del Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia;el Lic. Diego Cusanoen representacin de la Secretaria
de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,la Lic. Gabriela de la Iglesia, de ONUSIDA; la Srta. Mariana Fontenla, del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacin; los Sres. Norberto Musich yFrancisco Mugnolo de la Procuracin Penitenciaria Federal; y la Sra. Irene Priegue, la Sra. Marisa Sadi, y el Dr. Carlos Oyon,
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nacin. Teniendo en cuenta que desde este espacio se pretende instrumentar el proyecto Intervenciones en materia de Asistencia y Prevencin en VIH/SIDA en Unidades Carcelarias provinciales y federales. Lamentablemente hasta la fecha ningn funcionario representa al Ministerio de Justicia de la Nacin en este importante foro.
4LA JORNADA SOBRE LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA LEY DE EJECUCIN PENAL PARA DISPONER LA DETENCIN DOMICILIARIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: A PROPSITO DEL VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES (ART. 33 LEY 24.660), que se realiz el da 2 de junio, en el Saln Azul de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin - Hiplito Yrigoyen 1849 - con el auspicio deONUSIDA y la coordinacin del Dr. Martn Vazquez Acua. Este importante evento fueorganizado por la Comisin de Justicia y Asuntos Penales de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin y la Fundacin de Estudios para la Justicia FUNDEJUS, y como invitados especiales concurrieron: Jorge A. Agundez (Senador Nacional); Salvador D. Bergel (Profesor); Rodrigo Diego Borda (CELS); Arnaldo Casir (Mdico Infectlogo); Diana Conti (Senadora Nacional); Jorge Cueto (h) (Mdico Infectlogo); Norberto Hernn Damiani (Diputado Nacional); Francisco Maglio (Profesor); Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario); Martha Miravete Cicero (Org. Grupo de Mujeres Argentinas); Elias Neuman (Criminologo); Juan Carlos Sarmiento (FUNDESO); Alejandro Slokar (Subsecretario de Poltica Criminal); Adriana Van Kraull (Org. Mara de las Crceles); Martn Vzquez Acua (Juez de Cmara). Contando adems con la presencia del Dr. Axel Lpez, juez interino a cargo del Juzgado de Ejecucin
Penal Federal n 3, quin adopt una postura contraria al nimo garantista y humano de la convocatoria para asegurar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la aplicacin de la ley privativa de la libertad.
Adems, elevamos a su conocimiento nuestra constante preocupacin por las reiteradas
transgresiones que se realizan en el contexto penitenciario federal, que lamentablemente por razones que ignoramos no llegan a Ud., situaciones tales como: traslados compulsivos, hacinamiento in creciendo, falta de infraestructura para discapacitados (NO SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIN), falta de infraestructura para la atencin sanitaria de las personas en encierro agravado ello en el caso de los estados terminales, falta de tratamientos de adherencia de VIH, TBC, TMI y HEP, la edicin de informes psiquitricos sin atencin mdica, denuncias telefnicas de venta de beneficios a los privados de libertad, tales como alojamiento en pabellones y celdas no conflictivos, informes criminolgicos, permanencias, visitas higinicas, etc.
Por lo expuesto, que es en definitiva slo una sntesis del trabajo en conjunto sobre y en el contexto de encierro nacional y provincial, de las personas no participantes de esta jornada realizada en el Ministerio de Justicia ysolicitamos a Ud. se tomen las medidas necesarias para evitar en el futuro que desde ese importante estamento gubernamental se adopten posturas reidas con la tica y buenas costumbres, que lesionan los derechos fundamentales que emergen de nuestra Carta Magna y que sustentan la plena vigencia de un estado de derecho, tales como el derecho a la no discriminacin, el derecho a la no persecucin ideolgica y fundamentalmente para nosotros/as el derecho inalienable a la vida, del que tambin gozan las personas privadas de libertad.
Sin mas que agregar, y a la espera de una pronta respuesta, saludan a Ud. muy atte.
MARTHA MIRAVETE CICERO PRESIDENTA
ALEJANDRO BRACONI SECRETARIO
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO
BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11-
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Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. en nuestro carcter de integrantes de la Organizacin No Gubernamental, GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA-FORO DE VIH-MUJERES Y FAMILIA, reconocida nacional e internacionalmente, para manifestar nuestro repudio
a ciertas acciones y gestiones de reas que estn a su cargo, que agravian en gran medida nuestra lucha permanente por la vigencia y prctica de los derechos humanos elementales para las personas en situacin de encierro.
Hemos sido informados de que sectores del Ministerio de Justicia,
especficamente el correspondiente a Polticas Penitenciarias, a cargo del Dr. Federico Ramos y laDirectora del Programa de Salud VIH,Dra. Celia Weistein, han convocado una reunin en el da de la fecha cuyo objetivo era el tratamiento de la reforma del controvertido Art. N 33 de la Ley N 24.660, sin contemplar el importante aporte de nuestra organizacin que, como es de conocimiento de los citados funcionarios, participa como miembro activo de la Mesa Nacional de Salud en Crceles, en el mbito del Ministerio de Salud de la Nacin.
Esta postura, que tachamos de discriminatoria, nos llena de preocupacin toda vez que no se ha tomando en cuentalaexperiencia en el tema desarrollado durante varios aos de los que no participamos en la jornada, respaldado por reuniones y trabajos realizados en forma conjunta entre la ONG y el Ministerio de Salud de la Nacin, en los cuales han participado tambin funcionarios del rea de Derechos Humanos como as tambin del rea de Justicia.
As mismo vemos que los citados funcionarios soslayan e ignoran de exprofesoa la Comitiva de Argentina, que fue invitada al encuentro de CONCASIDAy Foro 2005 de El Salvador, realizado los das 7 al 11 de este mes, conformada entre otros por integrantes del Ministerio de Salud de la Nacin Dr. Leibovich, Dra.
Hamilton y equipo, de laSecretariade Salud de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires - Dr. Sergio Maulen y equipo,el referente del Conosur de ONUSIDA Dr Zessler, y en representacin de la sociedad civil con trabajo especfico crceles las siguientes ONGs:AMAR - ATTTA CRUZ ROJA - HUSPED INTILLAS FUNDESO - GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA , (esta dos ultimas con experiencia emprica y de representantes en la temtica de encierro).
Como antecedentes valederos de cogestin, que avalan nuestro reclamo podemos citar los siguientes eventos en los que participaron en forma
conjunta integrantes del Gobierno Nacional, representantes de Onusida y las ONG, a saber;
1 Proyecto PAF (2002-2003), tratamiento del tema Crceles y VIH SIDA, avances en la prevencin y en el mejoramiento de la asistencia en Crceles Argentinas. Este proyecto fuerealizado en lugares de encierro pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal y a otras jurisdicciones provinciales
como Crdoba, Santa Fe.
2 - La reunin del da 18 de diciembre de 2003 a las 14,30 en sede de ONUSIDA, sita en Marcelo T. de Alvear 684, 8 piso, en la que participaron entre otros concurrentes, el Dr. Vzquez Acua, el Dr. Pedro Cahn, el Dr. Cueto, el Dr. Arnaldo Casiro, la Dra. Laura Astarloa, el Dr. Jorge Benetucci, el Dr Oyon del Ministerio de Salud, el Dr Godoy y la Dra. Celia Weinstein del Ministerio de Justicia
de la Nacin, y los representantes de las Organizaciones no gubernamentales, Daniel Barbieres por Fundeso, la Sra Martha Miravete Cicero por el GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA. En este evento sobre la modificacin del art. N 33nos correspondi ejercer la funcin de monitoreadores, cuyo informe final est en el digesto editado por Onusida.
(adjunto acta ACTA DE LA REUNION DESTINADA A LA REFORMA DE LA: LEY DE EJECUCION DE PENA
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD)
3 El da 10 de febrero de 2005, se rene la Comisin de Crceles, convocada por el Ministerio de Salud de la Nacin, en sede del mismo, contando con la
presencia dela Dra. Gabriela Hamilton, Directora del Programa Nacional del Lucha contra los R.H., SIDA y ETS; el Dr. MartnVzquez Acua, Juez Federal de la Nacin; el Sr. Lisandro Orlov, representante de LACASO, la Sra. Marta Miravete Cicero y el Sr. Hugo Corral, representantes del Grupo de Mujeres de la Argentina Foro de VIH Mujeres y Familia;el Lic. Diego Cusanoen representacin de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,la Lic. Gabriela de la Iglesia, de ONUSIDA; la Srta. Mariana Fontenla, del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacin; los Sres. Norberto Musich yFrancisco Mugnolo de la Procuracin Penitenciaria Federal; y la Sra. Irene Priegue, la Sra. Marisa Sadi, y el Dr. Carlos Oyon, del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nacin. Teniendo en cuenta que desde este espacio se pretende instrumentar el proyecto Intervenciones en materia de Asistencia y Prevencin en VIH/SIDA en Unidades Carcelarias provinciales y federales. Lamentablemente hasta la fecha ningn funcionario representa al Ministerio de Justicia de la Nacin en este importante foro.
4LA JORNADA SOBRE LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA LEY DE EJECUCIN PENAL PARA DISPONER LA DETENCIN DOMICILIARIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: A PROPSITO DEL VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES (ART. 33 LEY 24.660), que se realiz el da 2 de junio, en el Saln Azul de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin - Hiplito Yrigoyen 1849 - con el auspicio deONUSIDA y la coordinacin del Dr. Martn Vazquez Acua. Este importante evento fueorganizado por la Comisin de Justicia y Asuntos Penales de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin y la Fundacin de Estudios para la
Justicia FUNDEJUS, y como invitados especiales concurrieron: Jorge A. Agundez (Senador Nacional); Salvador D. Bergel (Profesor); Rodrigo Diego Borda (CELS); Arnaldo Casir (Mdico Infectlogo); Diana Conti (Senadora Nacional); Jorge Cueto (h) (Mdico Infectlogo); Norberto Hernn Damiani (Diputado Nacional); Francisco Maglio (Profesor); Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario); Martha Miravete Cicero (Org. Grupo de Mujeres Argentinas); Elias Neuman (Criminologo); Juan Carlos Sarmiento (FUNDESO); Alejandro Slokar (Subsecretario de Poltica Criminal); Adriana Van Kraull (Org. Mara de las Crceles); Martn Vzquez Acua (Juez de Cmara). Contando adems con la presencia del Dr. Axel Lpez, juez interino a cargo del Juzgado de Ejecucin Penal Federal n 3, quin adopt una postura contraria al nimo garantista y humano de la convocatoria para asegurar el
cumplimiento de los preceptos constitucionales en la aplicacin de la ley privativa de la libertad.
Adems, elevamos a su conocimiento nuestra constante preocupacin por las reiteradas transgresiones que se realizan en el contexto penitenciario
federal, que lamentablemente por razones que ignoramos no llegan a Ud., situaciones tales como: traslados compulsivos, hacinamiento in creciendo, falta de infraestructura para discapacitados (NO SE CUMPLEN LAS DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIN), falta de infraestructura para la atencin sanitaria de las personas en encierro agravado ello en el caso de los estados terminales, falta de tratamientos de adherencia de VIH, TBC, TMI y HEP, la edicin de informes psiquitricos sin atencin mdica, denuncias telefnicas de venta de beneficios a los privados de libertad, tales como alojamiento en pabellones y celdas no conflictivos, informes criminolgicos, permanencias, visitas higinicas, etc.
Por lo expuesto, que es en definitiva slo una sntesis de nuestro trabajo
sobre y en el contexto de encierro nacional y provincial,solicitamos a Ud. se tomen las medidas necesarias para evitar en el futuro que desde ese importante estamento gubernamental se adopten posturas reidas con la tica y buenas costumbres, que lesionan los derechos fundamentales que emergen de nuestra Carta Magna y que sustentan la plena vigencia de un estado de derecho, tales como el derecho a la no discriminacin, el derecho a la no persecucin ideolgica y fundamentalmente para nosotros/as el derecho inalienable a la vida, del que tambin gozan las personas privadas de libertad.
Sin mas que agregar, y a la espera de una pronta respuesta, saludan a Ud. muy atte.
Derechos
Humanos, as los llaman, Donde estn? Preguntamos...
Cuales son, y quienes los tienen?.Porque hasta aqu no vienen?
Si vinieran a visitarnos. O tal vez hay que llamarlos...?
Donde los encontramos?. Porque los llaman Derechos?
Si no podemos alcanzarlos. Ser que el sueo del
preso
No cuenta para el derechos. De poder vivir mejor?
Ser que, a lo mejor. Estamos equivocados
Y hay que poner abogado. Para llegar hasta ellos?
O gozar de sus derechos. Para que estemos mejor?
Sali un rayito de sol, llego Derechos Humanos
Para darnos una mano: puede decir lo que quiera: dice un seor elegante,
... pero como observante. Tenemos tres oficiales... Que cosa puede contarle?
Aunque quiera yo pasarle, sin cuando quiera decirlo
Ya preparando comino, es como la comunin.
Se toma una sola vez, porque no encontr el porque
Yo fui cabeza de gato.
Me sacaron sin zapatos, y perd hasta el acolchado.
Le pregunte al abogad y el me pone al tanto de esto.
Nunca acuses al jurado, no le cuentes al
juez,
Nunca esperes que tal vez se compadezca de esto,
Y no por cualquier pretexto llame a Derechos Humanos.
Si te quejas SOS camin, no les importa la unin de que queda la pareja
Y a al familia la dejan, sin a quien visitar,
No hablo de discriminar, pero como tal me siento
Nadie escucha el lamento de los distintos penales.
Bueno, Derechos Humanos, lo queremos conocer,
Si ustedes se dejan ver, nosotros tenemos quejas
Y aunque nadie nos deja quejarnos a gusto y placer,
Ustedes deben comprender, vivimos como animales.
Toditos llenos de males, como NO tiene que ser
Aunque pueda suceder que alguna sienta placer
De vivir bajo las rejas y no les presente quejas.
Pues no hay nada que perder.
El medico y la enfermera, ellos si saben correr.
Pero llegado el momento, los remedios no llegaron.
Ser que los olvidaron? Reclamamos el otro da.
La respuesta ya sabemos, - esa fue la guardia anterior-
No me asusta si lo lee, no me asusta si lo sabe,
Lo que realmente me asusta, es vivir como animales,
Seor Derechos Humanos, presentarse pronto aqu.
Lo queremos conocer, porque perdimos la risa,
Se fue junto a la fe.
Tal vez pueda suceder que ustedes los encontraron
Y puedan venir a vernos, y as puedan devolvernos.
Y yo ser la primera que los saldr a recibir,
Si Ustedes quieren compartir un rato de lindo patio.
Tal vez me puedan entender, que solo quiero
saber
Porque estoy encerrada, porque no puedo ir a casa?
Si he cometido un error le juro que me arrepiento.
Pero le digo, no miento, nunca fui lo que escribieron.
Aqu no se ha muerto nadie, para que yo muera en vida
Para que trunquen mis sueos, y me roben mi trabajo
Para que sin destajo se apoderen de mi vida.
De mis sueos y esperanzas si el juez no le alcanzaba fianza
Para el mal que provoca.
Si solo pretendo yo, que me lleve a su presencia
Para decirle excelencia, como la respeto.
Si usted quiere de rodillas, como si fuera mi Dios
Le suplico me devuelva al menos mi Libertad.
Yo le prometo llorando que nunca podr olvidar
De lo que aqu he aprendido,
De lo visto, lo vivido, lo perdido y lo ganado.
Y aunque viv como ganado que llevan al matadero.
Le dir qu7e con dolores no se educa a un animal,
Remedio de todo mal es amor y bienestar
Como dijo Jess amaos los unos a los otros
Igual que yo los ame, para siempre.
Comprendes!
Pasare por atrevida, tal vez me condenaran,
Que importa, de tanto mal, peor no podemos estar,
Si ya no nos queda nada, Perdimos la libertad.
Por eso quiero llegar a pedirle seor derecho.
Que entre y pase derecho...PELEE POR MI LIBERTAD!.
Los Hornos Unidad Penal N 8 Crcel de Mujeres
Poema realizado por una compaera privada de su
libertad
rea Educativa Primavera de 2005
Historial legal de Argentina:
En la Repblica Argentina, se produce un hecho muy importante en el ao 1994 que es la Reforma Constitucional, mediante la cual se incorporan a la misma todos aquellos Pactos y Tratados sobre Derechos Humanos, Civiles y Polticos, que vienen a llenar un gran vaco jurdico en el que se hallaba inmerso nuestro pas y que fuera aprovechado por anteriores gobiernos de facto en el tratamiento inhumano de los habitantes, residentes y visitantes. Si bien con el restablecimiento de la democracia en 1983, la Comisin Nacional de Desaparecidos emiti un informe final sobre la desaparicin de ms de 30.000 personas durante el ltimo proceso de la dictadura militar, los hechos aberrantes a los que se hizo referencia en el mismo no fueron lo suficientemente claros sobre el destino de los denominados presos comunes /presos sociales quienes tambin soportaron hasta las ltimas consecuencias la misma suerte que sus
compaeros presos polticos; de manera que esta es una deuda que mantiene la sociedad y el Estado Argentino, para con todos aquellos muchachos/as que desaparecieron en forma dudosa en las prisiones e institutos de detencin argentinos durante aquel perodo y hasta la fecha en que se siguen produciendo tales abusos por parte de todas los factores involucrados, (institucionalmente se le ha solicitado a la Presidencia de la Nacin un informe sobre las muertes dudosas en encierro ocurridas desde 1983 hasta la fecha, sin que se haya producido respuesta alguna a tal petitorio).
Desde 1997, hasta la fecha rige la ley 24.660, dentro de cuya normativa el art 33 supuestamente, protege los derechos de las personas PVVS privadas de libertad. Lamentablemente esta ley se promulg en momentos de haberse producido un reclamo
intramuros en cadena (motn 1996 semana santa) mediante el cual las personas privadas de libertad exigan la plena vigencia de la ley de ejecucin penal que no es ni ms ni menos que la controvertida 24.660. La resultante de este masivo reclamo fue negativa ya que no se logrel objetivo de que las personas en situacin terminal de salud sean tratadas y atendidas dignamente y no como si fuesen un estorbo para las autoridades encargadas de su custodia, sin posibilidades de acceder a un necesario y humano arresto domiciliario o condenadas a muerte encadenadas en un hospital a causa de los prejuicios del sistema,de la sociedad y de los mismos jueces que deben resguardar la vida intramuros de quienes cumplen una condena judicial o estn sometidas a proceso.
Desde 1998, entra en vigor la ley nacional de sida (ley n 23.798), las autoridades y funcionarios encargados de hacer cumplir la misma estn habilitados para tener acceso a cualquier lugar previsto en dicha ley y podrn actuar en razn de la inobservancia de lo normado para su competencia. A raz de que el censo del 2003 arroj el alarmante guarismo de que el 7% de la poblacin penal federal (total de 9.000 personas), son PVVS, pero el tratamiento de salud que requieren los mismos en situacin de encierro, es muy lento, no est debidamente instrumentado o lisa y llanamente no existe.
Vemos en toda America que la legislacin penal incluidos los Pactos y Tratados vigentes a la fecha hablan de los DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN LUGARES DE ENCIERRO, entre ellos salud,
educacin, contencin, seguridad, conducta, tratamiento de reinsercin social,aislamiento, vinculacin familiar, etc, los cuales en su mayora en el contexto americano, no se cumplen ni se llevan a la prctica.
Entendemos que ello responde a un planteo hipcrita y genocida de quienes legislan, administran y ejecutan la justicia.
El Estatus actual de lapoltica Penitenciaria americana y en particular de laArgentina que nos toca
bien de cerca, se aproxima ms a la implementada en la poca de posguerra, con todas las falencias, deficiencias, y faltas de control que desembocaron en verdaderas masacres entre la poblacin carcelaria hasta la fecha.
Muchos han sido los informes alentados y abonados por Organismos Internacionales y Nacionales para el estudio del controvertido tema de la criminalidad y el delito, pero la mayora distan o se alejan de la realidad ya que son meramente ensayos, como es el caso de Las Crceles Argentinas, una perspectiva critica de Javier Alejandro Bujan y Victor Hugo Fernando de 1998 Edith AD-HOC S.R.L., The working group on Arbitrary Detention Human Rights del 2000; Sida en Prisin(un genocidio actual) de Elias Neuman de 1998 de Edit DEPALMA, VIH/SIDA Derechos de las
Personas privadas de la libertad y en el sistema Penitenciario Federal del CELS del 2002; pero debemos asimilar aquellos trabajos de alto contenido humanista como es el caso de en Busca de las Penas Perdidas deL Dr. E. R. Zaffaroni, quien habla de la deslegitimacin y dogmtica jurdico penal en dicho libro y concluyeen que se debe encontrar o proveer argumentos tiles que en la prctica ayuden a contener y limitar el ejercicio arbitrario de la administracin de poder de los sistemas penales.
Indudablemente el volumen de informacin acumulada es lisa y llanamente incontenible para volcarlo en la presente, pero queremos dejar en claro que nuestra postura institucional es la de luchar, debatir, consensuar, educar y promover la promulgacin de leyes que realmente se encuadren
dentro de los postulados y vigencia de los DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES para todas las personas y ciudadanos del mundo y en especial para aquellas personas privadas de libertad o retenidas en encierro por una causa judicial, poltica, ideolgica, religiosa, genero, sexual, etc.
Supuestamente el mundo y las Organizaciones Internacionales quieren lograr el objetivo de informar y educar sobre la no discriminacin o la atencin digna de las PVVS, pero hasta el momento desde nuestra experiencia emprica, solo vemos la pelea de poder para realizar campaas mediante las que no se logran realmenteni la concientizacin de la persona en encierro ni de la sociedad circundante. Lamentablemente los fondos asignados a la temtica, han hecho que no se tome
realmente el objetivo de educar, prevenir e informar a las personas en encierro para su convivencia intramuros diaria, sino la solo bsqueda de rditos externos, que despus producen conflictos en el sistema interno.
Es por eso que esta Organizacin ha aceptado y participa en la mesa de trabajo y de programas para las crceles Argentinas, buscando la claridad y informando la real situacin del encierro. Donde ha logrado una red de ONG, legales, de derechos humanos las que intercambiamos informacin legal, de saludy educativa nacional e internacional.
Desde este espacio se realizan experiencias a nivel nacional, provincial y
municipal por parte del estado, y tambin las organizaciones de la sociedad civil intentan modificar la crtica situacin de tales grupos impulsando la actualizacin y modificacin del marco jurdico, pero ello es muy incipiente, en una palabra mucho ruido y pocas nueces
No existe una poltica nacional estructurada que permita asegurar un cambio efectivo, simplemente est la intencin a travs de programas que incluso no se oficializan por temor a que sea la misma sociedad quien cuestione su implementacin en un contexto tan controvertido como la crcel, donde al entendimiento del ciudadano comn los que estn all son todos delincuentes que algo hicieron y no tienen derecho alguno.
Educacin
En Argentina existe la ley Federal de Educacin que reglamenta la obligatoriedad por parte del Estado Nacional de proveer los medios para que todos los ciudadanos ejerzan este derecho constitucional, incluso en los lugares de encierro.
Al respecto la experiencia nacional a experimentado una retraccin alarmante, puesto que en 1950 todas las unidades penales federales y provinciales tenan su soporte educativo, y en la actualidad slo subsisten algunos gabinetes aislados que han sido impuestos por la tenacidad y laboriosidad de los internos, sus familiares y algunos
funcionarios y jueces que creen en la educacin como herramienta genuina contra la reincidencia en el delito. Desde 1983 en adelante se realizaron convenios con Universidades como la de Buenos Aires, del Comahue, del Sur y otras, logrando establecer hitos como el del Centro Universitario Devoto, sito en la Unidad n 2 del Servicio Penitenciario Federal, donde se cursan actualmenta 4 carreras de grado, y que corre el serio riesgo de ser clausurado in fine por la tendencia de una sociedad llena de prejuicios y fantasmas, a pesar de ser un logro autnticamente nacional en la lucha por la vigencia de los derechos humanos, reconocido a nivel internacional.
Estos programas vigentes no se han generalizado, razn por la cual el nivel de desercin responde a una premisa del mismo sistema, puesto que una persona en encierro sufre traslados
(capeos) a otras unidades del sistema y no pueden continuar con sus estudios.
Tampoco tienen protagonismo en el diseo e implementacin de dichos programas quienes a nuestro entender son los ms capacitados, los docentes y las autoridades del Ministerio de Educacin.
Prevencin de discriminacin
La situacin de encierro est representada por una estructura de poder interno, creada por la poblacin (procesados, condenados, encausados), para regular sus
relaciones de convivencia como todo ser humano, obviamente desconocida e ignorada por los codificadores y los jueces de la nacin como por el resto de la sociedad; y este desconocimiento ha provocado feroces y sangrientos motines que respaldan estos cdigos. De modo que existen los mandams o capangas, los consejeros y asesores, los soldados, los protegidos, los kias de servicios generales, los parias y los refugiados. En el grupo que integran estos ltimos estn los violadores, las travests y los infanticidas.
Lo que desde esta Organizacin ha luchado en todos estos aos en el respeto de la comunidad GLTTTB- Gays, lesbianas, travests, transexuales, Transgneros y bisexuales, el que en este momento existe una cambio desde el estado en mejoras de atencin y de habitad para este
grupo social. (caso HABEAS HBEAS 1998 Cecilia Lecchi / Martha Miravete Pedido de visitas intimas por ser pareja- fallo denegado por el Juez Santa Marina Lomas de Zamora Juzgado N 1).
La discriminacin se produce como el justificativo necesario para acceder a la citada escala de poder, donde por supuesto en primer lugar estn los chorros o ladrones, luego los transas o narcos, los taimas o estafadores, y por ltimo todas las dems manifestaciones delictivas. No hay en la actualidad ningn programa o sistema de antidiscriminacin que se haya presentado como alternativa vlida ante esta frrea estructura, pero si es cierto que existe la discriminacin fundamentalmente con respecto a aquellas personas consideradas ms dbiles o vulnerables por la misma poblacin en
encierro.
Cuidado adecuado de la salud
En el contexto de encierro, si nos basamos en el axioma constitucional de que las crceles de la nacin deben ser sanas y limpias y no un lugar de castigo, podramos concluir errneamente que tenemos un sistema de salud adecuado con personal altamente idneo y capacitado. Pero debemos analizar que estamos hablando sobre el lugar que les corresponde a los marginales de la sociedad, por lo que no nos resultara ajeno el hecho de reconocer que
presupuestariamente tienen prioridad otras prestaciones por parte del estado, como la seguridad, la educacin y la salud, pero esta ltima orientada con preferencia a la atencin del ciudadano comn, no de las personas en encierro.
Nuestra experiencia ha acumulado en estos ltimos 22 aos, diferentes casos de salud de personas en encierro, algunos de los cuales pareceran ser tratamientos de tortura y no tratamientos de salud, como por ejemplo esperas de ms de un ao y medio para la atencin de problemas odontolgicos; situaciones crticas por las que han atravesado internos con necesidad de urgencia en la atencin quirrgica que ha derivado en la amputacin de miembros o lisa y llanamente en la prdida de vidas, y otros sobre los que podramos abundar, pero la realidad es que los lugares de encierro de la Argentina no tienen en
su mayora infraestructura sanitaria acorde y actualizada tecnolgicamente ni tampoco poseen personal capacitado para la atencin de salud en encierro.
Servicios de prevencin
En situacin de encierro no existen programas de prevencin implementados en forma efectiva, por ejemplo no est generalizado el uso de preservativos para las visitas higinicas o ntimas con el riesgo que implica ello en un lugar de alta vulnerabilidad para el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisin sexual y ambientales.
Tampoco se aplican programas de prevencin para el uso de drogas por una sencilla razn, las autoridades niegan permanentemente que se usen drogas en las dependencias a su cargo.
Entonces hemos visto que la promiscuidad y las psimas condiciones de infraestructura de las prisiones nacionales, resultan un peligroso caldo de cultivo para personas inescrupulosas que manipulan este potencial mercado de favores que elimina cualquier posibilidad de prevencin.
As por ejemplo la mayora de las visitas ntimas se realizan en tiempo de visita normal en patio, utilizando
las carpas que fabrican los mismos internos para tales fines, sin que las mismas cumplan con necesarias condiciones de higiene y asepsia.
g-Consejera y Pruebas Voluntarias?
Desde 1997 no se estableci ninguna Consejera ni Pruebas Voluntarias para las personas en encierro, si se realizaron campaas acotadas de corta duracin, financiadas por el Banco Mundial, y por iniciativa del gobierno nacional se realiz la campaa crceles saludables que no cumpli con los objetivos prefijados pues la poblacin en encierro se enteraba de su situacin serolgica en grupos y no individualmente como prescribe la ley.
En estos ltimos aos se llev a cabo el proyecto PAF del que adjuntamos las conclusiones, el que lamentablemente por problemas ocasionales, entre ellos el cambio de autoridades en dependencias de la justicia y servicios penitenciarios; no pudo cumplir con los objetivos finales, mas alla de la voluntad que exista desde el grupo monitoreador y la poblacin objeto las personas privadas de libertad.
A raz de ello, surgi una convocatoria denominada mesa nacional de crceles, integrada por autoridades sanitarias nacionales, de derechos humanos, de procuracin penitenciaria, de justicia y organizaciones no gubernamentales especializadas, con trabajo efectivo en situaciones de encierro, poniendo en marcha el proyecto intervenciones en materia de
asistencia y prevencin en VIH en unidades carcelarias, cuyo primer tramo se realiza en Mendoza para luego hacer extensivo el mismo en otras unidades y provincias del interior.
Informacin
La informacin es escasa, y la logstica del tratamiento de la misma, slo se remonta a aislados avisos televisivos, publicacin en prensa discontinua y algunas campaas relacionadas con el 1 de
diciembre.
No existe informacin realizada en el pas en base estadstica y emprica, por lo que la mayora del provedo circulante procede del extranjero y muchas veces difiere de nuestra realidad latina.
Ha demostrado el gobierno apoyo a las acciones de la sociedad civil
Nuestra experiencia indica que el estado nacional es deudor de la sociedad civil organizada para mejorar la situacin de la poblacin en encierro, debido a su falta de apoyo o a la dilacin con que se encaran programas de accin especfica.
Mas all de las iniciativas desde el Ministerio de Salud, es aqu que se deben consensuar las distintas reas involucradas a esta problemtica Ministerio de Justicia, Jueces, Defensores, Fiscalias, Patronatos de liberados.
No hay una convocatoria permanente, no existe
un registro de antecedentes para las organizaciones con trabajo efectivo en situacin de encierro, no se provee a estas de la debida y necesaria autorizacin de acceso a los lugares de encierro, no se oficializa la presencia de las organizaciones no gubernamentales en los programas de gobierno, y la situacin especfica de la comunidad GLTTTB es catica por cuanto el estado no reacciona ni reconoce derecho alguno con respecto a alternativas de gnero y sexuales.
En los lugares de encierro, los miembros de esta comunidad (GLTTTB), son tratados generalmente en forma discriminada principalmente por las justicia y la miembros de los servicios penitenciarios en general, lo que obliga a estas personas a adquirir el status de refugiados, a raz de la continua vivencia diaria de esta situacin en crceles
de hombres; y con respecto a las de mujeres se acepta internamente las relaciones de convivencia interna pero no se respeta el vnculo familiar.
En situacin de encierro, la implementacin de un programa de asistencia en salud depende de una situacin especial que es el grado de vulnerabilidad de la seguridad del mismo, es decir los servicios penitenciarios que estn a cargo de la autorizacin para el ingreso, acopio y distribucin de la medicacin y el acceso de las personas autorizadas para realizar el plan de salud, generalmente ponen trabas de carcter administrativo que demoran a ms no poder la premura con que debe desarrollarse el programa. Y
en este orden de cosas pasan a segundo lugar especulaciones tales como disponibilidad, precios y capacidad humana dispuesta.
En Argentina la disponibilidad de los ARV se manifiesta en situacin de encierro, generalmente en la segunda etapa de la enfermedad y en presencia de otras enfermedades marcadoras debido a la ineficacia e ineficiencia de los controles sanitarios aconsejados por ley.
MARTHA MIRAVETE CICERO
ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE ABOGADOS DE LA ONG
EXDETENIDOS/AS Y FAMILIARES
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 -
CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA
AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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Estimada Organizaciones de Derechos Humanos, y ONGs
A traves de este medio les hago llegar lo que GRUPO DE MUJERES ARGENTINA ha realizado hasta la fecha.
En el dia de ayer a las 16 hs hemos realizado una reunion con Comision Salvadorea de Drogas - con la seora Patricia Ortiz de Iraheta, en donde hemos realizado intercambios de politicas de salud, de prevencion y de reduccion de daos.
Seguimos esperando que el Seor Escalante nos de una entrevista, para conversar de las politicas de encierro del pais.
Asi mismo hemos dado nuestro experiencia en el tema, otros de los puntos que se ha hablado es con respecto a la realidad de encierro de las personas privadas de libertad ( INTRA-POSTMUROS.
Profanacin. Durante tres das, el templo estuvo en su poder. Los ocupantes salieron uno por uno. Adems, ayer se tomaron tambin la plaza Gerardo Barrios y cobraban cuota para el ingreso.
Publicada 10 de noviembre 2005 , El Diario de Hoy
Postura. Los supuestos familiares de reos y los enmascarados volvieron a pedir que cesen las restricciones penitenciarias. Foto EDH
El Diario de Hoy
Miembros de la Mara Salvatrucha desalojaron ayer la Catedral Metropolitana, a eso de las 5:00 de la tarde, tras permanecer tres das en ella, confirmaron empleados del templo catlico y funcionarios de la Procuradura de Derechos Humanos.
Las fuentes dijeron que los individuos salieron sin ser advertidos.
Fuentes policiales dijeron que grupos de mareros se concentraron en la plaza Barrios para distraer la atencin del pblico mientras salan sus compaeros, como hacan los grupos de fachada afines a la guerrilla tras ocupar el mismo templo en la dcada de los 80.
Basura y una puerta daada -Empleados de la Iglesia dijeron que los sujetos enmascarados rompieron un candado de la puerta que da al campanario. -Adems, dejaron una considerable cantidad de basura que fue sacada por los trabajadores del templo.
Segn dijeron otros pandilleros que los apoyaban desde las cercanas, los ocupantes salieron porque el viceministro deSeguridad Ciudadana,Rodrigo vila, les habra prometido reunirse con ellos hoy.
Sin embargo, un vocero del Ministerio de Gobernacin dijo desconocer tal arreglo, ya que vila lleg ayer por la noche al pas, procedente de Nicaragua.
Agentes de la polica, que se encontraban en la periferia del lugar, indicaron que recibieron rdenes superiores de abandonar los contornos de la iglesia.
Minutos despus ms de 400 sujetos que se encontraban en la plaza, ser retiraron. Muchos de ellos llegaron a las 11:30 a.m. en un autobs desde San Miguel.
Horas antes, un denominado Comit de Familiares de Presos de El Salvador haba dicho que no se iban a retirar hasta que los tres poderes del Estado resolvieran la problemtica carcelaria.
Pidieron cuota
Durante la maana, mareros de laMS cobraron peaje en la plaza
Barrios.
Apoyo. Presuntos pandilleros llegaron desde San Miguel. Foto EDH
Sin embargo, permitieron el acceso restringido solamente a familiares de los reos, vendedores y periodistas. Al resto les pidieron dos dlares para ingresar.
Agentes policiales que haban permanecido en el parque desde el lunes se limitaron a permanecer apostados en esquinas aledaas.
Sin embargo, miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) intentaron ingresar por una esquina de la plaza, pero un grupo de pandilleros se lo impidi.
Todos los accesos permanecieron bloqueados por seis mareros.
Capturados por respaldar toma
Agentes de la delegacin cetro de la Polica Nacional Civil (PNC) capturaron el martes por la noche a 17 pandilleros de la Mara Salvatrucha, al momento que se conducan en un microbs placas MB-4919.
Presos. En primer plano, los capturados el martes.. Foto EDH
Segn la Polica los detenidos pretendan incorporarse a la concentracin que otros pandilleros realizaban en las afueras de la Catedral.
La detencin se realiz sobre la 18a. Avenida Norte y avenida Independencia, a las 11:00 de la noche.
Un reporte policial indica que tuvieron conocimiento del hecho por medio de la ciudadana.
Al interceptar la unidad, los agentes cuestionaron al motorista de la unidad, quien manifest que haca un viaje expreso de catedral a Cojutepeque.
La polica realiz una requisa pero no encontr ningn arma.
Los individuos fueron detenidos y remitidos por el delito de asociaciones ilcita (reunirse para planificar y cometer delitos).
Minutos despus en la calle Alfredo Espino, de la colonia IVU, fueron capturados seis mareros de la pandilla 18.
Tambin estos sern acusados de cometer agrupaciones ilcitas.
Estimada Organizaciones de Derechos Humanos, y ONGs
A traves de este medio le hago llegar lo que GRUPO DE MUJERES ARGENTINA ha realizado hasta la fecha con respecto a la poblacion de encierro que se encuentra privada de la libertad por una causa judicial.
Partamos de la discriminacion que existe al clasificar a las personas detenidas, ya este acto es una forma de marginalidad a esta poblacion que hoy da un muerto por semana en argentina, por muertes dudosa.
ya hemos logrado tener contacto con la Procuradora para la Defensa de los Derechos humanos, Seora Beatriz Allamanni de Carrillo y con el Centro de Estudios Penales de El salvador - cepes Seor Nelson Flores.
adjunto diarios del pais, fotos de la situacion de la toma de la Catedral y ademas carta enviada por la Institucion que presido a la CORTE INTEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y ademas las invito a ver nuestra web: www.grupodemujeres.org.ar
Esperamos que la Corte Interoamericana de Derechos humanos, intervenga en la realidad de la situacion de encierro en TODOS LOS PAISES DE LATINOAMERICA.
1 - art 103 por carceles con maxima seguridad
2 - medicos infectolos o especialista no existen en los programas de salud en el salvador
3 - visitas de familiares solo de 20 minutos cada 15 dias a traves de una sala con telefonos.
4 - la mala atencion a la visita al ingresar a las carceles.
La ocupacin de la catedral se realiz el lunes en el marco de una marcha que familiares de los reos del penal de Zacatecoluca realizaron.
Mientras los encapuchados llegaron ayer al segundo da de ocupacin de la catedral metropolitana, las acusaciones mutuas entre el Gobierno y el partido FMLN afloraron sin que hasta el momento se vislumbre una solucin.
El presidente Antonio Saca acus ayer al FMLN de estar metiendo la mano en los centros penales del pas, en tanto el subdirector de la PNC incluso asever que tras la toma estaran implicados militantes del partido comunista.
Creemos que puede ir orientado por all la posible participacin de algunas personas que tienen su tinte poltico en el pas, dijo el subdirector de la PNC a LA PRENSA GRFICA.
Al respecto, el vocero del FMLN, Sigfrido Reyes, respondi que si el jefe policial tiene elementos de acusacin que los presente; de lo contrario, sera un funcionario ms poltico que policial.
Reyes tambin acus de irresponsable al presidente Antonio Saca por asegurar que el FMLN est detrs de la ocupacin.
La ocupacin del templo inici el lunes, luego de que familiares de los reos realizaran una marcha en protesta por el rgimen de encierro del penal de Zacatecoluca.
Por su parte, el ministro de Gobernacin, Ren Figueroa, asegur que los ocupantes de la catedral estn armados y que por eso la Polica no puede ingresar, para evitar un derramamiento de sangre.
Tenemos informacin de que esos delincuentes tienen armas. Esa informacin nos la han trasladado gente que estuvo encerrada en los inicios de la ocupacin del templo por parte de estos delincuentes, sostuvo el ministro.
Figueroa y el subdirector de la PNC dicen esperar que las autoridades eclesisticas soliciten la intervencin policial para poder ingresar y desalojar a los ocupantes.
No obstante, hasta ayer por la tarde, la denuncia que la PNC esperaba de las autoridades de la iglesia catlica no lleg.
Sobre los ocupantes encapuchados, Figueroa asever ayer que no son familiares de pandilleros.
A su juicio, son pandilleros delincuentes que estn siendo manipulados por un sector de la izquierda poltica.
Ante eso Figueroa, fue tajante en que no se va a ceder a esas exigencias.
No hay absolutamente nada que negociar porque no vamos ni pensamos cerrar el penal de mxima seguridad, argument el funcionario.
Concretamente, los manifestantes exigen la eliminacin del artculo 103 de la Ley Penitenciaria, que establece el rgimen de internamiento especial en penitenciaras como la de mxima seguridad en Zacatecoluca.
Recientemente, varios penales estuvieron en huelga de hambre pidiendo la reforma a ese artculo; sin embargo, levantaron la protesta.
PROVISIONES. Dos de los ocupantes de la catedral metropolitana reciben recipientes con agua por parte de sus familiares.
La toma de catedral es como la cumbre de Argentina, haba 20 vagos en la calle a la par de un futbolista reclamando.
Antonio Saca, presidente.
El presidente Antonio Saca no vacil ayer en comparar la toma de la catedral metropolitana con las acciones realizadas por el futbolista Diego Armando Maradona en la cumbre de Mar del Plata, Argentina, la semana pasada.
No se debe confundir entre cuatro gentes que se toman catedral y un sistema penitenciario que tiene 12 mil reos, dijo Saca.
Eso es como en la cumbre de Argentina, en donde haba 20 vagos en la calle a la par de un futbolista (Maradona) reclamando, y haba 29 presidentes a favor del libre comercio, agreg el mandatario.
Saca descart con esta comparacin que el Gobierno haya perdido el control de los centros penitenciarios del pas.
Sostuvo que la mayora de pe-nitenciaras estn trabajando, aunque admiti que hay ms reos de los que el sistema carcelario permite.
Segn el presidente, el FMLN ha metido su mano para alborotar a gente que tiene dentro de los penales para generar problemas.
Lunes, 07 de Noviembre de 2005 Familiares de los reclusos se tomaron las instalaciones de Catedral Metropolitana como medida de presin para exigir la derogatoria a las reformas del artculo 103 de la Ley Penitenciaria y la destitucin del ministro de Gobernacin, son las peticiones del Comit de Familiares y Presos de El Salvador (COFAPES). Noticia completa
Familiares de reclusos se toman Catedral Metropolitana - Monday, November 07, 2005 hora 13:02
Yanira Aparicio Redaccin Diario Co Latino
Familiares de los reclusos se tomaron las instalaciones de Catedral Metropolitana como medida de presin para exigir la derogatoria a las reformas del artculo 103 de la Ley Penitenciaria y la destitucin del ministro de Gobernacin, son las peticiones del Comit de Familiares y Presos de El Salvador (COFAPES). Segn los manifestantes, la toma de catedral se ha hecho de forma pacfica y es de forma indefinida. Ernesto Miranda, miembro de COFAPES, dijo que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia declar el artculo 103 como inconstitucional, sin embargo, ste es aplicado en los centros penales. Por ello solicitamos la destitucin del Ministro de Gobernacin, Ren Figueroa, y del Director General de Centros Penales, Astor Escalante, agreg. Adems, indic que existen muchos casos en donde los reos que no han sido condenados a cumplir sus penas en prisiones de mxima seguridad son
traslados de forma arbitraria al penal de Zacatecoluca. La misma Constitucin Poltica te ampara que antes de ser encontrado culpable por un delito grave, no puedes ser trasladado a un penal de mxima segura, seal Miranda. Asimismo, los familiares de los reclusos solicitan que las visitas sean accesibles en el penal de Zacatecoluca. Pero el artculo 103 no lo permite, y se contradice con la Constitucin Poltica, donde dice que la base fundamental de la sociedad es la familia pero en el penal de Zacatecoluca se quita la oportunidad de tener contacto fsico con los hijos, sostuvo. Por ello, cerca de 200 familiares de los reclusos marcharon este da desde el parque Cuscatln hasta llegar a la Plaza Cvica. Al cierre de esta edicin, la Procuradora Para de la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, tena previsto legar a Catedral para negociar con los familiares de los reclusos y conocer sus
peticiones.
A la Honorable COMISIN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES
WASHINGTON DC 2006- USA
S/D
De mi mayor consideracin:
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, como presidenta de la ONG GRUPO DE MUJERES DE LA ARGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA,
Personera Jurdica 0000780, MARTHA INES MIRAVETE CICERO,en nuestro carcter de Organizacin No Gubernamental, reconocida nacional e internacionalmente, a los efectos de:
Agradecerles el e.mail enviado por laSecretara Ejecutiva de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a poder tener para el futuro un nuevo sistema que permita informarnos del status de nuestras de denuncias y de las nuevas presentaciones que lleva nuestra Institucin en el rea de Derechos Humanos en encierro..
Lamentablemente hasta la fecha hemos visto que el Estado Argentino, no ha tomado en cuenta nuestras informacin y experiencia emprica enlas distintas presentaciones realizadas ante los Ministerios y Secretarias Nacionales y Provinciales, con injerencia en este controvertido contexto.
Hemos sido invitados a ser expositores de la situacin en Congresos y Jornadas en distintos foros Oficiales y Privados, estar presente en la reunin de la Comisin de Torturas de las Naciones Unidas presentando informe,tener contacto con el representante Florentino Menndez el que tramita la situacin de la Unidad de Mendoza, realizar un informe para UNGASS, participar en la mesa de crceles desde el Ministerio de salud, etc. Lo que nos ha permitido dar a conocer ciertas facetas y situaciones que resultan incmodas para una sociedad que se pretende organizada y humana, como son todas aquellas prcticas inhumanas y degradantes a las que son sometidas las personas en situacin de encierro en todo el pas, pero a
pesar de ello, a la fecha no se ha producido un verdadero compromiso de gestin con la Institucin que presido.
Como Uds. saben, hemos podido exponer los temas y proyectos que esta Organizacin lleva en marcha desde 2002, logrando en aquel ao la Personera Jurdica Habilitante, como Asociacin Civil, siendo reconocido nuestro accionar por nuestro trabajo de campo y el hecho de ser voceros de las situaciones que viven nuestros / as pares en encierro para, desde nuestra experiencia emprica aportar ideas y proyectos que generen nuevas polticas de atencin, seguimiento y tratamiento intra y postmuros de las personas privadas de libertad por causa judicial, ya que lamentablemente no se cumplen las normativas de los Pactos y Tratados Internacionales incorporadas a nuestra Constitucin Nacional.
Es agraviante que hasta la fecha, esta Institucin debe ingresar hasta la fecha, a las Unidades Penitenciarias Federales y Provinciales, con carcter de visita familiar o de amigos / as, pues a pesar de la antigedad y seriedad de nuestro trabajo, la directiva oficial en los hechos es el entorpecimiento a ultranza de cualquier institucin que intente demostrar la permanente contravencin de las normas y leyes por las mismas autoridades y dependencias encargadas y responsables de hacer cumplir nuestro axioma constitucional de que las crceles de la Nacin deben ser sanas y limpias, y no un lugar de castigo. Nada ms lejano de la realidad, por cuanto seguimos tenazmente el cambio propuesto desde el actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin, y
los hechos nos demuestran que los cambios estructurales no impulsan el cambio sustancial que este sistema represivo perverso necesita, an hoy bajo tan buenas intenciones, en el ambiente intramuros de nuestras crceles la vida humana tiene un valor insignificante, ante la pasividady necedad manifiesta de los responsables, quienes forman parte de los tres poderes del Estado (legisladores, jueces, fiscales, defensores, ministros, secretarios, comisarios, prefectos, comandantes, agentes, celadores, forenses, peritos, etc)
El Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia Nacional, siempre ha tomado conductas despectivas, degradantes, presin psicolgica y la defenestracin a la presidenta de la organizacin como asi tambien a los abogados en la unidades donde se ha requerido la presencia de la Organizacin para informarnos de la situacion que vive la personas privada de libertad, en especial en laUnidad N 3 donde la presidenta estuvo detenida (mas all de saber lo que realiza la Organizacin).
Y tambin, recientemente a raz de nuestra intervencin en defensa de los derechos de las mujeres trasladadas en forma compulsiva, ilegitima y degradante desde la Localidad de Ezeiza Buenos Aires a la de Santa Rosa, provincia de la Pampa, el ex Director General de Rgimen Correccional Penitenciario, Insp. Gral. RUBEN GREGORIO JACQUET, nos ha discriminado en forma agresiva a mi persona y a la Institucin que presido, como lo demuestra el contenido de la nota N 649/05 de la D.G.R.C. firmada por el citado el da 16 de Agosto de 2005, la que literalmente responde a nuestro pedido de ingreso a la Unidades N 13 y N 4 del SPF, (desde nuestra institucin dar talleres y reuniones de contencin, educacin legal, prevencin en la salud reproductiva y
otras enfermedades, trabajo, etc) sitas en la Provincia de La Pampa, de la siguiente forma y tenor, a saber: Seora Presidenta del Grupo de Mujeres Argentinas: Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relacin a su nota de fecha 14jun05 dirigida al Director de Santa Rosa ( U4) por el cual solicita se le autorice dos veces al mes a ingresar a los citados establecimientos para poder carlas con los all alojados. En Tal sentido se lleva a su conocimiento que no se autoriza el ingreso de la organizacin
que dirige para mantener charlas con los internos / as durante el encierro, debido a que podra generar entre la poblacin penal un estado deliberativo y de confusin frente a las normas vigentes y tenindose en cuenta que los temas que pretende emprender se encuentran limitados a la obligacin que la ely 24.660 y su reglamentaciones le impone al Servicio Penitenciario Federal. Pudiendo considerarse que la accin social se enmarque en el acompaamiento pospenitenciario ( art 172 y concordantes) dirigido a internas que transiten el periodo de Prueba, con conducta Ejemplar 9 concepto,muy bueno 7, incorporando al Rgimen de Salidas Transitorias por orden judicial y con la finalidad concurrente de lograr la posibilidad de ser incorporadas al Rgimen de semilibertad ( Art. 23 al 26, concordantes) y ( Art. 31 al 38 yconcordantes) del reglamento de Modalidades Bsicas de la Ejecucin ( Decreto N 396/99, con la
siguiente insercin laboral y social, a tal efecto deber remitir la siguiente documentacin. A) Copias certificadas de la documentacin requerida en fecha 13/06/2005 cuya copia se adjunta, ya que la documentacin recibida es copia simple. Asimismo deber acreditar inscripcin como Organizacin Privada en el registro que lleva la Secretaria de poltica penitenciaria y readaptacin social. B) Presentar proyectos sustentables, debidamente aprobados y autorizados para funcionar con el respaldo econmico y financiero respectivo. Se adjunta dictamen N 2970/05 de la Direccin de Auditoria General. Sin otro particular, saludo a usted atentamente.firma: INSPECTOR GENERAL RUBN GREGORIO JACQUET DIRECTOR GENERAL DE RGIMEN CORRECCIONAL.
Sabemos de las problemticas que hoy existen en cada Unidad, pues no solo somos una Institucin que investiga la realidad del encierro, pues vivimos en carne propia, el hacinamiento, las torturas, las violaciones a los derechos humanos, las muertes de familiares y compaerpos/as, de manera que nos fortalecemos en nuestro trabajo en base a nuestra experiencia emprica.
En este momento un Juez de la Nacin Dr.BONADIO se encuentra realizando una investigacin a travs de la causa N 1757/05,para que se tome medidas de la situacin intramuros, lo que genero, casi en forma inmediata y directa que el Ministro de Justicia Dr. Alberto Iribarne, cambie la cpula del Sistema Penitenciario Federal, por las irregularidades y transgresiones denunciadas e investigadas.La semana pasada han cambiado de juzgado el que ahora lo lleva el Juzgado N 3 de instruccin.
Esta carta es para que se sepa que tenemos reclamosde lo que estn padeciendo las personas privadas de libertad en Unidades Penitenciarias Federales y Provinciales.
Pero como lo que se vive hasta la fecha, Mendoza, Crdoba, Santa Fe, Magdalena, Los Hornos, sigue encubriendo un GENOCIDIO EN CUBIERTO DESDE EL ESTADO, ya que el Servicio Penitenciario Federal y Provincial, mas la mala gestin delPatronato de Liberados, llevan a esta situacin critica en los lugares de encierro de Argentina.-
Como dijimos anteriormente el sistema de seguridad penitenciario HA ESTADO OPERADO EN FORMA DE NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, EN ESPECIAL CON LOS PACTOS Y TRATADOS INTERNACIONES DE RANGO CONSTITUCIONAL A LOS CUALES SE ENCUENTRA SUJETO EL PAS COMO ESTADO MIEMBRO, como si tambin desde el MINISTERIO DE JUSTICIA, donde ex funcionarios no realizaron un real seguimiento de las situaciones reales denunciadas, ya que muchos han tomado nuestra informacin para que dar origen a un proyecto de terceros, mal implementado en relacin a la poblacin objeto ( Ejemplo: INECIP denunciado en la causa de Miriam Rojas y otros ante la CIDH por abandono de persona de algunas de las participantes del taller propuesto).
En el mes de Julio el da 12 de julio, en la Unidad 33 de Mujeres de la localidad de Los Hornos, provincia de Bs. As., despus de haber un malestar interno en la poblacin femenina, (un grupo reclamaba a travs de huelga de hambre la atencin digna a madres con hijos privados de la libertad, otro grupo tenia problemas de convivencia, y en este clima de confusin), tres mujeres: Alejandra Molla, Maria Jose Multi y Del Valle Maria Estefana, dos de ellas moran quemadas, sin haber sido atendidas a tiempo, dejndolas mas de media hora los cuerpos en el pasillo del pabelln y la ultima mujer termina falleciendo en el Hospital de La
Plata. Esta situacin no sali a la luz, solo esta ONG, ha reclamado a las autoridades, lo que dio como resultado el cambio de autoridades de la misma unidad. Sinrespuesta hasta la fecha, ni poder tener contacto con la investigacin.
Y ahora sabemos que lo de MAGDALENA, NO ES COMO SE DICE, pues la real situacin que se vivi es que fue un asesinato como en los campos de concentracin de otras pocas, mas por la actitud de las autoridades de el rea de seguridad, en un momento tan importante como son las elecciones legislativas. Y de ello hemos tomado conocimiento por las llamadas de algunos sobrevivientes y familiares, quienes nos han informado de la situacin que desencaden la tragedia, culminando con el luctuoso saldo de 33 muertos, a la fecha, (algunos de los cuales segn versiones de los familiares, se encontraban moribundos, siendo muerto uno de ellos por un culatazo, y no hubo rpida atencin a los mismos, sino que, se prefiri atender a los 6 guardia crceles que estaban
heridos antes que las personas privadas delibertad). Como una continuidad de la brutalidad denunciada en contra de las fuerzas de seguridad, algunos familiares que se encontraban en el lugar fueron golpeados sin que mediare razn alguna.
Nos preocupa el traslado compulsivo de las 146 personas (ver lista adjunta) que se encontraban alojadas en la unidad siniestrada a otras unidades, ya que las mismas recibieron golpes y tenan quemaduras de diferente tipo y gravedad sin que recibieran la debida asistencia.Algunos de ellos nos han informado que han negociado en no dar informacin de lo sucedido con personas de DDHH de la secretaria de Provincia y con el fiscal de la causa que se encuentra investigando lo ocurrido, para que no se realice trasladado.Lo que no se ha cumplido de la parte el Estado lo pactado conlas personas privadas de libertad, la que hoy se
encuentran preocupadas por su integridad fsica.
Ha trascendido que las mismas han sido confinadas en celdas de castigo denominadas buzones, esperando ser reubicadas segn las versiones oficiales, pero nuestra duda esta basada en el hecho de porqu se produce el vaciamiento selectivo de la unidad de Magdalena sino por otra razn que no sea la de ocultar la verdadera versin de los hechos, como hemos comprobado recientemente en otros casos de muertes dudosas (Caso FARIAS LOPEZ, VASCHEZ, JUREZ, AMARILLA, Y MUCHOS OTROS).
Nuestra Institucin es acompaada por un grupo de profesionales voluntarios/as pertenecientes a foros nacionales e internacionales quienes nos acompaan en nuestra lucha por producir cambios jurdicos fundamentales en la normativa penal vigente en nuestro pas y en la generacin de nuevas alternativas a las polticas que se aplican en el encierro, para una mejor vuelta a la sociedad de esa poblacin privada de libertad que nos ocupa.
Asumimos la responsabilidad y el compromiso para colaborar en la concrecin de vuestrosobjetivos y evitar la exclusin social bajo cualesquiera de sus formas.
Trabajamos en el trabajo de campo,para atenuar la violencia en la convivencia durante el encierro, y la disminucin de agresividad al volver a la sociedad mediante una mejora en la calidad del tiempo en encierro, la facilitacin del contacto con la sociedad, con su familia y el entorno social, dndole la tan mentada reinsercin social, la que nosotros/ as llamamos VUELTA A LA SOCIEDAD O POST MUROS. Ya que la rutina intra-muros cambia los hbitos y costumbres, logrando as la falta de orientacin al volver a la misma.
Pero SOMOS DISCRIMINADOS POR ALGUNOS SECTORES DEL GOBIERNO o POR INFORMAR LA FALENCIAS E IRREGULARIDADES QUE EL ESTADO REALIZA EN LOS LUGARES DE ENCIERRO Y POST ENCIERRO.
NOS PREOCUPA y OCUPA LA REALIDAD EN QUE SE ENCUENTRAN VIVIENDO LAS MUJERES Y HOMBRES DE LAS UNIDADES FEDERALES Y PROVINCIALES, solicitamos el seguimiento, la investigacin y LA INTERVENCIN DE ESTAS UNIDADES en conflicto, porque lo vivimos, porque vimos morir a compaeros / as, a parejas, porque vimos las coaccin del sistema ( SPF, judicial, abogados defensores y particulares).
Hace ocho aos empezamos esta lucha por los DERECHOS HUMANOS EN ENCIERRO he invitamos ver nuestra web de informacin y actividades realizadas hasta la fecha, WEB: www.grupodemujeres.org.ar
Lamentablemente tenemos que informas que hasta la fechas no han dado respuesta a:
1 La investigacin e informes sobre las muertesocurridas en situacin de encierro, desde 1983 a la fecha, caratuladas como MUERTES DUDOSAS, con el objeto de que no se sigan produciendo hechos contrarios a la leyy que nos avergenzana todos los argentinos, como este GENOCIDIO ENCUBIERTO DESDE EL
ESTADO Y LA JUSTICIA.
2 -La malversacin de los fondos destinados para la atencin de las personas en encierro y post encierro
3 La convocatoria institucional de la sociedad civil con reconocido trabajo en el contexto de encierro y post encierro, con el objeto de colaborar, intercambiar experiencias y aportar conocimiento para la generacin de nuevas polticas sobre la situacin de encierro y post encierro.
4 La ausencia de normativas y convenios que permitan a las ONG, la actuacin intramuros y postmuros en la proteccin de los derechos de las personas en encierro, mas all de las palabras en Suiza del Dr Rosatti. Sin esperar cambios y selecciones para este objetivo.
5 - Se realice una exhaustiva y pormenorizada investigacin sobre todas/os las/os funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y sistema judicial, quienes estn sospechados de alentar y realizar prcticas operativas violatorias de los Derechos Humanos Universales.
6 Dinamizar la participacin institucional, autorizando la realizacin de nuestros proyectos el cual adjuntados, para evitar la reincidencia y la violencia social, promoviendo la contencin social, la asistencia en salud, educacin y trabajo, y la vigencia y aplicacin de los Derechos Humanos Universales y Fundamentales.BibliotecasINTRAMUROS en Pabellones de los lugares de detencin.
7 Poder lograr cumplir los DECRETOS DE ATENCIN EN SALUD PARA DISCAPACITADOS / AS con respecto a las personas discapacitadas privadas de libertad, hoy no viven con dignidad intramuros, ya que no se cumplen los decretos realizados por el Ministerio de Salud, con respecto a esta situacin fsicas.
8 INTERVENCIN EN LA UNIDAD3 DE MUJERES, casi un 1 ao que no existe una atencin y seguimiento de condena acorde a LAS NORMAS INTERNAS Y DE DERECHOS HUMANOS desde las autoridades de esta Unidad. Personal, como se le ha comunicado en el da de ayer no queremos un CROMAON O UN MAGDALENA, pues las personas condenadas hoy se preguntan para que hacer conducta y preocuparse de la progresividad si las juntas y los puntajes son manejados a la coaccin de las autoridades de la Unidad ( Ejemplo: JULIA CHESIA RAMES). Pues FUERON DENUNCIADAS EN LA CIDHy en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el da 13 DE ABRIL del corriente ao, expediente NG 681/05 PVA Secretaria N 3 y en la COMISIN DE INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS WASHINGTON,PETICIN N 398-05 ABOGADA DE PARTE ELIZABETH ABI-MERSHED, MIRIAM Y OTRAS SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES MC- 155-05 en Argentina . Mujeres trasladadas compulsivamente, torturadas, coaccionadas, amenazadas, sancionadas injustificadamente, PAULA ALBANESE mujer embarazada hoy en libertad ha sido torturada en su
privacin de su libertad, y el grupo de mujeres como MIRIAM ROJAS, ELSA GONZALEZ CAMPOS, GLADIS CEDRON (perdi un embarazo causa Penal en Lomas de Zamora), NORMA RAQUEL MUSIN (coaccionada por las autoridades para que deje su denuncia), JULIA CHECTYA RAMES (perdi todo sus derechos despus de una falsa denuncia de la Jefa Marcela Sanchez y VELSQUEZ ALICIA), fueron en su momento trasladadas injustificadamente a la Unidad de La Pampa Unidad 13, por las autoridades que siguen en su funcionamiento publico, sin ninguna resolucin de:sancin al cargo, destitucin baja por estas violaciones a LOS DERECHOS HUMANOS JEFE DE SEGURIDAD INTERNA: SEOR SILVA, JEFA DE REA:SRA.MARCELA SNCHEZ, JEFA DE REA Y EN SU MOMENTO
JEFAREQUISA: ALEJANDRA VELSQUEZ.El caso de PAULA ALBANESE en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIN ARGENTINA, INTERPONIENDO ACCIN DE AMPARO el da15 de Junio del 2005, expediente NG 1332/05 PVA. CIDH PAULA ALBANESE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES MC- 132-05 en Argentina.
11 EN LA UNIDAD 3 EXISTEN MENORES GOLPEADAS, Y QUEBRADAS POR LA REQUISA, Mujeres menores que se encuentra hace meses en el Pabelln 14 de mxima seguridad, las que al salir a visita son desnudadas para su requisa en el pasillo general del ANEXO, por la JEFA MARCELA SANCHES, ( WENDI -- 18 AOS SIN VISITA - EN MAXIMA SEGURIDAD). Una sola Psiquiatra en la unidad 3, la que da medicacion a 300 internas las que la mayoria no atiende realizando informes no reales.
12 EN LA UNIDAD N 2 DE DEVOTO NUEVAMENTEMALAS CONDICIONES EN EL REA CRECIDA, la superpoblacin de ingreso, y mas all de los arreglos realizados despus de la presentacin de ABAS HBEAS, nuevamente se observa en las pares la Humedad.
Hoy por hoy el REAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO COACCIONAN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A TRAVS DE LAS JUNTAS DE CALIFICACIN, de puntajes injustosy sanciones injustificadas, mala alimentacin, lugares de alojamiento, falta de tratamiento y atencin mdica, refuerzos alimentarios,etc.
Jueces de la Nacin de Ejecucin Penal Federal N 3 (Axel Lopez interino) no dan respuesta a los reclamos de las personas en encierro desde los derechos humanos y hoy teniendo la responsabilidad de las vidas de las personas privadas de la libertad, no dan respuestas a las presentaciones de los mismos y desde esta ONGmediante el Instituto delAMICUS CUREA.(caso: TORRESmujer discapacidad por negligencia de las autoridades del SPF de la Unidad 3 despus de un coma de 15 das hoy una mujer se encuentra en silla de ruedas, el juez hasta la fecha no le ha
dado el derecho de arresto domiciliario o derechos a mejores condiciones, la mujer a presentado denuncia en nuestra institucin, caso de La Pampa Gladis Cedrn hoy ha perdido un embarazo en el que la causa se encuentra en un juzgado de Lomas de Zamora hasta la fecha este juez a puesto distintas excusas para que esta ONG pueda defender los derechos de las personas privadas de libertad que dependen del juzgado que preside), hasta la fecha, este juez interino, no ha dejado sacar copia de expedientes, mas alla de haber presentado copia de la carta donde la Comision a solicitado informacion, con respecto al caso de traslado compulsivo a La Pampa.
Nuestro ideal es implementar en Argentina desde este espacio en las Unidades Federales y Provinciales, mejoras en la educacin, programas de contencin y reduccin del ocio, prevencin sanitaria y trabajo para la vuelta a la sociedad para evitar la reincidencia y lograr su aval, que se cumplan los derechos de todas las personas privadas de la libertad, mas all de su orientacin sexual y/o de genero, e internacionalmente poder sumar a este cambio de polticas a otros pases y organizaciones que viven la misma realidad de encierro.
Lamentablemente algunos sectores del Gobierno siguen DISCRIMINANDO nuestro trabajo y nuestra experiencia emprica, para nuevas propuestas de REDUCCIN A LA DELINCUENCIA Y A LA REINCIDENCIA AL DELITO, pero si le dan lugar a sectores e Instituciones que solo realizan proyectos financiados internacionalmente y nacionales para cumplir los mismos y no una poltica real de atencin definitiva a nuestros / as pares.
ESTA REALIDAD NO TIENE TIEMPOS, NI GOBIERNOS, PUES SON CIUDADANOS PRIVADOS DE LIBERTAD POR CAUSA JUDICIAL, Y CREEMOS QUE NO SE DEBE ESPERAR MAS A REALES CAMBIOS Y MEJORAS EN EL SISTEMA INTRA-POSTMUROS.
Presentamos proyectos positivos para las personas privadas de la libertadBIBLIOTECAS INTRAMUROS Y AGENDA 2006 INTRA-POSTMUROS,DIARIO - SALSA VIDA Y SALUD, estos proyectos se Basan desde las
charlas que damos en distintas Unidad, nuestra experiencia emprica, nuestra preocupacin por nuestros/as pares, desde las entrevistas telefnicas, que tenemos con las personas privadas de la libertad y comunidad GLTTTB. Lamentablemente algunos Jueces Federales, esperan su aprobacin del Estado para poder darnos y dar a las personas VOLUNTARIAS / OS INTRAMUROS el derechos de salidas laborales y de contencin que realizamos conjuntamente con sus familiares.
Estos hechos puestos a su conocimiento ayudarn que no se siga realizando estas violaciones a los Derechos Humanos.
Pedimos la intervencin de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS para que sugiera al ESTADO ARGENTINO, que:
1 - NUESTRA ORGANIZACIN, pueda intervenir, controlar y verificar lo que el Estado, el Servicio Penitenciario, los jueces, los abogados defensores y particulares, y los Patronatos, desarrollan para las personas privadas de libertad.
2-Poder intervenir personalmente en contacto con la poblacin de encierro, los reclamos de los mismos, que nos hacen llegar desde los familiares, por telfono, y por otros compaeros / as privados de la libertad, pues el Estado Argentino no ha dado respuesta, a las presentaciones realizadas,a los proyectos, a la autorizacin al ingreso de las Unidades de encierro y a las denuncias comunicadas.
Atento a lo expuesto, seguimos esperando respuestas. Nos preocupa pues la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra preocupada por las situacin que viven las personas en encierro de la Argentina, solicitamos que se tenga en cuenta esta informacin para las conclusiones, sanciones, decisiones que sean tomadas para el Estado Argentino con respecto a la realidad de las personas privadas de libertad por una causa judicial, lamentablemente siertos sectores siguen realizando una conducta de degradacion y de marginacion a este grupo social que hasta la fecha no hay programa del Estado que contenga, pues solo
existe los patronatos de liberados, que no cumplen los objetivos basicos y fundamentales para los que fueron creados, esto es la ayuda de las personas que terminan con la situacion de encierro y se reintegran a la vida social como ciudadanos comunes...
... pues muchas vidas siguen estando en peligro, sin derechos y algunos muriendo atrs de los muros.
Sin mas que agregar, saluda a Ud. muy atte.
MARTHA MIRAVETE CICERO PRESIDENTA
ALEJANDRO BRACONI SECRETARIO
MOTIN EN LA CARCEL DE MAGDALENA Diputados bonaerenses quieren interpelar al Ministro de Justicia Lo anunci la presidente de la Comisin de Asuntos Penitenciarios, Marta Ferrara. Y aclar que tambin denunciarn al gobernador Felipe Sol por su presunta responsabilidad poltica en el hecho.
Marta Ferrara (Paufe), presidente de la Comisin de Asuntos Penitenciarios, anunci que la legislatura bonaerense impulsar el pedido de interpelacin contra el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y denunciarn al gobernador por su presunta responsabilidad poltica, en el trgico incendio en la Crcel de Magdalena que cobr la vida de 32 reclusos.
"Esto es el Cromagnon de la Provincia, porque podra haberse prevenido, pero la corrupcin es la madre de todo lo que est pasando", afirm la diputada Marta Ferrara (Paufe). Y seal que "el gobernador (Felipe Sol) es el responsable poltico por lo que ha sucedido y ha inclumplido con sus deberes de funcionario".
En declaraciones formuladas durante una conferencia de prensa y publicadas por el Diario Hoy, la legisladora record que "cuando se intervino el Servicio Penitenciario dijeron que se haca por corrupcin, y nunca hubo ms muertes como en este ao y medio".
Y agreg: "Cuando digo corrupcin, digo que se intervino todo, menos la Direccin de Administracin, donde se manejan los fondos millonarios que hacen al desempeo y actividad del Servicio Penitenciario. Sin embargo, hoy vemos crceles sin matafuegos y agua, por
ejemplo".
TRAGICO HISTORIAL DE CARCELES ARGENTINAS Motines con muertos: una tragedia cada vez ms frecuente Devoto 1978, con 60 muertos. Olmos 1990, con un saldo similar, y ahora Magdalena donde la historia se repite. Las muertes trgicas generadas por motines en crceles de Argentina, no es nueva.
Haciendo un historial de los hechos ocurridos en las unidades carcelarias podemos comenzar con el acaecido el 14 de marzo de 1978, en la crcel portea de Villa Devoto, murieron 60 internos y otros 85 resultaron heridos. Un grupo de presos del pabelln 7 trat de resistirse a una requisa, y fue reprimido por personal penitenciario con gases lacrimgenos. As los reclusos quemaron colchones y otras pertenencias para contrarrestar los gases y la mayora muri por asfixia o quemaduras.
En 1990, el 6 de mayo, en la crcel de Olmos, los internos alojados en el pabelln 7 de la unidad murieron asfixiados. Eran 35, y la tragedia ocurrida en ese entonces fue muy similar a la ocurrida en Magdalena. Aparentemente haba comenzado por una pelea entre presos.
En la misma crcel de Villa Devoto, el 23 de diciembre de 1959 murieron quemadas 14 personas, entre ellas
9 guardiacrceles.
Y en diciembre de 1962, tambin en esa unidad carcelaria, un grupo de presos amotinados mat con disparos en la nuca a nueve guardias a los que haban tomado como rehenes y los guardiacrceles dieron muerte a 15 detenidos.
Ocho das de presos amotinados vivi la crcel de Sierra Chica, en 1996. All un grupo denominado Los doce apstoles asesinaron a 8 internos, y segn versiones sus cuerpos fueron usados para elaborar comidas.
El motn de Magdalena, no es el nico acontecido este ao, ya que el 10 de febrero en la crcel de la ciudad de Crdoba, murieron cinco presos, dos guardias y un polica, y en abril, en la crcel de Coronda, Santa Fe, 14 detenidos fueron asesinados.
Elltimo fin de semana parece que la historia se repite, y habrs que encontrar responsables para que no vuelva a suceder.
LISTADOS DE FALLECIDOS
N
NOMBRE Y APELLIDO
1.
LOPEZ DEMUTH NESTOR JAVIER
2.
MOSQUEIRA LEDER ABRAHAN EBER
3.
AYALA FEIJO RUBEN GERARDO
4.
MERLO SEGUEZA RUBWN GERARDO
5.
PEROSA GONZALEZ DAVID ANGEL
6.
DEL VALLE GONZALEZ DIEGO MARTIN
7.
MAGALLANES VERON CESAR JAVIER
8.
CUEVAS MARTINEZ ARIEL GUSTAVO
9.
COHELO FERNNDEZ ROBERTO ALEJANDRO
10.
CAMARRA MUJICA JOSE ANGEL
11.
FARIAS CARVAJAL PABLO EZEQUIEL
12.
TUBIO SAGRATELA JUAN CARLOS
13.
MENDOA ABDALA JORGE OMAR
14.
VALLEJOS LUCHAS DANIEL
15.
CAMPOS BARRETO JUAN ARIEL
16.
VILA PORTILLO AGUSTN SEBASTIN
17.
ANTICAGLIA CEJAS CRISTIAN ADRIN
18.
CCERES FERNNDEZ JAVIER CRISTIAN
19.
GRANADOS BALDOVINO LUCHAS HERNAN
20.
PUCCIO CAMAO DARO BERNAB
21.
FERREIRA RODRGUEZ NICOLS AUGUSTO
22.
MEDRENO ROCHA LUIS PABLO
23.
PEREIRA ALLO ABEL OMAR
24.
TORRES PACHECO LUIS ALBERTO
25.
VERA MERGAREJO JORGE MARTIN
26.
MAGLIONI FARIAS EDUARDO GUILLERMO
27.
MOLAS SILVA DANIEL AIREL CAYETANO
28.
FRANCO ROJAS VICTOR ENRIQUE
29.
OLIVERA TORRES CARLOS ALBERTO
30.
GRANDOS BADOVINO MARCOS ELIO
31.
DIAZ NN EDUARDO IGNACIO
32.
GARRIZ MARTINEZ ANDRES GONZALO
33.
CRISTIAN REY GONZALEZ
LISTA DE PERSONAS INTERNADAS
N
NOMBRE Y APELLIDO
34.
OJEDA RECKE ARIEL EMILIANO
35.
AMARILLA LOPEZ DIEGO
36.
BLANCO RECALDE JUAN
LISTADOS DE TRASLADOS
N
NOMBRE Y APELLIDO
37.
GONZLEZ NEZ JOS ISABELINO
38.
RUSINOFF MITAS JUAN MANUEL
39.
GMEZ NN MIGUEL CARLOS
40.
HERRERA BATAGLIA CRISTINA O AQUINO
41.
VELSQUEZ PELEGRINI CARLOS AMRIA
42.
FLEYTAS DIAZ MARIO DANIEL
43.
ZELAYA BANEGAS RICARDO ANDRES
44.
CORBALAN ESCABACHE CLAUDIO FAUSTINO
45.
COMEZ GOMEZ O GOMEZ NN JAVIER RICARDO
46.
MATA PANIAGUA LEANDRO NICOLS
47.
DELTRAN NN WALTER HUGO
48.
MEDINA FARIAS EZEQUIEL DAVID
49.
BENITEZ ACUA JOS LUIS
50.
VEGA PONCE ROBERTO GUSTAVO
51.
QUINTEROS CAMPOS RAMN NGEL
52.
VOLANTE ROMERO ALBERTO PATRICIO
53.
CONTRERAS BORDON MARCELO DAVID
54.
PUNTA VIVIAN SERGIO EDUARDO
55.
ARRIETA ALFONSO MIGUEL ANGEL
56.
GOMEZ GOMEZ MIGUEL CEFERINO
57.
PERUGINI SORIA JULIO CESAR
58.
CASILLI RIOS LUCAS DAMIN
59.
MONZN NN ALBERTO DAVID
60.
LOVATO NN O LOVATO LOVATO JUAN PABLO
61.
VILLALBA GUTIRREZ CARLOS ALBERTO
62.
ROSALES CORTES DAVID CESAR
63.
MONTENEGRO VERON MAXIMILIANO O ROMERO
64.
JACOBSENMARTNEZ FABIN ORLANDO
65.
GONZLEZ NN JOS LUIS
66.
VALENZUELA NN ALEJANDRO
67.
CRAI PASQUIEVICHMAXIMILIANO NORBERTO
68.
GUEVARA PONCE HECTOR MARCELO
69.
MOLINA TORRES DIEGO ADRIAN
70.
SOBERON INTALLURA ESTEBAN RICARDO
71.
DEL GROSSO GMEZ MARCOS SEBASTIN
72.
GARCA MAIDANA MARCELO MARTN
73.
GONZLEZ GMEZ CRISTIAN MARCELO
74.
BUSTO GALNDEZ CLAUDIO ALEJANDRO
75.
LEGUIZAMON CARABAJAL FELIPE ARMANDO
76.
RAMREZ GONZALEZ LUIS ORLANDO
77.
MEDIN CALIGURI MAXIMILIANO HUGO
78.
NEZ GAMBOA MIGUEL OMAR
79.
GRILLO ANDRES JORGE SIXTO
80.
SEARA ALVEZ O ALVAREZ BRIAN ENRIQUE
81.
LUGONES VIALES WALTER MANUEL O CABRERA WALTER
82.
LONGO BUSTAANTE CRISTIAN DAVID
83.
HACHOUCHE RODRGUEZ MARCELO RAUL
84.
AVALOS GONZLEZ GUSTAVO RAMN
85.
CORIA DAZ JUAN CARLOS
86.
SAYAGO GOROSITO JOS EMILIANO
87.
DUCHASE ALMIRN JUAN ARIEL
88.
VIDAL FALCN MARTN ALEJANDO
89.
CASTRO MONTES JUAN JOS
90.
ACOSTA PERALTA MIGUEL NGEL
91.
VILLALBA NN MIGUEL NGEL
92.
OCARANZA NN JESS RAMN
93.
ACOSTA SOSA CARLOS ANTONIO
94.
LUGONES NN SANDRO ANTONIO
95.
MOYENTAL GONZLEZ MANUEL SALVADOR
96.
ZELAYA BANEGAS CARLOS RUBN
97.
MALDONADO BUERA OWEN MICHELLE
98.
BURGOS VZQUEZ GUSTAVO ARIEL
99.
LEIVA PEREZ SEBASTIN NGEL
100.
VILLAGRA RUBN ALBERTO O CELIA MUOZ
101.
ARAUJO BUSTAMANTE RUBN DARIO
102.
ARAYA GUZMN ROQUE HUMBERTO
103.
ROMERO FUENTES WALTER ABEL
104.
CANALE GONZLEZ JUAN OSCAR
105.
ROCA MEDINA JORGE ADRIN
106.
BORDA MONTERO FERNANDO GASTN
107.
BECERRA GONZLEZ EDUARDO OSVALDO
108.
MERCADO PETRAGLIA DIEGO ALBERTO
109.
RODRGUEZ RODRGUEZ HUGO CESAR
110.
GUTIRREZ VLEZ RAMN HORACIO
111.
CAMPOS BERNAL PABLO RAMN
112.
MARECO NN EDUARDO EZEQUIEL
113.
CARRIZO CASAS CLAUDIO DANIEL
114.
MALDONADO SNCHEZ SERGIO DAMIN
115.
LAZO ROJAS FABIN ALEJANDRO
116.
LUGONES NN ORLANDO EDUARDO
117.
PAZ SAUCEDO JORGE CLAUDIO
118.
TORRES ACOSTA JORGE ALBERTO
119.
OLIVERA RUIZ DAZ ISMAEL ALEJANDRO
120.
ROGOUSKI CCERES GUILLERMO EZEQUIEL
121.
IZQUIERDO NN JORGE LUIS
122.
IBARRA ACUA SERGIO DAMIN
123.
CANDIA AMBROSIO LUIS ALBERTO
124.
LPEZ LEAL HCTOR ALEJANDRO
125.
GONZLEZ LPEZ JAVIER ALEJANDRO
126.
DOMNGUEZ GOMEZ JULIO ERNESIO
127.
LOBOS PULLO CRISTIAN ALEJANDRO
128.
MACHADO FRAS DIEGO MAXIMILIANO
129.
ALMARAZ IBALEZ FLIX ARIEL
130.
PERERA MONTOYA PABLO JAVIER
131.
ALTAMIRANO LPEZ CLAUDIO ANDRS
132.
FLORENTIN MENA JUAN RAMN
133.
HERRERA REYES ALEJANDRO HUMBERTO
134.
PREZ NN WALTER FLAVIO
135.
FERREIRA ROMERO SERGIO JOS
136.
MONZN ALMEIDA ALBERTO MATAS
137.
DELLAVALLE DE LA CANAL JOAQUN ENRIQUE
138.
VILLADA AGERO JUAN MARCELO
139.
OCHOA GMEZ PEDRO ANDRS
140.
DAZ CAMPOS OSCAR SEBASTIN
141.
SNCHEZ RODRGUEZ JOS MARTN
142.
AGUIRRE PALMAS MAXIMILIANO SEBASTIN
143.
AGUIRRE PALMA HUMBERTO FERNANDO
144.
MOREYRA GONZLEZ ALEJANDRO MATAS
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
ALVES RODADO ARIEL ALBERTO
152.
BUSTAMANTE ROJAS JUAN ALBERTO
153.
BERNACHEA LESCANO FERNANDO EZEQUIEL
154.
GONZLEZ COLAZO NGEL ADRIN
155.
VALLEJOS SOSA GERMAN EDUARDO
156.
CAMELLI CASTRO CARLOS ARIEL
157.
MIO DO SANTOS ERNESTO RAMN
158.
QUINTANA RAMREZ NGEL EDUARDO
159.
ROJAS NEZ VIRGILIO RAMN
160.
CHAPARRO CABRAL EDGARDO DANIEL
161.
GONZALEZ GMEZ RECTOR OSCAR
162.
MARTNEZ QUIROGA OSCAR ARIO
163.
RAMREZ PALAVECINO CARLOS ALBERTO
164.
MONZN CORBALAN MAXIMILIANO
165.
LVAREZ MUOZ ROQUE ALEJANDRO
166.
USHER MANGUERE GUSTAVO JORGE
167.
BRANDAN VALDEZ JULIO CESAR
168.
QUINTANA CORREA FABIN EDUARDO
169.
FERNNDEZ NN SERGIO DAVID
170.
FAGUNDEZ FLORES CRISTIAN SEBASTIN
171.
CARDOZO SALINAS PABLO JAVIER
172.
ACUA DIAZ CORREA DIEGO GASTN
173.
CABALLERO SOSA GUSTAVO LEONARDO
174.
OSORES NN MAURICIO DAVID
175.
GUTIERREZ PONCE NORBERTO ARIEL
176.
GAMARRA ARISTEGUI JUAN SANTOS
177.
ARRIOLA MARTNEZ FABIO OSCAR
178.
PADILLA NNMIGUEL NGEL
179.
ESPNDOLA NN JORGE OMAR
180.
AMARILLA LPEZ DIEGO
181.
AGUIRRE ACOSTA MAXIMILIANO OSCAR
182.
AMADEO HERNNDEZ MARTN MARIANO DAVID
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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La Comisin de Justicia y Asuntos Penales del H. Senado de la Nacin y la Fundacin de Estudios para la Justicia FUNDEJUS Grupo de Mujeres de la Argentina - Foro de VIH Mujeres y Familia
Invitan a usted a participar en la Jornada sobre las condiciones requeridas por la Ley de Ejecucin Penal para disponer la detencin domiciliaria de las personas privadas de la libertad: a propsito del VIH/SIDA y otras enfermedades (Art. 33 Ley 24.660), el da 2 de Junio prximo en el saln Azul del Palacio del Congreso Nacional, auspiciada por ONUSIDA, con la coordinacin del Dr. Martn Vzquez Acua.
PROGRAMA
14.00 hs. APERTURA. A cargo del Presidente de la Comisin de justicia y Asuntos Penales, Senador Nacional Jorge A. Agundez, delVicepresidente de FUNDEJUS Dr. Alfredo J. Ruiz Paz y el Coordinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay Dr. Laurent Zessler.
14.30 hs. PANEL I Cuestiones de Poltica Criminal
* Senador Nacional Jorge A. Agundez
* Senadora Nacional Diana Conti
* Diputado Nacional Norberto H. Damiani
* Diputada Nacional Rosario Romero
* Subsecretario de Poltica Criminal Dr. Alejandro Slokar.
16.30 hs. PANEL II Aspectos Bioticos Relacionados con el EncierroDomiciliario.
* Medico Especialista en Infectologia, Dr. Arnaldo Casir
* Medico Especialista en Infectologia, Dr. Jorge Cueto (h)
* Profesor Francisco Maglio
* Profesor Salvador D. Bergel
18.00 hs. COFEE BREAK
18.30 hs. PANEL III Derecho a la Vida, la Integridad Fsica ySeguridad
* Procurador Penitenciario Dr. Francisco Mugnolo
* Criminlogo Dr. Elas Neuman
* Juez de Ejecucin Penal Dr. Axel Lopez
* Juez de Cmara Dr. Martn Vzquez Acua
20.00 hs. PANEL IVSituacin de las Personas Privadas de la Libertad con VIH/SIDA y otras Enfermedades
* Rodrigo Diego Borda (CELS)
* Martha Miravete Cicero (Org. Grupo de Mujeres Argentinas)
* Juan Carlos Sarmiento (FUNDESO)
* Adriana Van Kaull (Org. Maria de las Crceles).
21.30 hs. Cierre
MARTHA MIRAVETE CICERO ALEJANDRO BRACONI
GRUPO DE MUJERES DE LA AGENTINA FORO DE VIH MUJERES Y FAMILIA Derechos Humanos en Encierro - VIH/SIDA - GLTTB PIEDRAS 1174 PB E CP 1070 - CAPITAL FEDERAL - BS AS ARGENTINA web: www.grupodemujeres.org.ar TEL: 54-11-4362-6881 / FAX: 54-11- 4307-7448 E.MAIL: salsavidaysalud@... salsavidayslaud@...
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