Más
de una década después de la introducción comercial de cultivos y
alimentos genéticamente modificados (GM), o transgénicos, la
controversia que les rodea sólo parece crecer, como bien se ha
documentado en informes recientes del Programa de las Américas.1 ¿Cuales son los impactos ambientales y socioeconómicos de estos cultivos? ¿Son seguros para consumo?
Estas interrogantes son especialmente relevantes para América
Latina, pues es la región productora y exportadora de transgénicos más
grande del mundo después de Estados Unidos y Canadá.2
Argentina y Brasil son, respectivamente, el segundo y el tercer mayor
productor de cultivos transgénicos en el mundo, Paraguay es séptimo y
Uruguay noveno. Argentina sola es responsable de 19% del área sembrada
de transgénicos del mundo.
¿Qué herramientas metodológicas existen para evaluar los riesgos de
esta nueva tecnología? Tales métodos, procedimientos y líneas de
investigación han sido gradualmente desarrollados a lo largo de las
últimas dos décadas y son colectivamente conocidos como "bioseguridad".
La bioseguridad es un nuevo y creciente campo dedicado
específicamente a atender las preocupaciones en torno a la seguridad e
inocuidad de la ingeniería genética y los organismos transgénicos.
Reconoce que los organismos transgénicos son esencialmente distintos de
sus contrapartes no transgénicos y que por lo tanto presentan riesgos
únicos y sin precedentes que requieren de una evaluación de riesgo
apropiada.
Estas preocupaciones son atendidas a nivel internacional por el
Protocolo de Bioseguridad de las Naciones Unidas, conocido también como
el Protocolo de Cartagena.3
"Por primera vez en el derecho internacional hay un reconocimiento
implícito de que los organismos genéticamente modificados (OGM) son
inherentemente distintos de los organismos de origen natural, y traen
riesgos y peligros especiales, y por lo tanto necesitan tener un
instrumento legal con fuerza de ley", dice Lim Li Lin, coordinadora del
Programa de Bioseguridad de la Red del Tercer Mundo.4
"El Protocolo reconoce que los OGM pueden tener impactos sobre la
biodiversidad, la salud humana y de índole socioeconómica, y que estos
impactos deben ser objeto de evaluaciones de riesgo o tomados en
consideración a la hora de tomar decisiones sobre transgénicos."
El Protocolo, firmado por 147 países para el verano de 2008, fue
adoptado en 2000 tras años de contenciosas negociaciones y entró en
vigor en septiembre de 2003.5
Su ratificación fue lograda gracias a los esfuerzos de las delegaciones
de países en vías de desarrollo, organizadas como el "Grupo de Igual
Parecer".
En el bando opuesto, las delegaciones de países que no querían un
protocolo con fuerza de ley y que eran hostiles incluso al concepto
mismo de bioseguridad, estaba el "Grupo de Miami". Este pequeño pero
poderoso grupo fue dirigido por Estados Unidos e incluyó a Argentina,
Chile y Uruguay. Ninguno de los miembros del Grupo de Miami ha firmado
el Protocolo.6
Para firmar el Protocolo los países deben también ser miembros de la
Convención de Biodiversidad de la ONU (CBD), un acuerdo internacional
para la protección y uso sustentable de la biodiversidad firmado por
191 países para el verano de 2008.7
La Convención fue firmada inicialmente en la Conferencia de la ONU
sobre Ambiente y Desarrollo, conocida también como la Cumbre de la
Tierra, que tomó lugar en Brasil en 1992. Estados Unidos se negó a
firmar la CBD y el Protocolo, pero un número de productores de
transgénicos lo firmaron, incluyendo Brasil.8
El Protocolo se negocia regularmente en sesiones conocidas como las
reuniones de las partes (MOP, por sus siglas en inglés). Las MOP toman
lugar justo antes de la reunión bi-anual de la CBD, conocida como la
Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), por lo cual
se les conoce conjuntamente como las COP-MOP. Las últimas reuniones
COP-MOP tomaron lugar en Curitiba, Brasil (2006), y Bonn, Alemania
(2008). La próxima será en Nagoya, Japón, en 2010.
El Protocolo y el campo de la bioseguridad se fundamentan sobre el
principio precautorio, un concepto científico formulado para ayudar con
la protección de la salud humana y el ambiente ante factores de riesgo
e incertidumbre. El principio postula que cuando la sociedad balancea
riesgos causados por actividades humanas (como por ejemplo la
introducción de nuevas tecnologías), la falta de certeza científica no
deberá ser usada como excusa para no tomar acción preventiva para
proteger la salud humana y el ambiente.9 Hay referencias al principio en el Artículo 1 del Protocolo y en el Principio 15 de la Declaración de Río,10 un documento de consenso producido en la Cumbre de la Tierra.
El principio precautorio pone el peso de la duda en los promotores
de nuevas tecnologías y no sobre aquellos que expresan reservas y
advierten sobre peligros. "En el uso general de la tecnología, aquellos
que alegan la existencia de efectos no probados se han visto obligados
a demostrar que la actividad en cuestión causa daño a la salud y el
ambiente", dice Anne Ingeborg Myhr, del Instituto de Ecología Genética
de Noruega.11
"Con el empleo del principio precautorio, la carga de la prueba se
traslada al proponente, que ahora necesita demostrar que la actividad
es necesaria y que no perjudicará la salud o el ambiente. Esto se
refleja en el Protocolo de Cartagena."
Sin embargo, ni en la Declaración de Río ni en el Protocolo se
mencionan las palabras "principio precautorio". En ambas instancias la
delegación estadounidense y sus aliados (en el caso del Protocolo, el
Grupo Miami) lograron exitosamente impedir que se mencionara y que se
sustituyera por el ambiguo término "acercamiento precautorio".
Es por esto que el Principio 15 de la Declaración de Río dice: "Con
el fin de proteger el ambiente, el acercamiento precautorio será
ampliamente aplicado por los estados de acuerdo a sus capacidades.
Donde hay amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de
completa certeza científica no será usada como razón para posponer
medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental."
Además, el Grupo Miami pudo eliminar cualquier referencia a
organismos genéticamente modificados y sustituirlas con el ambivalente
término "organismos vivos modificados."
Los transgénicos, ¿Son seguros o no?
A pesar de las aseguranzas de la industria de biotecnología y la
Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por
sus siglas en inglés), hasta el día de hoy no se ha demostrado que los
alimentos GM sean seguros. La FDA no realiza sus propios estudios sobre
productos transgénicos. Lo único que hace es aceptar estudios hechos
por las compañías de biotecnología sobre sus productos GM. La mayoría
de estos estudios son información confidencial empresarial, y por lo
tanto no están sujetos a escrutinio público.
"El consultar la FDA sobre la seguridad de alimentos transgénicos es
un ejercicio puramente voluntario, en el que la agencia recibe
resúmenes sin datos y conclusiones sin fundamento", dice el
investigador Jeffrey Smith en su excelente libro Genetic Roulette
(Ruleta Genética). "Si la compañía alega que sus alimentos son seguros,
la FDA no tiene más preguntas. Por lo tanto, se aprueban para venta
variedades transgénicas que nunca fueron alimentadas a animales en
estudios de seguridad rigurosos y probablemente nunca a humanos
tampoco."
La FDA "depende casi totalmente de la notificación voluntaria de las
compañías de biotecnología de que llevaron a cabo su propia evaluación
de seguridad de los cultivos GM que quieren difundir comercialmente",
según los científicos húngaros Arpad Pusztai y Susan Bardocz. "La FDA
no tiene laboratorio propio y nunca subvenciona la seguridad de
cultivos y alimentos transgénicos".
La agencia llevó a cabo sus propias pruebas sobre alimentos GM sólo
una vez. Los documentos ahora desclasificados de esta investigación
muestran que los científicos de la agencia estaban divididos en cuanto
a la seguridad de estos productos y que algunos de ellos abiertamente
expresaban reservas acerca de ellos. Sin embargo la FDA aprobó los
alimentos transgénicos para uso de consumidores.
La literatura científica publicada sobre las implicaciones de salud
humana de alimentos GM consiste de apenas más de 20 estudios, un número
alarmantemente bajo. En un estudio publicado en Nutrition and Health,
I.F. Pryme y R. Lembcke observan que los estudios sobre alimentos
transgénicos que no son financiados por la industria tienden a
encontrar problemas con serias implicaciones para la salud humana,
mientras que los que son financiados por la industria nunca encuentran
ningún problema. Un informe de William Freese y David Schubert titulado
"Safety Testing and Regulation of Genetically Engineered Foods"
(Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 2004) concluye que el
proceso de evaluación de alimentos GM en Estados Unidos no es efectivo,
ya que se basa en investigación pobre y premisas erróneas.
Las pocas instancias en las que pruebas de seguridad realizadas por
la industria han salido a la luz pública han dado bastante razón para
uno preocuparse. Un informe interno de Monsanto filtrado en 2005 reveló
que ratas alimentadas con su maíz transgénico Mon 863 tuvieron
problemas de salud significativos, incluyendo conteos de células
blancas sanguíneas anormalmente altos, necrosis del hígado, reducción
en el peso de los riñones y altos niveles de azúcar en la sangre.
El tema de la ingeniería genética se complica más aún debido a que
sus productos son organismos vivos, que pueden—a diferencia de los
productos de otras tecnologías—reproducirse y esparcirse. Este proceso
se conoce como contaminación genética. En las palabras de la bióloga
agrícola suiza Angelika Hilbeck, "la difusión de organismos biológicos
capaces de reproducción es potencialmente irreversible y añade una
dimensión de complejidad a introducciones tecnológicas previas."
El GMO Contamination Register, un servicio informativo establecido
por Greenpeace Internacional y Genewatch UK, ha reportado 142
instancias de contaminación genética alrededor del mundo desde 1996.
Brasil es uno de nueve países que ha reportado más de cinco incidentes
de contaminación.
La presencia furtiva de maíz transgénico en México, donde está
prohibido por ley, fue reportada por primera vez por los científicos de
la Universidad de California Ignacio Chapela y David Quist en la
revista Nature en 2001. Científicos y institutos pro-industria
llevaron a cabo una campaña de gran envergadura para desacreditar los
hallazgos de Chapela y Quist, pero en 2002 un estudio comisionado por
el gobierno mexicano encontró que 95% de los campos de maíz en los
estados de Oaxaca y Puebla tenían contaminación genética.
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El preámbulo del Protocolo dice: "En concordancia con el
acercamiento precautorio contenido en el Principio 15 de la Declaración
de Río sobre Ambiente y Desarrollo, el objetivo de este Protocolo es
contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección en el ámbito de
la transferencia, manejo y uso seguros de organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos
adversos sobre la conservación y uso sustentable de la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta riesgos a la salud humana y
específicamente enfatizando los movimientos transfronterizos."
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